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Justicia y presupuesto en crisis por coronavirus

Poptun

Ante la crisis sanitaria que representa la propagación del covid-19, se evidencia la función primordial que representa la administración de justicia para resolver los distintos conflictos jurídicos derivados de la aplicación del Estado de Calamidad Pública y de las medidas de contención para reducir la propagación del coronavirus decretadas por el presidente de la República. Sin juzgados ni tribunales en funcionamiento, por ejemplo, no se podría verificar el acatamiento al toque de queda vigente.

El Organismo Judicial  (OJ) es la entidad de Estado que posee la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado, que le corresponde dentro del sistema republicano y bajo el método de pesos y contrapesos, la verificación del respeto a las libertades ciudadanas. Para que el OJ pueda lograr su objetivo necesita de recursos humanos,  financieros, materiales, técnicos y tecnológicos.

Todos los recursos tienen gran importancia para administrar una justicia pronta y cumplida, pero posee especial preeminencia la adecuada asignación presupuestaria porque de ésta depende en gran medida el éxito de su función.

La Constitución prevé como garantía del OJ, la independencia económica, no obstante el presupuesto que la norma constitucional le asigna es una cantidad del dos por ciento del Presupuesto Ordinarios del Estado, que contrasta con el presupuesto asignado a la educación física y el deporte del tres por ciento del Presupuesto General de Ingresos Ordinarios del Estado, actividad que si bien es importante para desarrollar destrezas físicas de algunos deportistas, socializar y divertirse, no es una necesidad imprescindible, ni su incidencia es comparable con la labor que desarrolla el poder judicial para el manteniendo de la paz social.

Ante el pedido que efectuó Alejandro Giammattei a las autoridades de la Corte Suprema de Justicia y OJ de garantizar la justicia durante la cuarentena, se dispuso ordenar el funcionamiento de diferentes órganos jurisdiccionales a nivel República para cubrir servicios esenciales, pero no se ha dotado a distintos juzgados de alcohol en gel, mascarillas, guantes, ni de productos de limpieza y otros insumos de protección; a pesar que poseen contacto directo con sindicados, abogados, agentes fiscales, entre otros.

La prestación del servicio de justicia frente al covid-19 apareja riesgos para la vida y la salud del personal judicial, auxiliar judicial y usuarios. En las condiciones actuales se expone a distintas personas que frecuentan los juzgados y tribunales de justicia, al fácil contagio del virus, y que puede convertir sus sedes judiciales en verdaderos focos de infección.

La labor que desarrolla el Organismo Judicial y especialmente sus jueces y personal auxiliar judicial no ha sido reconocida por el gobierno de turno, pues en las diversas medidas económicas que se han dictado a favor de distintos sectores, nada se instruye para inyectarle recursos económicos adicionales a este Organismo de Estado que le permitan la adopción de medidas audaces y eficaces para reducir el riesgo de contagio en sus instalaciones.

La situación que provoca la epidemia del covid-19 es una oportunidad para valorar la labor que ejerce la administración de justicia en momentos de crisis para mantener el orden y convivencia social. El OJ enfrentará un trabajo arduo posteriormente para reducir la mora judicial que obligadamente dejará el confinamiento. Se requerirán recursos humanos, materiales y financieros extras para superarla, y por eso es forzoso dotar  de un mayor presupuesto a la Institución para que se reduzca la mora y cumpla su función eficientemente.

Sin embargo, esta crisis igualmente es propicia para acreditar la urgente e imprescindible necesidad de transformar y modernizar la administración de justicia para introducir mecanismos basados en inteligencia artificial que permitan agilizar la aplicación de la justicia y que en casos de emergencia como la ahora presentada, permitan continuar operando normalmente. Los avances tecnológicos se conseguirán, entre otras cosas, modificando la asignación presupuestaria contenida en la Constitución y proveyendo una mayor en coherencia al importante ejercicio que desempeña de proporcionar una justicia pronta y cumplida.

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