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La CSJ debe excarcelar a los veteranos

Kidon

El Organismo Judicial acordó postergar una semana más la prestación del servicio de administración de justicia en toda la República, fundamentándose en la ola creciente de casos de Covid 19, que se ha presentado en el país, lo cual es entendible si tomamos en cuenta la forma de transmisión de esta enfermedad y el daño que causa.

Como organismo del Estado, debe velar por la salud e integridad de sus trabajadores y del público en general, pero también de aquellas personas que están sujetas a su jurisdicción, tales como las personas detenidas en forma preventiva, quienes al igual que cualquiera de nosotros pueden ser contagiados y sufrir las consecuencias de esta pandemia.

Entiendo la necesidad de las medidas tomadas para mitigar los efectos de la enfermedad en los centros de reclusión, pero las mismas resultan incongruentes si no se tutela el derecho humano a la vida e integridad de las personas detenidas, en especial de los adultos mayores y los que padecen de enfermedades respiratorias, coronarias, diabetes, entre otras, quienes resultan ser los más vulnerables.

Debido a esas medidas, los detenidos no tienen más contacto con el mundo exterior que las pocas cosas que la familia les puede enviar una o dos veces por semana, por medio del sistema de encomiendas, lo cual, los deja en una situación muy vulnerable, si tomamos en cuenta la alimentación que por la edad necesitan, así como los tratamientos médicos recomendados para la preservación de su salud y el grave riesgo de contagio por contacto con personal del sistema penitenciario que no tienen limitada su movilidad.

Es así, como se encuentran nuestros veteranos de guerra acusados injustamente por mercenarios judiciales de la extrema izquierda y que a la fecha llevan más de cuatro años detenidos en forma preventiva, en condiciones deplorables, lo cual me consta, pues, como abogado visito regularmente los centros de detención.

Por ello, es necesario que la Corte Suprema de Justicia en uso de las facultades que le asigna la Constitución y la ley, tome el control de los detenidos, y en ese sentido emita un acuerdo de urgencia, facultando a cada uno de los jueces del ramo penal competentes, para qué por humanidad, procedan a resolver y por ende a otorgar las medidas sustitutivas de arresto domiciliario a todos los oficiales del Ejército detenidos por temas relacionados con el enfrentamiento armado interno del país.

Esa disposición judicial, podría incluso ampliarse en favor de aquellos detenidos políticos cuya salud esté en riesgo, como el caso del abogado Moisés Galindo, y otras víctimas del fracasado experimento de la ONU, quienes han excedido por demás el plazo de prisión preventiva regulado en la ley.

Magistrados, actúen con valor por lo menos una vez en su vida y hagan valer la autoridad de la cual están investidos, sin temor a regaños de esos grupúsculos fracasados, o supuestos activistas sociales, pues, de no hacerlo, ustedes serán los únicos responsables por negligencia del fallecimiento de sujetos clínicamente vulnerables.

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