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Congreso y Corte de Constitucionalidad: BASTA YA

Evolución

Actualmente el Congreso de la República y la Corte de Constitucionalidad se encuentran en un pulso de poder político.

Por su lado, el congreso insiste en continuar el trámite de un antejuicio que le fue remitido por una corte suprema integrada con suplentes, con relación a una denuncia promovida en contra de varios magistrados de la corte de constitucionalidad, pese a que dichos magistrados se auto ampararon para evitar dicho proceso. Y dado que el congreso hizo caso omiso de remitirle el original de dicho expediente, como fue ordenado en el referido auto amparo para evitar su continuidad, la corte de constitucionalidad ha certificado lo conducente ante el Ministerio Público para que deduzca las responsabilidades a los miembros de la comisión permanente del congreso por no haber acatado sus órdenes.

Digo que el pulso es político porque lo jurídico fue tirado por la borda desde hace meses.

Para quienes erróneamente confunden lo jurídico con el formalismo legalista, por supuesto que la corte lleva las de ganar, puesto que formalmente tiene la última palabra en cualquier amparo que se presente sobre el tema, incluida la posibilidad de cometer la sinvergüenzada de auto ampararse para garantizarse absoluta impunidad. Ahora bien, lo jurídico, en sentido propio, es cuanto más complejo. La corte de constitucionalidad es en buena medida responsable de esta crisis desde que ha venido profiriendo una tras otra resolución antojadiza, arbitraria, ilegal, inconstitucional y que realmente solo han dejado en evidencia el activismo ideológico y defensa de ciertos intereses políticos que sistemáticamente han impuesto desde su virtual trono. Ello no significa, desde luego, que el proceso de integración de la corte suprema de justicia y corte de apelaciones, que debió haber concluido en octubre del año pasado, no haya sido en buena parte cooptado, ensuciado y corrompido por intereses oscuros que, como siempre, permean las comisiones de postulación y el propio congreso, a efecto de lograr que se nombren jueces afines a estos grupos delincuenciales.

En plena crisis, en la cual la economía ha sufrido una caída sin precedentes, la clase política del país se enfrasca en una pugna de poder y de egos, de la cual lo que resulta sacrificado es la justicia y el endeble sistema republicano. Ese que requiere alternancia en el ejercicio del poder, independencia judicial genuina, separación de poderes con contrapesos efectivos y, sobre todo, la sumisión de todo funcionario público al imperio de la ley, incluidas las propias cortes. Exigimos tanto al Congreso de la República como a la Corte de Constitucionalidad que asuman el papel que les corresponde con seriedad y responsabilidad, y que den una salida sensata y expedita a esta crisis, dejando a un lado sus actitudes obstinadas y antijurídicas que más bien parecen berrinches. Y, a la población, cuando sea el momento prudente, sentémonos en serio a analizar, discutir y consensuar una propuesta de reforma al sistema de justicia, incluida la propia corte de constitucionalidad, que tienda a garantizar la independencia judicial de influencias políticas e intereses oscuros, dentro de un contexto de frenos y contrapesos efectivos y funcionales entre los poderes del estado, de manera que exista tanto independencia en la administración de justicia como certeza de sometimiento a la ley de todos y cualesquiera funcionarios, incluidos los propios jueces.

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