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Decreto 15-2020: Vicios y consecuencias

Evolución

“La tarde del miércoles se dio a conocer de parte del tercer vicepresidente del Congreso que en este organismo de estado se habría tomado la determinación de publicar en el diario oficial este jueves (hoy) el Decreto 15-2020, dado que el plazo para su publicación vence este día, en virtud que el congreso había rechazado el veto presidencial al mismo”.

El veto presidencial se había producido bajo el argumento que el referido decreto adolece de inconstitucionalidades, que de hecho las tiene. En ese sentido, la Corte de Constitucionalidad ha sentado precedente en el sentido que cuando se produce un veto presidencial a alguna iniciativa de ley aprobada por el Congreso aduciendo inconstitucionalidad de la misma, el Congreso debe referir la respectiva legislación a la Corte de Constitucionalidad para que emita opinión al respecto.

Según el criterio sostenido por la corte, el hecho de no remitir el decreto a opinión de la corte constituye en sí un vicio interna corporis.

Según la doctrina jurídica, este concepto implica que el organismo legislativo tiene la potestad de dictar las normas de su propio gobierno interno y de exclusivo manejo legislativo, por lo que en un sistema republicano de división de poderes y contrapesos entre los mismos, no es legítimo que el congreso utilice sus potestades, dentro de la independencia de poderes, para otros fines que puedan constituir vicios de excesos de poder más allá de lo razonable. Por lo tanto, la primacía legislativa ejercida por el Congreso en este caso, es decir el rechazo al veto presidencial, puede ejercerse únicamente luego de referir el asunto a la Corte de Constitucionalidad para que emita opinión, tal como lo ha señalado la propia Corte. Por lo tanto el hecho que el Congreso haya aprobado el decreto luego del veto presidencial, sin haber recurrido a la Corte de Constitucionalidad, implicaría que el decreto deviene inconstitucional por razón de no haberse cumplido el debido procedimiento.  

En cuanto al fondo del tema, sin desarrollar un análisis jurídico exhaustivo, se puede decir que el Decreto 15-2020 adolece de inconstitucionalidades porque viola los preceptos constitucionales referentes al derecho a la propiedad privada y su protección, debido a que obliga a las empresas que distribuyen el servicio de energía eléctrica, entre otros, a tener que prestar un servicio de forma esencialmente gratuita, ya que no podrán recuperar los costos de haber provisto dicho servicio de acuerdo a los términos contractuales convenidos, trasladando injustamente el costo derivado del retraso en el pago de dichos servicios a las empresas que distribuyen y, por consiguiente, a las que generan y transportan energía eléctrica. Por las mismas razones, viola también los preceptos constitucionales referentes al derecho a la libertad de industria, comercio y trabajo, así como la protección integral y extensiva de los derechos que la constitución garantiza.

En cuanto a las consecuencias económicas, esta disposición legislativa crea incentivos perversos para que las personas, independientemente de que tengan o no las posibilidades, se abstengan de pagar el servicio de energía eléctrica. De acuerdo a la regulación del mercado energético, las empresas distribuidoras únicamente trasladan el costo de la generación y transporte a los usuarios. La remuneración por su operación la obtienen del Valor Agregado de Distribución, que es una tarifa regulada y fijada por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica para las empresas distribuidoras de energía, y que constituye alrededor de un 13% del precio total de la factura. El resto comprende el costo de la generación, que es el mayor rubro, el costo del transporte, la tarifa de alumbrado municipal fijada por el gobierno y el Impuesto al Valor Agregado. Es ilógico pensar que una empresa de distribución que obtiene utilidades únicamente dentro de la proporción del VAD pueda absorber el costo de la generación, transporte, tasa municipal e IVA sin percibir del usuario el costo de dichos rubros. Por lo tanto, la consecuencia inevitable será que dichas empresas no puedan a su vez pagar a los generadores y transmisores, lo cual a su vez implica que dichas empresas tampoco podrán afrontar sus compromisos frente a sus proveedores de los insumos para generar electricidad como tampoco sus compromisos financieros. El resultado será, primero, que se suspenderá la generación de energía, lo cual implicará que toda la población, haya pagado o no sus facturas, se quedará sin el servicio. Y, segundo, que debido a la magnitud de los compromisos financieros de las empresas generadoras y transmisoras, el sistema bancario se verá afectado severamente con el muy probable riesgo de provocar un colapso del sistema financiero del país, lo cual también afectará severamente a toda la población. Y todo ello, gracias a la irresponsabilidad del Congreso de la República por sus medidas populistas y sin sentido.

Entendemos que dada la paralización parcial de la economía impuesta por el gobierno, muchas personas y empresas no pueden generar los ingresos para afrontar este tipo de compromisos.  Pero la solución no consiste en simplemente volverlos “gratuitos” por decreto.

Primero, el gobierno debe buscar la forma de reabrir y reactivar la economía lo antes posible, con los debidos protocolos de seguridad. La población también debemos ser lo suficientemente sensatos para priorizar nuestros recursos y economizar, hasta donde sea posible, dadas las circunstancias. En última instancia, y ante una situación insostenible, aunque en principio me opongo a este tipo de programas, se podría pensar en algún mecanismo mediante el cual, por un tiempo y monto restringido, se pueda absorber provisionalmente el costo de los servicios para los usuarios más necesitados, bajo el compromiso de éstos de restituir ese beneficio en un futuro próximo, en aras de no interrumpir la cadena de suministro; aunque reconozco y advierto que este es un camino peligroso y que puede prestarse a malos manejos y traer consecuencias también negativas. Esperamos que la Corte declare inconstitucional el decreto y que se implementen soluciones sensatas, consensuadas con los sectores involucrados.

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