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La ética necesaria en cualquier función pública

Barataria

“Si las cosas que yo destruí, las mismas quiero volver a edificar: Soy transgresor”

A nivel global, incluyendo a Guatemala tenemos una crisis sanitaria causada por el Covid-19, una crisis económica que se avecina y por si fuera poco, en el país estamos a punto de llegar a una crisis institucional que probablemente de llegar, podría socavar los frágiles cimientos de la República.  Aunque en la crisis institucional en la que nos encontramos inmersos parece inevitable que nos enmarquen entre uno u otro bando por más objetivos que seamos porque, en nuestro país así parece que se dirime la problemática social.  Como diría mi buen amigo Daniel Herrera “Señores esto no es futbol, para apoyar a rajatabla al enemigo del equipo que nos cae mal”.  Y es que, en Guatemala, parece ser que no existe  objetividad para observar y opinar sobre los problemas sociales, sino que cual partido de futbol vemos con mucho fanatismo los conflictos, que no nos importa si estamos perdiendo el norte y nos acercamos a lo ilegal, con tal de que uno u otro lado pueda parecer más correcto sin percibir que hay más de fondo en el asunto.

A partir de la existencia de las redes sociales como canales de expresión popular, hemos caído en la trampa de opinar sobre todos los problemas sin considerar las aristas que tienen.

En el caso de la crisis sanitaria hemos visto cómo el juego de la información ha sido demasiado perverso de tal manera que nos hemos dado cuenta cómo el anterior Ministro de Salud Pública y algunas veces el presidente de la República comparecía en la televisión nacional y redes sociales para anunciar un número de pacientes afectados por el Coronavirus que no era el real, dicho en otras palabras nos mintieron y engañaron en nuestras propias narices,  y al Ministro saliente se le premia no despidiéndolo del ejecutivo, sino trasladándolo a otro puesto.  Con esto nos podemos dar cuenta que el aspecto ético y honorable a los funcionarios anteriores literalmente no les importa.

Finalizamos el mes de Junio e iniciamos Julio, con una crisis institucional que ha causado un enfrentamiento sin precedentes entre la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad y el Congreso de la República, últimamente se ha sumado a este problema el Ministerio Público.  Es evidente, aunque así no lo querramos aceptar que las personas que ejercen la función pública en estas instituciones y que se han visto envueltos en la problemática son parte y representan a grupos de poder que se mueven tras bambalinas provocando esta crisis.  En un país la lucha de poderes que podemos denominar fácticos o de hecho porque no se encuentran institucionalizados, actúan fuera del marco jurídico y las instituciones al ser cooptadas por ellos son instrumentalizadas para uno u otro propósito lo cual ha creado una desestabilización que erróneamente algunos perciben que es de ahora, sin embargo ya llevamos más tiempo con esta serie de problemas y enfrentamientos.  Muchos claman a los cuatro vientos que es una lucha contra la corrupción y otros claman a los cuatro vientos que hay instituciones cooptadas.

Lo cierto es que ninguno de los involucrados tiene la verdad absoluta, porque en la mayoría de casos los funcionarios de las instituciones han faltado altamente a la ética en la función pública.

Muchos alegan los aspectos legales de las resoluciones e incluso el Congreso a través de la Junta Directiva y una Comisión Pesquisidora ad hoc formada para conocer antejuicio contra Magistrados del Tribunal Constitucional alegan de que no se deberán acatar órdenes ilegales.  Sin embargo no podemos olvidar que el problema ético en Guatemala es alto, hay una carencia de ética en los funcionarios públicos (aparte de lo corrupto, marrullero, inmoral y hasta delincuencial actuación de algunos), que hace que al observar objetivamente el problema debemos de comprender que la actuación de las instituciones involucradas en esta problemática deja mucho que desear.  Yo sé que cualquiera que escriba sobre esta problemática poniendo los puntos sobre las íes siempre va a ser impopular, porque si habla sobre la actuación de los Magistrados Constitucionales quienes tampoco son ángeles van a decir que se está a favor de la corrupción y de personajes indeseables como el tal Felipe Alejos.  Si se habla a favor de los Magistrados Constitucionales, van a decir que se está a favor de los grupos de izquierda que tienen cooptada la Corte de Constitucionalidad y que quieren cooptar todo el Estado.  Pero lo que sí debemos de comprender es que no se trata de estar a favor o en contra de algunos, no se trata de tomar bando sobre esta problemática sino de ver objetivamente que la actuación de algunas personas es una transición de cuestiones éticas, morales hasta actos ilegales.

