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Deber del Congreso

Teorema

Más que sobrevivir a la pandemia se trata de sobrevivir al gobierno.

Los diputados al Congreso de la República deben decidir si amplían o no, el actual “Estado de Calamidad Pública”. De hacerlo, esta sería la quinta vez que se restringen los derechos individuales. La primera ampliación fue el 11 de marzo pasado, así que se completarían 150 días de vida ciudadana parcialmente al margen del ordenamiento constitucional.

Las razones para solicitar la nueva ampliación son, con otras palabras, las mismas utilizadas las cuatro veces anteriores. Que sean iguales, significa que las metas no fueron alcanzadas. Quizá no fueron metas sino solo justificaciones.

Mediante “Estado de Calamidad Pública”, el Gobierno actúa al margen de su obligación de respetar el pleno goce de los derechos que la Constitución garantiza a los habitantes del país.

Cuando tuvimos el Gobierno de facto de 1982-83, se emitió un “Estatuto Fundamental de Gobierno” que hizo las veces de Constitución.

En su capítulo V se refería a las garantías individuales y derechos de los ciudadanos. Había deficiencias, es cierto, pero ahora no tenemos ni eso. Estamos en un estado de total indefensión legal ante eventuales abusos del Estado en quien hemos delegado nuestra soberanía.

El Presidente, a cargo del Gobierno, ha asumido poderes especiales, gobernando por medio de “Disposiciones Presidenciales” que por su propia naturaleza son arbitrarias y algunas veces improcedentes e incluso lesivas a los intereses ciudadanos. Disposiciones que, incluso, exceden lo que la Constitución permite dentro de un Estado de Calamidad Pública”.

La Constitución le manda dar cuenta al Congreso de lo dispuesto, de manera inmediata para que este las apruebe en sus sesiones posteriores. No lo ha hecho y el Congreso no se lo ha exigido. En ese sentido, ambos organismos han violado la Constitución.

El mismo Vicepresidente de la República ha sido marginado de la conducción del Gobierno. Se ha cambiado a ministros y a otros altos funcionarios arbitrariamente. Se han creado entidades que antes no existían, designando a sus dirigentes al presidencial antojo.

El Presidente ha recibido fondos extraordinarios mediante una ampliación presupuestal y préstamos. Entiendo que el monto se encuentra muy próximo a la mitad de los ingresos fiscales recaudados en años recientes. Es una cantidad enorme de dinero, en adición a los gastos ordinarios.

Hay evidencia de que el gasto, en varios rubros, ha sido manejado de manera irresponsable y arbitraria. Pareciera que el Presidente ha actuado como si hubiera estado manejando fondos propios. El Congreso debe pedir a la “Contraloría General de Cuentas” hacer una investigación minuciosa al respecto.

La Contraloría debe presentar sus hallazgos en un informe específico de esa gestión, adicional al reporte semestral que tiene obligación constitucional de ofrecer a los diputados.

De haber anomalías importantes, el Congreso habrá de dar acompañamiento a la Contraloría para que las presente al Ministerio Público para que éste inicie las gestiones legales que corresponda.

Ha contraído deudas cuantiosas que nosotros o nuestros hijos o nietos algún día habremos de pagar, sacrificando nuestro bienestar. Los créditos fueron solicitándolos para un destino específico. Pero algunas veces fueron destinados para otro fin.

La economía del país está, en gran medida congelada. Muchas empresas han cerrado de manera permanente. Hay quiebras por doquier.

No hay transporte público. El paso entre algunos departamentos ha estado prohibido. Se ha llegado a requerir un permiso especial, una especie de visa, para ir de Guatemala a Antigua, por ejemplo.

Muchos trabajadores en la economía informal están vedados de ejercer su derecho al trabajo. Hay pérdida de empleo formal e informal y mucha gente vive encerrada careciendo de alimentos, medicinas y servicios.

El caos que vivimos, solo en mínima parte deviene de la epidemia. Las decisiones de un gobierno empeñado en evitar que crecieran las infecciones, pero incapaz de conseguirlo, han causado la mayor parte del laberinto donde nos encontramos.

A cada fracaso del gobierno hubo nuevos controles que castigaron cada vez con mayor dureza a la población. Lo que pudo ser visto, al menos al término de la primera cuarentena, como una infección viral que podía ser tratada con medicamentos populares existentes, fue concebido como una enfermedad cuya mortalidad era mucho mayor.

En vez de ofrecer los mejores cuidados y ayuda a la población de mayor riesgo (por edad o enfermedades previas), el gobierno buscó inútilmente cuidar de todos. Las que pudieron ser buenas intenciones del presidente habrían de merecer un aplauso si hubiera tenido éxito. Ante el fracaso, solo son equivocaciones que han comprometido gravemente el presente y el futuro de la nación.

Personalmente, pienso que el Presidente debiera renunciar y dejar el gobierno en manos del Vicepresidente dentro del proceso que establece la Constitución y que ya fue puesto en juego en septiembre de 2015. Pero dudo mucho que lo haga. La entereza para reconocer sus propios errores no parece formar parte de su carácter.

Cada día habrá más contagiados, hasta llegar a un número que alcance a más de dos tercios de la población. Con la dirección que el gobierno da a la crisis, cada día podría haber más muertes innecesarias. Usted y yo, así como el resto de la población, nos podemos cuidar a nosotros y a nuestras familias de mejor manera que como lo ha hecho el gobierno. Más que sobrevivir a la pandemia se trata de sobrevivir al gobierno.

Hoy, lo concreto a hacer, corresponde al Congreso. Es su deber, en representación de sus electores, devolver a los guatemaltecos sus derechos constitucionales, denegando la solicitud de ampliar el actual “Estado de Calamidad Pública”. Es imperativo regresar a un Estado de normalidad constitucional para superar la situación actual.

Si un niño está jugando con un revólver cargado, no se negocia con él. Es imprescindible quitárselo.

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