Llamado al Congreso
Evolución
El gobierno simplemente no tiene excusa, debe dar todas las explicaciones pertinentes y, sobre todo, dar cuenta de la utilización de los exorbitantes recursos que tiene a su disposición gracias a la irresponsable deuda que se le ha aprobado.
Luego de la escandalosa suma que el Congreso le facilitó al Ejecutivo bajo pretexto de la actual crisis es absolutamente inexcusable que los médicos que laboran en el improvisado hospital del parque de la industria se hayan quejado que no se les ha pagado, que no cuentan con el personal técnico suficiente, que no se les ha provisto de los insumos necesarios y que hasta se les ha proporcionado comida en mal estado. El gobierno simplemente no tiene excusa, debe dar todas las explicaciones pertinentes y, sobre todo, dar cuenta de la utilización de los exorbitantes recursos que tiene a su disposición gracias a la irresponsable deuda que se le ha aprobado.
Es inaudito que el sistema de salud esté operando con tantas precariedades luego que los guatemaltecos nos tengamos que tragar la deuda más impúdica que jamás se haya visto en la historia de nuestro país y que no es inmune a lo mismo de siempre, corrupción rampante y sinvergüenza.
Estamos en el momento que la propagación del coronavirus se agrava aceleradamente. Aún con el limitado número de pruebas que obstinadamente monopoliza el gobierno, el número de casos positivos por día ha venido creciendo en progresión geométrica. La relajación de ciertas medidas, así como la falta de observancia de precauciones básicas de parte de muchos, implican que dentro de poco la crisis se va a agravar severamente. Ello, tanto en términos de asintomáticos que esparcirán el virus exponencialmente, como en términos enfermos y fallecidos, sean estos o no, diagnosticados por el gobierno en su necedad de prohibir las pruebas y tratamiento en otras instituciones de salud que no sean las que limitadamente ha designado para el efecto. Muy pronto su capacidad de atención y de respuesta se verá rebasada y entonces realmente veremos lo peor de esta crisis.
A todo esto, el congreso irresponsablemente se ha comportado como el perfecto cómplice habiendo autorizado deuda de lo más inmoral que hayamos visto, habiendo ratificado el estado de calamidad, cada vez que se le ha solicitado, sin mayores condiciones de focalización del gasto, cuentadancia, transparencia y otros “candados” necesarios; o queriéndose lucir con medidas populistas, absurdas y contraproducentes como el decreto 15-2020 que pronto podría dejarnos a todos literalmente en oscuras.
Es momento que el Congreso, y especialmente la oposición, se deje de payasadas y medidas populistas sin sentido, y se empiece a comportar de forma sensata y objetiva. Estamos justo en el punto donde la situación empieza a agravarse seriamente y es momento que el Congreso le empiece a enmendar la plana al ejecutivo de forma seria y responsable. Independientemente de que se siga prorrogando o no el estado de calamidad, es necesario que el Congreso defina concretamente en qué y cómo se deben emplear los recursos asignados para la crisis y que fiscalice su ejecución de forma constructiva. Es importante que se instituyan las regulaciones de salud y seguridad indispensables para reactivar las actividades productivas y comerciales, considerando un parámetro de tiempo, si bien temporal, suficiente para reducir el riesgo de la epidemia al máximo; y no solo continuar con disposiciones que se implementan o cambian semanalmente. Es necesario que el Congreso restituya a los ciudadanos sus derechos y por ende la posibilidad de efectuar pruebas, diagnósticos y tratamientos en instituciones privadas, bajo los protocolos debidos, lo cual también ayudaría a descongestionar los hospitales públicos que ya han llegado al límite de su capacidad. Es indispensable que el Congreso implemente medidas de reactivación económicas, pero efectivas, en lugar de populistas y absurdas, como por ejemplo eliminar el Impuesto de Solidaridad y reducir el Impuesto Sobre la Renta para permitir a las empresas salir a flote y preservar el empleo; y reducir el Impuesto al Valor Agregado y eliminar aranceles para abaratar los precios de los productos, lo cual sí sería una auténtica ayuda a la población. Es tiempo que el Congreso asuma su responsabilidad.
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