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Política fiscal en nombre del Desarrollo Social

Crisol Literario

Tres principales funciones de todo Estado son: capacidad de recaudación tributaria, administración de los recursos y ejecución presupuestaria (Pablo Orozco Fuentes y Samuel C. Klarks. Sección Galileo-Mides).

Dentro del marco de las dificultades socioeconómicas del país, la crisis fiscal constituye sin duda el desequilibrio más apremiante que debe afrontar el Estado como primera acción para el fortalecimiento y consolidación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Nación. En la mayoría de los países, especialmente en los industrializados, un indicador de la evolución de las políticas públicas en la vida económica y social de las poblaciones, consiste en examinar la importancia adquirida en la recaudación del conjunto de tributos e impuestos; y otros gravámenes, en la participación del ingreso nacional. O, lo mismo: ¿Cuánto del ingreso nacional se dedica a los impuestos y al gasto público y a otras transferencias de inversión social?  A decir del economista francés Thomas Pikkety; autor del Best Seller, El Capital en el Siglo XXI: “Cada Estado debe buscar la forma más sana, eficiente y racional de llevar el desarrollo social a su población; o el pasado, asolará el futuro intergeneracional de su gente”.

Visto esto, podemos decir que desde la perspectiva de toda economía nacional, los dos problemas centrales son: el desempleo y la inflación: 1. Inflación correspondida a la Demanda Global de bienes y servicios y, 2. Inflación por el aumento de costos de producción de las empresas ocasionada por el alza de los precios de los insumos para la producción.  Esta inflación encuadra dentro del campo de la economía de los intangibles; y es el sistema empresarial, el sector ideal para manejar esta situación.  Sin embargo, cuando la inflación es producto de una demanda global de bienes y servicios del Estado;  el control principal queda en manos de los Bancos Centrales, de las agencias de Administración Tributaria y de los ministerios de Hacienda o Finanzas Públicas quienes tienen a su cargo el manejo de las principales variables macroeconómicas: tipo de Cambio de la Moneda, Gasto Público -por la vía de los Presupuestos Generales del Estado-, Impuestos Tributarios y tipos de Interés Bancario.

Es importante mencionar que desde La Demanda General -Keynesiana-, tanto la inflación como el desempleo, son dos variables antinómicas (que no se suceden simultáneamente). Por tanto, el Estado por la vía del gobierno (instituciones citadas arriba) debe salvaguardar una buena administración de la ecuación general de Demanda Agregada. Esto sería, conservar un buen manejo de la deuda pública, que no exceda un umbral alto (35-45%) del PIB; así como un déficit fiscal mesurado no mayor del 3 al 5 por ciento, respecto del mismo PIB. Todo esto debe estar en consonancia con el desarrollo económico; bien sea, si el Estado decide ir por una política económica expansiva (en caso de altas tasas de desempleo).  O, por el contrario, en la senda de una política económica restrictiva en caso de altas tasas de inflación. A buena fortuna, en estos momentos, la doble inyección conjunta de desaceleración en el crecimiento económico por un lado y altos niveles de inflación por el otro lado (ambas = estanflación) están lejos de la macroeconomía nacional.  

Una vez determinada la política macroeconómica -expansiva o restrictiva-. El Estado debe inmediato hacer los ajustes microeconómicos: estabilidad de precios de la canasta básica; creación de fuentes de trabajo local mediante el fortalecimiento de Mipymes; impulso a la agricultura familiar; turismo ecológico a lo largo de la Riviera Maya y el fomento de las artesanías en  el  marco de nuestra identidad etnocultural. Estas variables de desarrollo son fuente importante de riqueza nacional, que no hemos sabido aprovechar en el despegue del Desarrollo Económico Local -DEL-, no obstante la abundante riqueza natural guardada en la regiones hidrográficas (cuencas y microcuencas) del país.

Indicar, finalmente, que esta breve introducción -o preludio- al fomento de la cultura tributaria ha sido inspirada en el principio de Capacidad de Pago determinado en el artículo 243 de la Constitución Política de Guatemala instituyendo que el Sistema Tributario debe ser justo y equitativo.  La gran disyuntiva de la que adolece la política en Guatemala es la no comprensión de la importancia del cambio de modelos antiguos que han dejado de responder a las necesidades y exigencias del presente Siglo 21,  por modelos dinámicos exitosos en otras latitudes centradas en el desarrollo humano y cuyo principal postulado económico es: Que…, “Para distribuir riqueza…,  primero… hay que generarla;  al tiempo, que debe fortalecerse el Estado mediante El Tributo, para que con reglas claras, transparentes y efectivas se interceda en el desarrollo socioeconómico y ambiental de los pueblos”, lo cual calza perfecto en lo normado por el artículo 118 de la Constitución Política de Guatemala al indicar que el régimen económico y social tiene su principal fundamento en el potencial humano y en los recursos naturales para incrementar la riqueza del territorio y la equitativa distribución del ingreso nacional.

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