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Los reclusos y el Covid-19

Poptun

Michelle Bachelet de la Oficina del Alto Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, manifestó su preocupación por las infecciones de coronavirus que puedan surgir en los centros de detención, y solicitó medidas urgentes a los distintos gobiernos para que se liberen a personas adultos mayores, personas enfermas y los incriminados por delitos menos graves.

El Papa Francisco, en la misa del domingo se unió al pedido de la Organización de las Naciones Unidas, y efectuó un llamado a las autoridades para que sean sensibles ante la amenaza que representa el COVID-19 en las cárceles de todo el mundo, derivado de la sobrepoblación carcelaria, argumentando que la infección en los centros de detención sería una verdadera tragedia.

Países como Irán, España, Estados Unidos, entre otros, ante la grave amenaza que representa la crisis sanitaria del COVID-19, han implementado protocolos de observancia estricta, entre ellas, redoblar las medidas de higiene, proveer al personal penitenciario de equipo completo de protección, y a la vez la liberación anticipada de miles de personas privadas de libertad con el afán de reducir el hacinamiento y lograr así que los internos no liberados mantengan la distancia idónea entre persona y persona.

Y es que la pandemia ha provocado disturbios en distintos recintos carcelarios del mundo por el miedo que provoca la infección del coronavirus. En la cárcel La Modelo de Bogotá, Colombia, se frustró un intento masivo de fuga en la que perdieron la vida 23 reclusos y otros resultaron heridos.

En México, organizaciones de derechos humanos han pedido que se replique en ese país la medida de liberar masivamente a internos por el peligro que representa el contagio del coronavirus.  Por su parte otros países se encuentran en la fase de implementar medidas para otorgar libertad a detenidos con mayor riesgo. El gobierno de Chile promueve una iniciativa de ley para liberar a reclusos más vulnerables.

En Guatemala, el Procurador de los Derechos Humanos planteó una acción constitucional de amparo para exigir protocolos de actuación a favor de la población reclusa con mayor riesgo para protegerlos de la propagación del COVID-19 y que se les provea de medicamentos, alimentación diaria, agua, insumos de higiene, entre otros. A la vez la abogada Karen Fischer planteó una acción similar, requiriendo sean beneficiados con arresto domiciliario los reclusos mayores de 75 años que se encuentren en prisión preventiva y cumpliendo pena.

Las cárceles guatemaltecas constituyen espacios de frágiles condiciones de higiene, restringidos servicios sanitarios, difícil acceso a condiciones de salud y alimentación, entre otras, lo que suscita que la incidencia de determinadas infecciones sea mayor en prisiones. La colectividad de cárceles tienen un limitado acceso al agua, la cual se libera por intervalos, una o dos veces al día, eso provoca infecciones en la piel, enfermedades respiratorias, y plagas de chinches o ratas. Muchas cárceles no cuentan con un médico, ni con medicinas. El servicio de alimentación es de mala calidad e insuficiente para la cantidad de reclusos, y no hay dietas especiales para personas con distintos padecimientos.

Sin embargo, uno de los mayores problemas que posee el sistema penitenciario es la sobrepoblación carcelaria que se aproxima al 400 por ciento en algunos centros, como consecuencia que desde los años 80 no se han construido nuevas cárceles puesto que el presupuesto asignado a la Dirección General del Sistema Penitenciario es muy restrictivo.

A la par, en las leyes guatemaltecas no se contempla norma que pueda aplicarse en momentos de emergencia como la que sucede actualmente, y eso obstaculiza que jueces concedan la libertad a los grupos de internos de mayor riesgo, ya que pueden ser acusados de cometer prevaricación.

En la fase de ejecución penal, la Ley del Régimen Penitenciario y el Código Penal, vislumbran diferentes beneficios a los cuales pueden acceder las personas privadas de libertad, pero el solicitante debe acreditar ante el juez, múltiples requisitos a través de prueba documental, científica o pericial; es decir están pensados para aplicarse en un escenario normal, pero no en una situación de premura.

Es urgente que en Guatemala se otorgue recursos económicos adicionales al Sistema Penitenciario para que se garantice el derecho a la salud, alimentación y a la vida, y ésta Institución se abastezca de los insumos necesarios para contener la infección, pues las personas privadas de libertad se encuentran en custodia del Estado y éste debe desempeñar un papel de especial garante ante esas personas que por la privación de libertad no pueden ejercer por sí mismos sus derechos y obligaciones.

Así mismo que se suspendan totalmente los traslados de los reclusos a los juzgados porque se vulnera el aislamiento de las cárceles y puede ser foco de infección, pero especialmente se autorice la libertad anticipada de detenidos con mayor riesgo, entre ellos adultos mayores, personas con enfermedades graves, crónicas y terminales, mujeres embarazadas y mujeres acompañadas de niños y niñas, y personas procesadas por delitos menos graves, siempre y cuando tengan recurso familiar idóneo que les facilite sus necesidades más básicas al obtener su libertad.

TEXTO PARA COLUMNISTA

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