Press "Enter" to skip to content

Retos de la Justicia durante la pandemia

Poptun

Es menester mencionar que el sistema de justicia, ya sufría una mora judicial relevante antes de iniciar la cuarentena.

Por motivos de la pandemia COVID-19, el gobierno de Guatemala dispuso, entre otras medidas, la suspensión de labores de instituciones y empresas privadas para observar el distanciamiento social y controlar la curva de contagio.

El Organismo Judicial (OJ), al igual que otros centros de trabajo debió suspender labores. El OJ es una de  institución que desarrolla un servicio esencial en el fortalecimiento del Estado de Derecho y la Democracia, porque a través de su función la ciudadanía ejerce sus derechos. Ahora los juzgados y tribunales atienden a puerta cerrada o no atienden, con el fin de cumplir las disposiciones Presidenciales respecto a las medidas de prevención, contención y mitigación del coronavirus y no convertir los órganos jurisdiccionales en focos de infección.

Sin embargo, la interrupción de labores y  suspensión de plazos en materia judicial no puede ser indeterminada. No obstante, tampoco se puede exponer a los funcionarios y auxiliares judiciales, fiscales, abogados y demás usuarios de justicia, al momento de reanudar labores. La Corte Suprema de Justicia (CSJ) tiene el compromiso de planificar un retorno de labores responsable, ordenado y seguro para todos, y no sólo decretar la reanudación de labores intempestivamente como lo declaró el 8 de mayo, decisión que finalmente dejó sin efecto.

Hasta el momento se desconoce que las autoridades de la CSJ hayan asignado fondos específicos para atender la crisis sanitaria dentro del OJ, que existan políticas de sanitización reguladas, y protocolos para establecer las normas que deberán de observar los trabajadores en el desempeño del trabajo presencial.  No se ha implementado el teletrabajo en la mayoría de juzgados para facilitar el acceso a la justicia de miles de usuarios en materia penal, familia, civil u otras competencias. Y se desconoce si hay una planificación de cómo se continuará ejecutando el trabajo durante la crisis sanitaria y posteriormente.

Es menester mencionar que el sistema de justicia, ya sufría una mora judicial relevante antes de iniciar la cuarentena.  Por lo que la actual crisis aumenta drásticamente esos porcentajes ya que la suspensión de labores afecta la función judicial a consecuencia que los juzgados suspendieron audiencias, y los que trabajan presencialmente sólo atienden aspectos constitucionales y urgentes, y en otros prevalece la suspensión total de labores por disposición de la CSJ.

La presente interrupción de labores proyecta una sobrecarga laboral incalculable, y  especialmente se aumentará en el área penal, penal especializada y laboral, esto como consecuencia de la necesidad de reducir la sobrepoblación carcelaria, dar atención a las víctimas por violencia intrafamiliar que se desborda en la cuarentena y brindar justicia a los miles de desempleados que se han acumulado durante la crisis por el cierre de empresas.

La CSJ debe comenzar a preparar el terreno porque se desconoce cuánto tiempo se prolongará esta situación.  Sin embargo, hay que tener claro que la actividad judicial no puede desarrollarse de la misma manera como se venía efectuando, y no obstante que es imprescindible continuar con el servicio de la administración de justicia, hay que formular cambios en las lógicas del trabajo.  Forzosamente se debe innovar y recurrir a la tecnología para continuar prestando el servicio en estos tiempos de coronavirus.

Se conoce que el OJ posee una limitación con el Sistema de Gestión de Tribunales (SGT) En ese sentido, en primera instancia debe adquirir licencias de plataformas digitales como zoom o webex para que los jueces puedan celebrar audiencias virtualmente y se pueda atender al usuario de forma remota.

Corresponde además identificar los puestos de trabajo que ineludiblemente deben usar el SGT para cumplir sus tareas para proceder a su instalación para su uso en casa, asignando equipo de cómputo propiedad del OJ a los funcionarios y auxiliares judiciales que no lo posean. Así mismo se deben crear sistemas de tramitación en todas las instancias y competencias de las causas que están en trámite, así como habilitar el uso de firma electrónica avanzada.

Es momento de transformar la administración de justicia en Guatemala. Se estima que los grandes cambios de la historia de la humanidad han sido producidos por cisnes negros, teoría desarrollada por el economista libanés Nassim Nicholas Taleb, luego de descubrirse cisnes negros, y derrumbarse la creencia que todos eran blancos. La teoría describe eventos inesperados, que generan un alto impacto socioeconómico y repercusiones transcendentales.

La enfermedad COVID-19 es un cisne negro porque provoca un enorme impacto sobre la vida cotidiana, la economía, y la política, a causa que el mundo nunca se preparó para enfrentar una  epidemia de gran proporción. Sin embargo, en materia judicial, a pesar de las adversidades y carencias, la pandemia representa una oportunidad para lograr cambios y transformar el quehacer jurisdiccional.  Cambios que se pueden alcanzar con el apoyo del personal del OJ, y que al finalizar la pandemia deben subsistir.

En estos momentos de crisis, el OJ posee el reto de eliminar las diversas barreras legales, procesales y administrativas para aumentar la capacidad de respuesta que facilite el acceso a la justicia a la población guatemalteca. En esa innovación es necesario tomar en cuenta las ideas que poseen funcionarios y auxiliares judiciales para cambiar la manera de desarrollar los distintos procedimientos. Es ineludible la toma de decisiones a alto nivel para avalar los cambios con el fin que jueces y juezas desempeñen el rol garante de los derechos de la ciudadanía.

Area de Opinión
Libre expresión de pensamiento.

Lea más de la autora:

Be First to Comment

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

%d bloggers like this: