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¿Hasta dónde hemos caído?

Barataria

La seguridad es una necesidad fundamental de los seres humanos que desde tiempos inmemoriales la buscaron para poder desarrollarse plenamente. Así desde tiempos de las primitivas comunidades, los seres humanos fueron disponiendo reglas que debían de respetarse tanto en la división del trabajo dentro de ella como en las incipientes normas morales que se imponían.  De tal manera que los Estados modernos se fueron desarrollando bajo la consideración fundamental de que ante todo, las normas debían ser interpretadas correctamente, aplicadas eficientemente y sin ningún margen discrecional, es decir bajo el pilar de la seguridad jurídica.

Puesto que la aplicación de las leyes depende de órganos jurisdiccionales del poder público, la seguridad jurídica es la garantía de que estas normas se van a aplicar alejadas de criterios discrecionales que puedan dar lugar a que la utilización de las normas jurídicas se “vendan al mejor postor”. Se han dado variados casos que incluso las normas constitucionales que representan la legitimación del poder público en las relaciones de poder y derecho resultan vulneradas, ignoradas e incluso transgredidas, de tal forma que aún el pacto social que instituye el Estado mismo no ha sido respetado como es debido.

En efecto, de unos años acá hemos sido testigos presenciales de muchas decisiones administrativas y judiciales que han sido sumamente discrecionales y que han permeado la seguridad jurídica.  De suerte que ya no estamos seguros de lo que podrá acontecer el día de mañana con la decisión a sabor y antojo de los funcionarios públicos.  En países como Nicaragua que desde el 2006 se fraguó una serie de resoluciones judiciales que discrecionalmente dieron a Daniel Ortega y Rosario Murillo el control del gobierno hasta el día de hoy y continúan en el mismo; así como en Honduras en donde una resolución de la Sala Jurisdiccional de la Corte Suprema de aquel país permitió la reelección de Juan Orlando Hernández que, visto en la actualidad tiene a su hermano vinculado íntimamente con el narcotráfico y por lo que se ve aún no se avisora un retorno a la verdadera democracia en ese país. Así podemos seguir mencionando otros países en donde el juego político, el manoseo de la Constitución y la legitimidad de las instituciones han llevado a debilitar y si acaso resquebrajar la democracia.

En Guatemala hemos caído en una crisis en la seguridad jurídica provocada por decisiones judiciales y administrativas que en realidad no se han fundado en ley, sino que han sido discrecionales, algunas de ellas motivadas por intereses aviesos.  Dejando de un lado las discusiones ideológicas y sobre todo resoluciones de algunos órganos jurisdiccionales debido a que las mismas, más que ventilarlas por los medios de comunicación debieran ser impugnadas mediante los recursos que contienen las leyes de la materia.  Quiero más bien mencionar la actuación de algunas instituciones que se han prestado a promover esta inseguridad jurídica.  En efecto, en las pasadas elecciones el Tribunal Supremo Electoral jugó un papel desastroso en donde en lugar de ser un árbitro se dedicó a descartar candidatos a la presidencia hasta llevar a los guatemaltecos a elegir, no entre la oferta electoral original sino entre los que ellos dejaron para elegir.  Esta actuación del Tribunal Electoral aunado a otras muchas inconsistencias permeó el principio de seguridad jurídica y ha dejado en entredicho a una institución que gozó de prestigio durante muchos años, sin embargo, la cosa no ha quedado allí sino que, aún hoy en día el cuestionado Director del Registro de Ciudadanos sigue haciendo de las suyas a ciencia y paciencia de los Magistrados Electorales sin que estos se interesen en ello.

Aunado a ello la Corte de Constitucionalidad ha emitido una serie de resoluciones en los últimos años que en realidad han vulnerado de manera clara y abierta la misma Constitución Política de la República.  Resoluciones, que cuestionaron el sistema presidencial guatemalteco, la legitimidad del Congreso de conocer, discutir y aprobar iniciativas de ley pese a que efectivamente la Constitución le asigna esa facultad constitucional, además de la última resolución que limita otra facultad constitucional al Congreso de elegir Magistrados prolongando por más tiempo la ilegitimidad de los actuales Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de Salas de Apelaciones cuyo periodo constitucional venció desde octubre del año recién pasado.  Cierto es que el Congreso ha sido una institución cuestionada en los últimos treinta años, sin embargo la Constitución le otorga tales facultades.  Entonces, ante resoluciones por demás cuestionadas pero lo que es aún peor decisiones que vulneran cualquier seguridad jurídica que exista, ya que algunos hasta se animan a predecir que la resolución de la Corte de Constitucionalidad podría ir en sentido de anular todo el proceso realizado por las comisiones de postulación y ante esta situación ya no hay ninguna seguridad jurídica en este país en donde cualquier cosa puede suceder porque estamos en manos de Magistrados que deciden con criterios que cada vez más se alejan del precepto constitucional.

Cabe preguntarse ¿Se ha agotado el sistema? ¿Hasta dónde hemos llegado? Existen una suerte de cuestionamientos a las normas jurídicas cuando las mismas no se ajuntan a intereses legítimos o perversos o bien porque las personas que esperamos que lleguen a cargos de elección popular o designación no son las que se hubieren querido.  El problema es que para eso existe el marco jurídico y legal existente, si no nos parece el mismo habrá que promover y exigir una reforma constitucional, porque si vamos a poner nuestros intereses por muy bien intencionados que sean sobre la norma jurídica lo más probable es que terminemos como otros países permitiendo una vulneración al orden constitucional que más adelante vamos a lamentar.  No se puede permitir seguir aplaudiendo actuaciones ilegítimas y alejadas de la ley de los gobernantes, funcionarios o instituciones, pero que nos resultan cómodas por conveniencia pueda ser lo más sano para cualquier democracia en el mundo, puesto que aún dictaduras como las de Nicaragua y Honduras han surgido del consentimiento de hechos ilegítimos que se alejaron de la ley pero que al parecer tenían aceptación de algún grupo de la sociedad y que después se ha visto las graves consecuencias.

TEXTO PARA COLUMNISTA

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