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¡A defender la institucionalidad y sus derechos!

Kidon

“A menudo, se requiere más coraje para atreverse a hacer lo correcto que para temer a hacer lo incorrecto” Abraham Lincoln.

El jueves de la semana pasada, el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval Alfaro, dio a conocer el informe denominado “Comisiones Paralelas”, un refrito del informe presentado por la Fundación Myrna Mack, donde se detalló a juicio muy personal de Sandoval, ciertos hechos que no son de su agrado.

Los objetivos, primero, buscar la descalificación, separación o exclusión de algunos aspirantes a las altas cortes del país, qué por sus dotes de honorabilidad, objetividad e imparcialidad, representan un peligro para los intereses de los enemigos de la libertad; y segundo, garantizar la promoción de los candidatos afines política e ideológicamente, para terminar de cooptar el poder judicial.

Al analizar las 135 páginas del informe, podemos verificar como esta fiscalía especial, pretende criminalizar una serie de conductas no tipificadas como delictivas por el ordenamiento penal, lo cual, no solo violenta el principio de legalidad, pilar fundamental de todo sistema democrático, sino que también, la prerrogativa constitucional de antejuicio, de la cual están investidos los jueces y magistrados ilegalmente investigados.

Se violentaron, además, las garantías constitucionales de presunción de inocencia y legítima defensa, al haber condenado a los señalados, sin previamente haberlos citado, oído y vencido en proceso legal ante autoridad judicial competente, lo cual constituye, un grave ataque a la independencia judicial.

Sumado a ello, en vez de remitir los medios de investigación recabados ante la autoridad judicial competente para su valoración, en total abuso de autoridad y revelando información confidencial o reservada, los despacha al Congreso de la República, órgano que por disposición constitucional carece de competencia para su conocimiento y tramitación.

Como abogado litigante, conozco a muchos jueces y magistrados que fueron ilegalmente relacionados por el fiscal Sandoval, quienes, además de ejercer la función pública, son abuelos, padres de familia, esposos, hijos y honorables ciudadanos, que no se plegaron a las ordenes ilegales del fallido experimento internacional, y por ello, son objeto de acusaciones calumniosas e infundadas. Para ellos, toda mi admiración y respeto por la lucha en defensa del orden institucional que han implementado, sepan que no están solos, y que la gran mayoría de la población los respalda.

Pero, ese apoyo también dependerá de la fortaleza de las acciones jurídicas y mediáticas que deberán implementar en defensa de la independencia judicial, la cual, fue mancillada por un cobarde mitómano, que se escuda detrás de un manto de impunidad que le proveen ciertas organizaciones de mercenarios apátridas, asociadas ilícitamente con el embajador de los Estados Unidos de América, quién por fortuna, saldrá próximamente del país.

Recuerden, que la unidad hace la fuerza, y que la función jurisdiccional impone no solo la obligación de respetar y cumplir la Constitución y la ley, sino que además hacerla cumplir con valor y determinación, utilizando para ello las herramientas legales y de coerción en contra de quien atente o amenace el libre ejercicio de la actividad judicial y la certeza jurídica de los fallos que emitan.

Así que, esperamos que las diversas Asociaciones de Jueces y Magistrados constituidas, el Consejo de la Carrera Judicial y el Instituto de Magistrados de la Corte de Apelaciones del Organismo Judicial, inicien a la brevedad posible una defensa agresiva del orden institucional, así como de sus agremiados, pues, si no son capaces de defender su inocencia o la función judicial que realizan, mucho menos serán capaces de defender al país, a la justicia, o, al agraviado que busca la tutela judicial efectiva.  

“A menudo, se requiere más coraje para atreverse a hacer lo correcto que para temer a hacer lo incorrecto” Abraham Lincoln.

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