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Controversias en la Reforma Constitucional

Poptun

El presidente de la República presentó la semana pasada una propuesta de reforma constitucional al sector justicia.

Justifica la decisión manifestando que el modelo de comisiones de postulación es un fracaso, y que antes que sea electa la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Corte de Apelaciones (CA), es necesario realizar los cambios para que la justicia no esté en manos de personas que la tienen como su feudo, aunque los nuevos integrantes tomen posesión hasta el próximo año.

El proyecto de reformas, entre otras cosas, contempla que los candidatos de la CSJ acrediten un ejercicio profesional de 15 años, que el número de estos magistrados aumente a 15 (actualmente son 13), y se cree la Cámara de Asuntos Administrativos.  Propone que los magistrados sean designados por los órganos electorales siguientes: El Presidente  en Consejo de Ministros, Congreso de la República, Decanos de Derecho y Magistrados de Salas. Cada uno de estos órganos designará 3 magistrados: Uno por 4 años, otro por 7 años y otro por 10 años. 

Respecto a los magistrados de la CA, se promueve como requisitos que el aspirante haya desempeñado la función de juez de primera instancia o el ejercicio profesional por 10 años, y que las ¾ partes de la totalidad de los nombrados provengan de la carrera judicial. El Ente encargado de realizar el nombramiento sería la CSJ quien seleccionaría entre ternas presentadas por el Consejo de la Carrera Judicial (CCJ) por cada cargo.

La elección de los magistrados no se ha podido concretar desde el año 2019, debido a los distintos amparos que se han interpuesto por diferentes motivos.  La Corte de Constitucionalidad (CC) suspendió el proceso por primera vez, en el mes de septiembre de 2019, pues el CCJ no cumplió con realizar la evaluación del desempeño a Jueces y Magistrados que se estipula en la Ley, y debió de subsanarse esa circunstancia.

Actualmente no se ha verificado la elección, por los descubrimientos que la Fiscalía Especial (FECI) contra la Impunidad del Ministerio Público (MP) advirtió en febrero del presente año.  La FECI presentó indicios sobre la posible negociación que algunos comisionados y candidatos a las Cortes sostuvieron con Gustavo Alejos, pero igualmente las Comisiones de Postulación entregaron al Congreso de la República las nóminas finales de candidatos para proceder a la elección. El MP presentó un amparo ante la CC en contra del Congreso exigiendo la anulación de la elección y reanudación total del proceso de selección.

Sin lugar a dudas, el caso penal de las comisiones paralelas del proceso de elección de magistrados del año 2014, y la investigación sobre las comisiones paralelas del 2020, siguen mostrando que es necesario cambiar el sistema de elección de los magistrados de la CSJ y de la CA, y es claro que las reformas no pueden seguir esperando, pero el proyecto de reformas presentado por el Ejecutivo no es factible en este momento y ha generado una serie de controversias y temores.

Una de las polémicas de la propuesta, se enfoca en los órganos electores que plantea. Esos órganos tendrán el poder de designar a los magistrados de la CSJ, replicando el modelo de la CC. No obstante, el Organismo Judicial a diferencia de la CC, es un organismo de Estado, y eso quebranta el principio republicano de control de poderes, que exige la independencia y separación categórica de los organismos Ejecutivo, Legislativo y Judicial con el fin de evitar la concentración del poder y mantener el equilibrio y limitación del mismo.

Otra de las críticas que se le endilgan a la proposición, es que se aleja de los estándares internacionales sobre independencia judicial. Refieren que es cuestionable que en lugar de promover un proceso democrático que permita seleccionar a los magistrados bajo parámetros objetivos de capacidad e idoneidad para que el sistema de justicia realmente alcance la independencia e imparcialidad deseada, se opte por un mecanismo eminentemente político y más perverso, con el cual continuaría capturado el sistema de justicia.

Sumado a esos conflictos, la promoción de una reforma a la Constitución no es tarea fácil, y constituye un procedimiento extenso que comprende, en primera instancia, la socialización y discusión amplia de los cambios por diferentes sectores del país. Luego la iniciativa final debe someterse a la aprobación por el Congreso, y posteriormente, debe formularse una consulta popular para que la ciudadanía la ratifique.  La reforma entra en vigencia 60 días después de convalidarse.

Lamentablemente, la idea del presidente que la elección de las Cortes se realice posterior a la aprobación de las reformas, también es inviable.  La CC ya resolvió en definitiva el amparo planteado por el MP.

En la sentencia se ordenó al MP poner a disposición de los diputados las investigaciones efectuadas en contra de los aspirantes a las distintas Cortes, para que se sirvan analizarla en el plazo de 20 días.  Asimismo la CC le impuso un plazo al Congreso para realizar la elección a viva voz.  Ordenó que los candidatos señalados en la investigación queden excluidos y que la selección de los aspirantes se realice bajo razones de idoneidad y honorabilidad.

En ese sentido, la elección de los nuevos magistrados es inminente, y no puede retrasarse hasta el 2021.  Si no se efectúa tal cual se definió por la CC, el Congreso podría incurrir en delito de desobediencia e incumplimiento de deberes.  Las reformas a la Constitución en el sector justicia son urgentes y prioritarias, pero deben ser debidamente consensuadas y nunca tomarse a la ligera.

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