Es lamentable que bajo esta problemática algunos “expertos” afirmen que la actuación de los Magistrados de la Corte de Constitucional, puede que no haya sido ética al no inhibirse de conocer un amparo cuyo resultado les beneficiaría a sí mismos pero que “legalmente” no estaban obligados a ello imagínense que una persona es juez y parte en el mismo proceso y no se aparte de él, porque legalmente no está obligado su resultado raya en una conducta ética reprochable, porque aunque la ley no le obligue su conciencia y ética debería poder más. Por allí hay quienes quieren “suavizar” este problema ético de los Magistrados Constitucionales al invocar el principio de Necesidad de Bengalore… perdón señores “expertos” pero esa Corte cuenta con 5 suplentes más, aparte de que existió una agilidad tal para resolver este amparo que se realizó en cuestión de horas, ojalá así sea para el guatemalteco común y corriente que acude a la vía del amparo y tiene que esperar literalmente años para que se le resuelva un caso y muchas veces se deniega el amparo con argumentaciones estúpidas muchas de ellas “cajoneras” sacándolas de una computadora con el famoso “copy paste”.  En fin, queremos defender a toda costa un acto carente de ética en pro de la lucha contra lo corrupción lo cual es inaceptable desde todo punto de vista, hay que ser objetivos y saber que la corrupción no se combate con falta de ética y con actos que caminan en la línea de lo ilegal, porque entonces estamos siendo igual o peor que quienes abiertamente desobedecen las resoluciones judiciales o actúan como siempre al margen de la ley.

Instituciones como la Corte Suprema de Justicia, aparte de que los Magistrados que la ocupan se encuentran en ella sin legitimidad ya que su periodo constitucional venció hace tiempo, tenemos el problema que sus integrantes han sido cuestionados seriamente por lo que su actuar puede enmarcarse en una falta de ética evidente, puesto que haber resuelto admitir para su trámite un antejuicio no es un acto ilegal, sea que se plantee en contra de una autoridad o juez, puesto que si se resuelve de conformidad con la ley esto no constituye la ilegalidad, sin embargo lo que sí es cuestionable es la mencionada cuestión ética que reviste la resolución puesto que es evidente que confluyen intereses que pueden dar lugar al cuestionamiento en el que actualmente están.   Del Congreso de la República, ni se diga más, nuestro país va a tener (salvo honrosas excepciones) Diputados de pacotilla, aquellos que llegan al congreso con extremados compromisos y defienden a capa y espada cualquier situación sea que abiertamente constituyan actos de corrupción o bien pueda confluir intereses.  Estos diputados en realidad no representan los intereses de los guatemaltecos (como dije, salvo honrosas excepciones), representan los intereses de quienes los pusieron allí, de los que se creen dueños de los partidos políticos ya sea porque los han financiado hasta la saciedad o bien porque los constituyeron, compraron o los mantienen.  En tanto no se cambie este sistema político y se democraticen los partidos políticos y sean de verdad instituciones ideológicas y no empresas electorales, siempre vamos a tener diputados desvergonzados que siguen cual perrito faldero las instrucciones de ciertos personajes; para muestra un botón ha llegado al colmo de que para votar por rechazar el veto presidencial de un decreto únicamente un diputado votó a favor, lamentablemente es el actual “presidente” de ese organismo del estado.  Muchos creen que llegando nuevos diputados el Congreso de la República cambiará, pero vean al personaje antes mencionado que en su primer periodo “fue puesto en el cargo” por una alianza entre el oficialismo y otros grupos, y que sigue las mismas mañas y eso es que es un diputado distrital, ya se imagina aquellos que llegan por listado nacional que no les dan cuenta a ningún segmento poblacional.

Cuando no hay ética en la función pública vamos a ver siempre funcionarios públicos, diputados, magistrados actuar al límite de la ley, actuando descaradamente aunque parezca que defiendan intereses del país, pero que en realidad actúan bajo la agenda de grupos de poder que han instrumentalizado estas instituciones y que ahora las han colocado en el campo de batalla para minar la poca democracia y malnutrida república que nos queda.  Muchos enarbolan la bandera de la anticorrupción, otros enarbolan la bandera del nacionalismo, otros enarbolan la bandera de la legalidad, pero ninguno enarbola la bandera de la ética y la transparencia, es por ello que muchos caen en la premisa de San Pablo: “Si las cosas que yo destruí, las mismas quiero volver a edificar: Soy transgresor”.

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