El testaferro del Edificio de la Corrupción gestiona su liberación

Kidon

Usted, seguramente recordará la compra amañada de un edificio ubicado en la zona cinco de esta ciudad.

Durante la administración de la ex Fiscal General, Thelma Esperanza Aldana Hernández, por un valor de más de treinta y cinco millones de quetzales, caso por el cual, se le giró una de las dos órdenes de aprehensión, que la motivaron a salir huyendo del país.

Recordará también, que dicho edificio fue valuado por la Contraloría General de Cuentas y el Ministerio de Finanzas Públicas, en poco menos de dieciocho millones de quetzales, derivado de que se compró en obra gris, no cuenta con suficientes parqueos, los elevadores no sirven, carece de energía eléctrica, no cuenta con salidas de emergencia, tampoco con extinguidores, ni siquiera con cielos falsos, mucho menos con servicio de agua potable, la cual, se pactó que se debería comprar a la entidad Bertram, S.A, de por vida; razón por la cual, el MP aún no lo puede habitar, pues, previamente es necesario invertir otro monto similar para su finalización.

Por ello, se encuentran ligadas a proceso tres ex trabajadoras el Ministerio Público que avalaron dicha compra, la comisionista que evadió pagarle los impuestos al Estado, y el testaferro Mynor Enrique Lobos Agustín, un joven que a sus 19 años, fue el representante legal de cincuenta empresas más, incluidas unas ubicadas en Panamá y otros paraísos fiscales, cuyo capital bancario y comercial, asciende a millones de dólares, según lo determinó la unidad de análisis financiero del Ministerio Público.

Su vinculación obedece a que, Mynor, prestó su nombre, firma y cuentas bancarias para realizar la transacción ilegítima que afectó gravemente el patrimonio del Estado, ocultando a los verdaderos artífices del fraude, por lo cual, el juzgado undécimo de instancia penal le decretó prisión preventiva, primero para garantizar su vida e integridad personal, pues, tiene conocimiento de como se consumó el fraude, lo cual, podría incomodar a más de algún involucrado, y segundo para evitar su fuga u obstaculizar en la investigación, que le permita modificar, ocultar o suprimir vestigios del delito, en cualquiera de las 50 empresas mercantiles donde es representante legal y que incluso son objeto de investigación por la FECI.

Debido a ello, los abogados que le asisten han gestionado en diferentes oportunidades lograr su excarcelación y evitar así, que el testaferro se convierta en colaborador eficaz, y revele al Ministerio Público, todo el entramado que rodeó la compra del también llamado edificio de la impunidad.

Hoy, sorpresivamente el tribunal sexto de sentencia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente, integrado por los jueces Amparo de Jesús Rivas Alvarado, Rubén Armando Joachín España y Cándida Rosa Ramírez Díaz, señalaron una audiencia de revisión de la medida de prisión, con el objeto de buscar la aplicación de una medida sustitutiva en favor del testaferro, por aspectos relacionados con humanidad y salud.

Entiendo los efectos de la enfermedad que azota al país y que es un derecho humano la protección de la persona, pero en este caso, la prisión preventiva que se ordenó está fundamentada en la ley, como una consecuencia de la conducta que él mismo buscó, y por la cual, deberá enfrentar las consecuencias.

Nos llama poderosamente la atención, la celeridad del tribunal para señalar audiencia en forma personal y no de manera virtual como lo ordenó la Cámara Penal, así como el hecho de que den prioridad a esta solicitud, por sobre las que se han efectuado en favor de nuestros veteranos militares, ilegalmente encarcelados.

Ello nos hace suponer que, por algún motivo especial, los jueces que integran ese tribunal ordenaran su libertad, con lo cual, no solo se consumará la impunidad para los implicados, sino que además, dejarán desprotegido el interés estatal, el de usted apreciable lector y el de su familia, por una mala actuación judicial, que imposibilitará la recuperación del capital y su inversión en seguridad, salud, educación, alimentación, etc., lo cual, los hará solidariamente responsables por su mala actuación.

“Menos mal hacen los delincuentes que un mal juez”. Francisco de Quevedo.

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