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La clave de la reforma judicial

Evolución

Esta semana el presidente anunció que estaría presentando una propuesta de reforma constitucional para el sistema de justicia en el país, particularmente, en lo que concierne a la elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones.

En este momento la prioridad del gobierno debe ser atender la crisis desatada por la pandemia del coronavirus, especialmente haciendo un uso efectivo, prudente, probo, responsable y transparente de las decenas de miles de millones que se le aprobaron en nueva deuda pública y que nos llevará generaciones de generaciones para pagar. Paralelamente, ejecutivo y congreso deberán enfocarse en implementar políticas públicas que realmente contribuyan a la reactivación económica y que permitan a las personas y empresas desempleadas, al borde de la quiebra, o ya quebradas, salir de la crisis. Todo lo demás es secundario en este momento.

Una vez llegue el tiempo de retomar el tema de una reforma constitucional en materia de justicia, se debe llevar a cabo una discusión seria, honesta y profunda, velando porque los intereses ideológicos de siempre y los saboteadores que querrán perpetuar el corrupto sistema actual queden fuera de toda posibilidad de influir a su conveniencia en el proceso de reforma. El resultado debe ser una propuesta consensuada y sensata que delimite los principios rectores que deben guiar cualquier iniciativa de reforma. Y el objetivo principal de la reforma debe ser implementar mecanismos de selección de magistrados y jueces a modo de que éstos no queden supeditados o comprometidos con políticos sucios o sector alguno; o intereses ideológicos, por ejemplo.

Enfatizo, ante todo, una idea que considero es la clave principal para lograr este objetivo. No se debe renovar la corte en pleno al final de cada corto ciclo político. La independencia del organismo judicial se potencializa en la medida que los nombramientos de los magistrados y jueces no están subordinados a la influencia y poder de los políticos de turno y de los intereses detrás de ellos. La mejor forma de lograr esto es que el ejercicio de la judicatura trascienda al oleaje político cortoplacista. Para ello, la solución consiste en que se designe a un magistrado de corte suprema únicamente en el caso en que se necesite, sea por haber llegado a la edad límite, por haberse retirado o por haber dado lugar a alguna causal excepcional de remoción. Por ejemplo, si se establece una edad límite de 75 años, y a la vez se fija una edad mínima de 55 años y 25 años de ejercicio profesional para ocupar una magistratura, sucederán dos cosas.

Primero, los magistrados permanecerán en sus cargos por suficiente tiempo, independientemente de la mareas políticas, lo cual les dará mucho más independencia de los intereses políticos.

Segundo, lógicamente no todos llegarán a la edad de retiro al mismo tiempo, de manera que cuando se dé el caso, únicamente habrá que reemplazar a un magistrado, lo que permitirá a la población llevar a cabo un escrutinio muy estricto de cualquier jurista propuesto para ocupar la posición vacante. Ello ciertamente coadyuvará a que se mejore sustancialmente la calidad e idoneidad de quien eventualmente resulte seleccionado, y que no quede sólo en papel que debe ser persona con atributos de “capacidad, idoneidad y honradez”.

Esta es realmente la clave para evitar que los políticos de turno tengan una injerencia significativa en la administración de justicia, como la que ostentan hasta este momento. Otra ventaja importante de este modelo que he venido proponiendo durante mucho tiempo es que se le dotaría de estabilidad a la corte en términos de criterios jurídicos y de jurisprudencia, a diferencia de lo que sucede actualmente y que es aún más pronunciado en la Corte de Constitucionalidad, en el sentido que los “criterios” de la corte son tan erráticos, ambivalentes e inciertos como la temporalidad durante la cual se ejercen las magistraturas, y como los propios magistrados, muchas veces títeres, otras veces activistas, que las ejercen y quienes actúan a conveniencia de ciertos intereses. Les invito, pues, a analizar y difundir esta propuesta para que estemos listos para materializarla cuando llegue el momento de hacer la reforma.

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