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Una mala noticia

Poptun

La semana pasada se publicó el dato que algunas personas privadas de libertad han resultado positivas en la prueba del Covid-19, incluso una de ellas falleció en el Hospital Roosevelt el pasado 28 de mayo.

Este anuncio constituye una mala noticia para los guatemaltecos, por las consecuencias que implica que existan personas privadas de libertad contagiadas del nuevo coronavirus porque las cárceles constituyen el caldo de cultivo perfecto para que éste se multiplique fácilmente en nuestro país, y se desborde el caos total.

El hacinamiento carcelario en Guatemala, es crítico, pues en un espacio destinado para 6,809 personas están 26,160. Esa sobrepoblación carcelaria constituye el mayor riesgo para exceder las cifras de contagios del coronavirus en la Nación y elevar peligrosamente la curva porque en los penales no se puede respetar el distanciamiento social y las medidas interpersonales recomendadas del metro y medio.

José Miguel Vivanco, Director para las Américas de Human Rights Watch, refirió que “un brote de coronavirus en las cárceles de América Latina generaría un enorme problema de salud pública que afectaría no solo a los reclusos sino también al resto de la población”. A la vez indicó que “las autoridades aún están a tiempo, pero deberían actuar de inmediato para evitar un desastre de salud completamente previsible”.

Esta opinión merece una profunda reflexión, y ahora que se han confirmado los casos, compete accionar urgentemente, pues la responsabilidad de tener controlado el virus en las cárceles no se debe dejar exclusivamente en manos de la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP), sino que debe ser una responsabilidad compartida entre distintas Instituciones.

La DGSP no podrá obtener mayores resultados en la mitigación del virus, si no existe una cooperación interinstitucional que involucre al Congreso de la República, Ministerio de Gobernación, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, al Organismo Judicial, Ministerio Público e Instituto de la Defensa Pública Penal, para que coadyuven en la toma de decisiones en sus distintos campos para reducir el riesgo de expansión del virus en las prisiones.

Detener esos contagios nos conviene a todos los guatemaltecos, ya que si con el número de 5,087 casos que a la fecha se han reportado por las autoridades de salud, existen múltiples denuncias por parte de médicos y pacientes que revelan el colapso de los hospitales y la mala atención en salud recibida, mayor preocupación nos debe generar imaginarse un escenario con casi 30,000 personas privadas de libertad contagiadas al mismo tiempo y requiriendo atención médica, pues no hay entidad hospitalaria capaz de brindar el tratamiento médico a ese número de personas.

Una de las medidas urgentes que se deben de implementar, es la reducción del hacinamiento carcelario.  Es inexcusable buscar alternativas a la prisión en esta pandemia.  A opinión de Raúl Zaffaroni, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no reducir la sobrepoblación carcelaria puede constituir un crimen de lesa humanidad y de abandono masivo.

Esa disminución no debe abordarse como un tema político, sino como una obra de humanidad, de sentido común y conveniencia para todos, en virtud que el Estado, bajo el principio de no discriminación, está obligado a garantizar a la población reclusa, la salud física y mental. Los detenidos se encuentran bajo custodia del Estado, y por eso el gobierno debe desempeñar un papel de especial garante brindando la atención médica, caso contrario adquiere responsabilidades internacionales.

Es necesario que el Congreso retome la decisión de aprobar una ley de urgencia nacional que de forma ordenada, responsable y transparente pueda favorecer la reducción de la población reclusa, que beneficie a la mayoría de internos que se encuentran en mayor riesgo de salud, y no sólo a una minoría.

Es incomprensible que ahora que la justicia está funcionando a medio vapor, con un mínimo de su personal, y sin condiciones para administrar justicia telemáticamente, se pretenda que los jueces agilicen el proceso de reducción de sobrepoblación carcelaria que en tiempos normales nunca se ha logrado, y se aspire que se alcance con las mismas normas vigentes que operan en una justicia cotidiana, que han provocado mora judicial y acusaciones de abuso de la prisión.

Igualmente el Ministerio de Salud debe revisar los protocolos de prevención y contención del virus que la DGSP está ejecutando en las cárceles, para comprobar si son acordes a los parámetros sentados por la Organización Mundial de la Salud, y a la vez debe disponer realizar pruebas al azar de Covid-19 a los detenidos para identificar cualquier brote de la enfermedad.

Hoy más que nunca es imprescindible la toma de medidas para contener la expansión del virus en las cárceles, lo que evitará un incremento de casos positivos tanto dentro como fuera de las prisiones, y una crisis mayor del sistema de salud, lo que afectaría gravemente el acceso a la atención médica de toda la población guatemalteca.

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