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Política fiscal en tiempos de Covid-19

Crisol Literario

“La economía hay que ponerla al servicio de la población. Las cifras podrán decir muchas cosas, pero el ciudadano de a pie cuando tiene que llevar a fin de mes el dinero a su casa simplemente no le alcanza. Tenemos que creer menos en los números y ver más a las personas. De muy poco sirve que la macroeconomía esté bien si eso no se refleja en el bienestar de los ciudadanos; por ello, se debe poner la economía al servicios de los seres humanos”, Carlos Parodi Trece, doctor en economía y profesor de la universidad del Pacífico de Perú. Autor de varios libros, entre ellos: “Historia Económica del Perú entre 1960 y el 2000”. Entrevista en cadena televisiva peruana.

La economía guatemalteca nunca ha estado tan fuerte como lo merece y necesita su población. La presencia del Covid-19 revela y devela esta realidad. Por fortuna, el gobierno está enfrentando la crisis con medidas profilácticas que buscan reducir la velocidad de propagación del virus; incluso, minimizar su virulencia. Esto, unido a la excelente actitud colaborativa de la población guatemalteca como lo demuestra la encuesta realizada por la firma CID Gallup Guatemala corrida del 16 al 19 de marzo, 2020. A la pregunta: ¿Ha tomado medida contra el Coronavirus? El 93% de los participantes menciona que ha tomado alguna medida para evitar el contagio de Covid-19. Mientras que el 45% de las personas encuestadas dijo sobrevivir económicamente menos de tres semanas antes que se vea en serios problemas financieros.

El otro puntal que desdice del sistema económico-financiero ha sido la presión por la demanda excesiva de dólares que ha movido el tipo de cambio hacia el alza (fortaleza del dólar frente al quetzal) circunstancia que ha obligado al Banco Central -Banguat- salir al rescate del tipo de cambio (vendiendo dólares) para estabilizarlo en función de su métrica de política monetaria, cambiaria y crediticia. Se puede observar una débil fortaleza psicológica traducida en falta de confianza de parte del inversor en el sistema económico-financiero de su país.

Desde luego, el inversionista está en todo derecho de poner sus recursos en una cuenta u otra y en una moneda u otra; pero, esta crisis humanitaria mundial y nacional ocasionada por Covid-19 exige de los conciudadanos invertir las energías en la solución de la crisis para bajar (achatar) la curva de celeridad virulenta de Covid-19, evitando un masivo contagio. Hay países que descuidaron este aspecto y las cifras son alarmantes. El gobierno, con el conjunto de medidas sanitarias y restricciones, está adelantándose a la exposición de contagio exponencial; entonces, agregado a que la población está en alta colaboración sería de gran aporte social que el sistema de oferta monetaria y la política fiscal (las dos grandes fortalezas de la economía de todo país) se pongan a favor del ciudadano de a pie; incluso, de la economía informal, tal como lo sugiere el profesor Carlos Parodi Trece de la universidad del Pacifico de Perú. Dicho sea de paso, en Perú una de las medidas a implementar es apoyar al vendedor informal (el de la carreta de helados o frutas) con la mitad del salario mínimo para mitigar el impacto de la pandemia en la economía, mientras dure la crisis (https://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/2020/03/22/analizan-pagar-el-50-del-sueldo-minimo-a-los-trabajadores-informales/).

En esta consecuencia, el Congreso de la República tiene históricamente la responsabilidad loable de actuar con prontitud en la aprobación de las iniciativas de ley orientadas a hacer fluir en el corto y mediano plazo los recursos económicos que contribuyan en la emergencia suscitada por Covid-19. El hospital Roosevelt, el hospital de Villa Nueva, el parque de la Industria y otras unidades médicas deberían ya estar abastecidos de los insumos y equipo necesarios para la atención de pacientes. En este sentido, es agradecida las donaciones hechas por personas y sociedades jurídicas anunciadas por el Presidente que mediante trámites sumarios se han traducido en valor agregado en las instalaciones de centros asistenciales de tipo temporal; pero se insiste, por su calidad de Casa del Pueblo, en la responsabilidad histórica del Congreso de la República de Guatemala.

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