El magistrado de la impunidad
Kidon
La Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de Guatemala, tiene a su cargo el conocimiento de los recursos de apelación y apelación especial, así como el trámite y resolución de amparos, incidentes de recusación y recursos de queja que se tramiten en contra de los jueces de primera instancia de su jurisdicción.
Como órgano colegiado de alzada, se supone que las resoluciones que emite con ocasión de su cargo revisten de la solemnidad y especialidad necesaria, para alcanzar la certeza jurídica y la paz social, y así, evitar que las mismas sean dictadas mediante sobornos, manipulaciones o favoritismos ideológicos que lesionen los principios de independencia judicial, objetividad e imparcialidad.
Sin embargo, las últimas actuaciones de esta sala penal, y en especial de su presidente el magistrado Néctor Guilebaldo De León Ramírez, dejan mucho que desear, pues, al parecer a ese magistrado le importa más quedar bien con ciertos compadres políticos, litigantes maliciosos o aliados del crimen organizado, que puedan darle un buen rédito, que la búsqueda de la justicia.
Es que, los fallos emitidos por este obscuro personaje van desde liberar de todo cargo a políticos de la talla de Orlando Blanco Lapola, a quien el año pasado benefició cerrando el proceso penal tramitado en su contra por el delito de financiamiento electoral ilícito, cuando fungió como secretario general de esa agrupación política, hasta favorecer a estructuras criminales de extorsionistas y sicarios.
No es un secreto, como este magistrado en el año 2018, emitió un fallo por virtud del cual ordenó la liberación de un grupo delictivo de narcotraficantes capturado en jurisdicción del municipio de Amatitlán cuando efectuaban una transacción ilegal, basando su resolución en que la PNC, utilizó violencia excesiva en contra de los delincuentes, y por ello, me llegó información de que su visa de los Estados Unidos de América había sido revocada recientemente.
Su vinculación directa con la extinta CICIG y la anterior administración del Ministerio Público, obedece a que, debido a su historial de sobornos y malas prácticas judiciales, rápidamente fue reclutado y puesto al servicio de esta agrupación internacional, para desde allí, resolver a su sabor y antojo, cuanta diligencia judicial le fuera presentada a esa Sala.
Y que decir del último fallo emitido, donde violentando la Constitución y en especial los principios procesales del juez natural e independencia judicial, ordenó que el caso Odebrecht, tramitado en contra del sindicado Juan Francisco Sandoval Alfaro, por la estafa más grande que se ha consumado en contra del Estado, fuera asignado a un juzgado distinto al que lo tramitaba, con el único objeto de garantizar impunidad para Sandoval.
Su íntima relación con la Fundación Myrna Mack, se remonta a la época en que Néctor Guilebado, fungió como agente fiscal en el Ministerio Público, donde de manera dolosa se dedicó a tramitar una serie de procesos de investigación en favor de esa entidad, algunos de ellos en contra de nuestros veteranos de guerra, lo cual le garantizó por un lado impunidad, premios, condecoraciones y cursos, y por el otro, la asunción a una magistratura.
Si el compromiso nacional es luchar en contra de la corrupción e impunidad, debemos empezar con limpiar las cortes, de jueces y magistrados proclives al soborno, a las presiones nacionales o internacionales, a las complacencias, o al litigio malicioso.
Por ello, no es comprensible como este individuo que ha causado tanto daño a la institucionalidad, pretenda una vez más postularse como magistrado de la corte de apelaciones, por lo cual, la ciudadanía honorable debe exigir al Congreso de la República, que garantice un Organismo Judicial eficiente, designando solamente aquellos abogados que garanticen respeto absoluto a la Constitución y la ley, a la soberanía y por supuesto a la independencia judicial, evitando por completo, el nombramiento de magistrados plegados a intereses de la ex CICIG y la FECI, así como de falsos defensores de derechos humanos, activistas de la supuesta sociedad civil y grupos de conflictividad social.
De no hacerlo, los diputados al Congreso de la República serán los únicos responsables de la debacle del sistema de justicia del país, y el pueblo no lo perdonará.
Así como luchamos para expulsar a la extinta CICIG y a su comisionado, por tergiversar la ley en contra del Estado y sus habitantes, que nos les quede la menor duda que de la misma manera, utilizaremos todos los mecanismos legales necesarios para procesar y encarcelar a Juan Francisco Sandoval Alfaro por muchos años.
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