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La Comisión Presidencial contra la Corrupción

RAUL FALLA

Kidon

El sistema republicano de gobierno se caracteriza, por la división y no subordinación de poderes, a efecto de que las instituciones públicas realicen las funciones asignadas en la Constitución y la ley, de manera objetiva e imparcial.

Es por ello, que la norma fundamental y suprema de la nación regula el campo de actuación de todas las instituciones del Estado, así como de los funcionarios que las componen, para evitar los abusos de poder, la usurpación o duplicidad de funciones, las investigaciones clandestinas en contra de rivales políticos o ideológicos, o las complacientes con quien ejerce el poder, sus amigos o familiares.

En materia de persecución penal, el artículo 251 de la Constitución Política de la República, establece de forma clara y precisa que el monopolio de la investigación corresponde al Ministerio Público, único ente encargado de ejercer la acción penal, derivada de la comisión de algún hecho delictivo, incluidos los de corrupción y conexos con estos.

El espíritu de ese fundamento constitucional radica, por un lado, en preservar el respeto a las garantías procesales de inocencia, legitima defensa y debido proceso, y por el otro, dotar de la autonomía y especialidad necesaria los actos de investigación, con el único propósito de garantizar la certeza jurídica, pilar fundamental del Estado de derecho.

Hago referencia a ello, pues a solo meses de habernos librado de una Comisión que se caracterizó por realizar investigaciones ilegales, compra de testigos y colaboradores falaces, manipuleo de evidencias, incriminación a inocentes, encarcelamiento perpetúo e incluso el asesinato a ciudadanos, el gobierno del doctor Alejandro Giammattei, víctima de esa persecución ilegal, lanza el acuerdo gubernativo número 28-20, por virtud del cual se creó una nueva comisión de investigación, cuyas funciones y asignación presupuestaria violentan el ordenamiento jurídico del país, al someter la investigación penal a una entidad sin legitimación constitucional.

Basta solo con leer el citado acuerdo, para poder establecer que su ámbito de aplicación gravita fuera de la esfera constitucional, al designar a dedo como director, a un segundo Fiscal General que a la vez es un Procurador General de la Nación, poniendo así en grave riesgo la investigación de diversos hechos delictivos; por lo qué como abogado, me resulta difícil entender, como los asesores jurídicos del presidente, permitieron tan garrafal disposición. La única explicación ante esta ilegalidad podría ser, que el mandatario pretendiera usar la citada Comisión con el único propósito de perseguir y criminalizar a sus opositores o a los de sus financistas, dejar impunes los hechos delictivos relacionados con su administración o en su caso, aprovechar de forma ilícita el presupuesto asignado a la misma.

Si tanto interés tiene en combatir la criminalidad, pues que ponga a trabajar al abogado del Estado, es decir el Procurador General de la Nación, para que cumpliendo su labor de fiscalización proceda a denunciar ante el Ministerio Público, todos los casos de corrupción que afectaron gravemente al país, empezando con el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval Alfaro, responsable de haber condonado de forma ilegal más de cuatrocientos millones de dólares en perjuicio del Estado.

Recuerde, los funcionarios públicos únicamente pueden hacer lo que la ley permite, y en ese sentido deberá de tener presente que los que hoy lo alientan a llevar a cabo esa ilegalidad, serán los mismos que mañana pedirán su cabeza ante esa comisión.

Por ahora, en cumplimiento de lo que para el efecto establecen los artículos 44, 175 y 204 de la Constitución Política de la República, tocará presentar las acciones jurídicas pertinentes en contra del acuerdo gubernativo emitido, a efecto de que sea declarado nulo, por adolecer de inconstitucionalidad general total, al tergiversar el principio de supremacía constitucional.

 “Ninguna ley podrá contrariar las disposiciones de la Constitución. Las leyes que violen o tergiversen los mandatos constitucionales son nulas ipso jure”. Artículo 175 de la Constitución.

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