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La Pandemia en la Agenda Nacional de Riesgos y Amenazas

Punto De Vista

Federico Bonaglia, director adjunto del Centro de Desarrollo de la OCDE del cual Guatemala es miembro, establece en un artículo muy claro y contundente que las paradojas de este mundo de vértigo son imprevisibles, que hasta hace tan sólo unos meses, el descontento social llenaba las calles de América Latina con pancartas y reivindicaciones. Hoy, una crisis sanitaria sin precedentes confina a los latinoamericanos en sus casas y cambian los escenarios. Bonaglia agrega, que la tormenta de datos y reacciones puede nublar la vista.

En este último punto, los servicios de inteligencia en especial los que se dedican a producir inteligencia estratégica, tienen el desafío de reajustar sus actividades y enfrentar el masivo aumento de información y desinformación. Por otro lado, el contacto humano principal en esta actividad, hoy se reduce a su mínima expresión.

Para el caso de Guatemala, la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad, Decreto 18-2008 del Congreso de la República, establece que el sistema nacional de inteligencia, es el conjunto de instituciones, procedimientos y normas que abordan con carácter preventivo, las amenazas y riesgos a la seguridad de la nación, mediante la necesaria coordinación de las funciones de inteligencia estratégica, civil y militar, cada una en su ámbito de actuación. El sistema tiene la responsabilidad de preparar y elaborar la Agenda Nacional de Riesgos y Amenazas (en adelante ANRA) y el Plan Nacional de Inteligencia, así como su seguimiento y evaluación permanente.

La ANRA, la cual se puede consultar en https://www.sie.gob.gt/portal/index.php/nosotros/anra, establece que es una herramienta para desarrollar el conjunto de lineamientos y cursos de acción necesarios para reducir los riesgos y mitigar las amenazas a la seguridad de la nación. La amenaza es definida en el documento como un fenómeno determinado inherente a la evolución propio del Estado, que se desarrolla por circunstancias naturales, antropogénicas, políticas, económicas o sociales, que pone en peligro la seguridad del Estado, el bienestar de las personas, el desarrollo de la sociedad y la estabilidad de sus instituciones.

La Agenda también define una categorización para las amenazas de acuerdo a su naturaleza, estableciendo la siguiente: amenazas criminales, amenazas naturales, amenazas a la salud (epidemias y pandemias), violación a la soberanía.  La anterior categorización utilizó como base la valoración de nivel de impacto, la probabilidad de ocurrencia de cada amenaza y su efecto geográfico. En resumen, la ANRA establece 15 amenazas para Guatemala en distintos niveles de atención.

En el apartado de amenazas a la salud, el sistema de inteligencia estableció como amenazas al país las epidemias y pandemias, con el riesgo de pérdidas de vidas humanas, saturación del sistema de salud, con impacto económico y social y una probabilidad de ocurrencia probable, con efecto moderado. Lo bueno, es que la ANRA si preveía una pandemia, sin embargo, el sentido de oportunidad se vio disminuido en cuanto a sus efectos en el país y la probabilidad de ocurrencia.

La ANRA es un documento obligatorio, necesario, prospectivo, que debe contar con el Plan Nacional de Inteligencia (estrategias y acciones para contener las amenazas y reducir riesgos), técnicamente bien elaborado y dotado de presupuesto. De no ser así, la ANRA es solo un recuento teórico de amenazas a las cuales no podremos enfrentar.

La agenda debe ser actualizada de manera constante. En ese sentido, hoy las amenazas a la salud pública, específicamente la pandemia de COVID-19 tiene que elevarse al nivel máximo de preocupación y atención en dicho instrumento, como también la elaboración de escenarios para el Consejo Nacional de Seguridad y el Presidente de la República en todos los factores del poder nacional: político, económico, social, militar y hoy tecnológico con respecto a dicha pandemia.   

En este último factor, la inteligencia artificial puede ser una gran herramienta en la lucha contra las pandemias como el COVID-19, mencionando el caso de Canadá. Según un artículo, la startup canadiense BlueDot, alertó a sus clientes del estallido de un brote epidémico de gripe en la ciudad china de Wuhan una semana antes de que fuera detectado por las autoridades sanitarias de Estados Unidos y la Organización Mundial de la Salud. Los epidemiólogos de BlueDot analizan distintos tipos de datos e información y emiten informes que alertan a sus clientes (empresas, gobiernos, ONGs), que luego son trasladados a los responsables de salud pública, reaccionando de una manera más oportuna. Guatemala no cuenta con una herramienta como la anterior, pero puede ser diseñada y aplicada con el recurso humano local. Es ahí donde debe nacer la alianza estratégica, la coordinación y comunicación con el sector académico. Esta acción pudiera incluirse en el Plan Nacional de Inteligencia, pero para ello, es necesario estimar la inversión, sin presupuesto no tenemos nada. A modo de ejemplo, cuanta información pudiéramos captar con el satélite recién lanzado, Quetzal 1, en referencias a otros temas, claro está, en alianza con las universidades.

La ANRA no es un documento inerte, todo lo contrario, es un instrumento vivo, dinámico, de constante monitoreo y actualización. El mundo no es estático, las amenazas menos aún, por lo que la agenda debe ser flexible ante los cambios vertiginosos. Sumado a lo anterior, debe retomarse la elaboración del Plan Nacional de Inteligencia y dotarlo de presupuesto. Aquí el Congreso de la República y la Comisión Específica de Asuntos de Seguridad e Inteligencia tienen una gran labor que realizar.

La inteligencia debe actuar con agilidad para proteger a los habitantes, su capacidad preventiva debe anticipar el impacto sanitario de la pandemia del COVID-19 en todos los factores del poder nacional. Tal como expresa Bonaglia, es una crisis que va más allá de la salud. Se necesita inteligencia para la toma de decisiones, ya que, sin políticas apropiadas el impacto económico será fuerte en la  clase media y en los ciudadanos que trabajan en empleos informales, los cuales no tienen acceso a protección social ni a seguros de desempleo, generando otra clase de dinámicas con consecuencias difíciles de frenar en la seguridad de la nación.

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