Ataquemos la Corrupción

Petardo

Inicio por recordarle al señor presidente de la República de Guatemala, que en su campaña proselitista ofreció depurar a los burócratas corruptos.

Le recuerdo que la corrupción política se refiere a los actos delictivos cometidos por funcionarios y autoridades que abusan de su poder e influencian a realizar un mal uso intencional de los recursos financieros y humanos a los que tienen acceso, anticipando sus intereses personales y/o los de sus allegados, para conseguir una ventaja ilegítima generalmente de forma secreta y privada.

Según Hernández Gómez (2018), la corrupción se define como «toda violación y/o acto desviado, de cualquier naturaleza, con fines económicos o no, ocasionada por la acción u omisión de los deberes institucionales, de quien debía procurar la realización de los fines de la administración pública y que en su lugar los impide, retarda o dificulta, por esta razón se puede hablar del nivel de corrupción o de transparencia de un Estado legítimo.

Las formas de corrupción varían, pero las más comunes son el uso ilegítimo de información privilegiada y el patrocinio; además de los sobornos, el tráfico de influencias, la evasión fiscal, las extorsiones, los fraudes, la malversación, la prevaricación, el caciquismo, el compadrazgo, la cooptación, el nepotismo, la impunidad y el despotismo.  La corrupción facilita a menudo otro tipo de hechos criminales como el narcotráfico, el lavado de dinero, la prostitución ilegal y la trata de personas, aunque por cierto no se restringe a estos crímenes organizados y no siempre apoya o protege otros crímenes.

Sayéd y Bruce (1999) definen la corrupción como «el mal uso o el abuso del poder público para beneficio personal y privado», entendiendo que este fenómeno no se limita a los funcionarios públicos.

También se define como el «conjunto de actitudes y actividades mediante las cuales una persona transgrede compromisos adquiridos consigo mismo, utilizando los privilegios otorgados, esos acuerdos tomados, con el objetivo de obtener un beneficio ajeno al bien común». Por lo general se apunta a los gobernantes o los funcionarios elegidos o nombrados, que se dedican a aprovechar los recursos del Estado para de una u otra forma enriquecerse o beneficiar a parientes o amigos.  Sin embargo, en los regímenes democráticos, al recaer la soberanía en el pueblo, el ejercicio del poder tiene que responder ante la nación.

Por otro lado resultan útiles las aseveraciones de Theobald, quien, además de definir la corrupción como «el uso ilegal del oficio público para el beneficio personal», intuye que en el mundo preindustrial las dependencias personales dieron paso —en el mundo industrial— a la codificación formal de las organizaciones sociales buscando la eficiencia. Mujica reconoce dos tipos de corrupción: La gran corrupción: que genera la desconfianza en las autoridades centrales, pervierte el funcionamiento del aparato estatal, y desvía recursos. La pequeña corrupción: que tiende a movilizar pequeños montos de recursos económicos u otros bienes, y que se ubica en el escenario procedimental de atención al ciudadano. Para entender la relación entre la corrupción y los derechos humanos, es necesario considerar que los Estados tienen 4 obligaciones en materia de derechos humanos, la primera es “Respetar” que implica no interferir con o poner en peligro la satisfacción de los derechos humanos. Esta obligación se cumple por parte del Estado por medio de abstenciones y se violenta a través de acciones.

El Estado debe abstenerse de, por ejemplo, torturar o privar ilegalmente de la libertad. La segunda es” Proteger”, la cual recae en los agentes estatales conforme a sus atribuciones, para crear el marco jurídico y la maquinaria institucional necesaria para prevenir las violaciones a derechos humanos cometidas por el aparato estatal. La tercera es, “Garantizar”, referente a mantener y asegurar el disfrute de los derechos humanos, así mismo, se encargará de mejorarlos y restituirlos en caso de violaciones, Y la cuarta “Promover” que significa que los agentes estatales tienen la obligación de proveer a las personas toda la información necesaria para asegurar que sean capaces de disfrutar y ejercer sus derechos humanos.

Es lamentable que en este momento se esté dando algunos pocos allanamientos, en algunas casas de personajes que aun ocupan puestos públicos como asesores a alto nivel. Pareciera que algunos corruptos solo se cambiaron de entidad. Es importante que el Señor presidente de la República de Guatemala no siga solo al Coronavirus 19 y se olvide de depurar a los corruptos.

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