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Filtraciones FECI (Segunda parte)

Kidon

El 25 de mayo, publiqué la primera parte de mi columna relacionada con una serie de filtraciones de información confidencial o reservada, de diversos casos que se investigan en la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, por parte de una estructura criminal organizada, integrada por Juan Francisco Sandoval Alfaro, su hermano Ronald Armando, y otros agentes fiscales de esa unidad.

Se publicó también, los delitos que pudieron haber cometido los sindicados en perjuicio de la administración de justicia y de personas investigadas, así como el modus operandi de la organización criminal, enfocada en canjear información, a cambio de prebendas económicas; hechos que la Fundación Contra el Terrorismo, puso en conocimiento del Ministerio Público, a través de la Fiscalía de Asuntos Internos, a cargo del abogado Marlon Kenneth Pacheco Rodríguez.

Por tratarse de delitos de acción pública, la fiscalía a cargo del proceso, solicitó la ratificación por parte del representante legal de la Fundación, Ricardo Méndez Ruiz, quien solicitó la práctica de diferentes medios de investigación relacionados con el audio que fuera presentado como medio de convicción, así como la escucha de posibles testigos, análisis forenses, cotejo de voces, entre otros, solicitando además, el requerimiento de medidas de coerción en contra de los hermanos Sandoval Alfaro, para garantizar su permanencia en el país y sujetarlos al proceso.

Sin lugar a duda, la investigación reveló detalles importantes sobre la posible participación de los sindicados en los hechos denunciados, pues, el sábado recién pasado en horas de la mañana, el Ministerio Público, daba a conocer la noticia sobre una serie de allanamientos que se efectuaban en diferentes zonas de la ciudad, con relación al caso denominado Filtraciones FECI.

Derivado de lo sensible de la investigación, la Fiscalía de Asuntos Internos solicitó además, la reserva del proceso, esto con el objeto de evitar cualquier fuga de información que pudiera ser aprovechada por los miembros de la estructura criminal para destruir, modificar o suprimir los vestigios del delito, así como para garantizar la vida e integridad de los sujetos procesales, pues, debido a su capacidad de organización, podrían incluso atentar en contra de la vida e integridad de los jueces, testigos, peritos y fiscales que los investigan, con tal de quedar impunes.

Que lejos están aquellos días, en que el fiscal Juan Francisco Sandoval, actuaba con total impunidad, armando casos sin sustento, quebrantado las garantías individuales de defensa, debido proceso y presunción de inocencia, persiguiendo a inocentes, allanando casas, solicitando ordenes de detención nacionales e internacionales, cometiendo ejecuciones extrajudiciales, amenazando testigos y colaboradores falaces, coaccionando jueces y magistrados y realizando aquellas pomposas conferencias de prensa destinadas a destruir la honra y reputación del sindicado y su familia.

Hoy, ese mismo fiscal es investigado por todas esas ilegalidades cometidas, junto a un miembro de su familia y otros subordinados, de quienes no me cabe la menor duda que, en esas mismas fiscalías y juzgados que un día a base de artificios cooptaron, serán juzgados y procesados, con la única diferencia que deberán enfrentar estos procesos penales solos, ya sin aquel acompañamiento impune que por muchos años les proveyó el ex comisionado Iván Velásquez Gómez y la fugitiva de la justicia Thelma Esperanza Aldana Hernández, quienes de forma remota únicamente los verán ingresar a prisión, sin poder hacer nada por ellos.

Un claro mensaje para que todo aquel funcionario público sepa y entienda, que el poder es efímero, y que más temprano que tarde, pasa factura y con creces.

Por último, hago un atento llamado a la Fiscal General, doctora María Consuelo Porras, para que mientras se tramita este y otros procesos de investigación donde está relacionado el fiscal Sandoval, sea suspendido de su cargo, primero, para garantizar que la investigación se realice de forma objetiva e imparcial, y segundo, porque es ilegal y anti ético que un agente fiscal sobre quien pesan graves indicios de haber cometido hechos delictivos relacionados con actos corrupción, continúe al mando de una fiscalía realizando investigaciones.

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