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Apremia servicio judicial seguro para todos

Poptun

Murió el primer juez guatemalteco por causa de COVID-19.

Su muerte, y la muerte de otros trabajadores a causa del virus, así como los más de cien contagiados que forman parte del Organismo Judicial, conlleva un mensaje contradictorio al Protocolo de Prevención Covid-19 impulsado por ese Organismo de Estado y dirigido al personal y usuarios en el marco de la presente pandemia.

El elevado número de contagios y la muerte de dichas personas, sobrelleva una misiva incompatible, puesto que es evidencia clara que no se cumplen las disposiciones emanadas, ya que, diferencia de otras dependencias del Estado, el Organismo Judicial es una de las Instituciones públicas que más casos reporta entre sus trabajadores, lo que es paradójico si se verificaran rigurosamente las medidas decretadas por el Comité de Emergencia de esa Institución.

El incumplimiento del Protocolo no se deriva de la actitud asumida por el personal judicial como muchas veces se ha pretendido hacer creer a la población, sino especialmente proviene del insuficiente apoyo, respuesta y seguimiento que brindan las autoridades de ese Organismo de Estado frente al coronavirus, que no es expedita, menos concisa, ni con el contenido deseado de previsiones y perspectivas. 

El Protocolo dispone que las medidas que deben de adoptarse en caso que un trabajador de ese Organismo sea Covid-19 positivo, es que se pondrá en cuarentena el círculo de personas con las que haya tenido contacto el trabajador.  Así mismo, señala que debe efectuarse la desinfección de la dependencia. Sin embargo, esas medidas difícilmente se ejecutan inmediatamente, y en algunos casos nunca se consuman, puesto que se prefiere esperar si el personal desarrolla los síntomas de la enfermedad, sin considerarse que puedan ser asintomáticos, por lo que se falla con romper con las cadenas de contagio.

Se comprende la necesidad de acceso a la justicia, pero se debe procurar que la prestación del servicio sea seguro para todos, tanto laborantes como usuarios.  Extraña mucho la nula empatía de las autoridades judiciales que no toman en cuenta la calamidad en la que nos encontramos y que no asumen una postura favorable de igual forma a sus trabajadores. No les brinda los insumos sanitarios ni equipos de protección, y en cambio se amenaza a jueces con la Supervisión General de Tribunales para que se preste el servicio sin observar el distanciamiento social, así como se intenta incriminarlos por la supuesta negativa a realizar la desinfección y fumigación de las sedes judiciales.

En una situación tan caótica como la que vivimos a causa de la pandemia, se debe practicar la empatía que significa situarse exactamente en el sufrimiento o en los zapatos de los demás, pero en este momento hay ausencia de ese valor en la Corte Suprema de Justicia. Los funcionarios y auxiliares judiciales se sienten y viven inseguros, y a la vez sufren por la indiferencia de sus autoridades.  Están conscientes que prestan sus servicios con insumos procedentes de recursos propios, pero sin las medidas de seguridad e higiene ocupacional adecuadas y expuestos al contagio del virus.

Los riesgos de infección se trasladan a los usuarios del sistema judicial a causa que los juzgados y tribunales se convierten en lugares de alto potencial de contaminación.  Esa situación es preocupante cuando observamos incremento de muertes de diversos profesionales del derecho en estos tiempos de epidemia, lo cual podría ser a causa del virus provocadas por las escasas medidas sanitarias y de prevención que existen dentro de los órganos jurisdiccionales.

Definitivamente, la prestación del servicio de justicia frente al Covid-19 apareja riesgos para la vida y la salud del personal judicial, sin embargo, esos riesgos se minimizarían si se cumplieran inflexiblemente las normas de prevención decretadas por el propio Organismo Judicial.  En esa medida, es necesario que ese Protocolo se cumpla, pero fundamentalmente es ineludible que esa Institución provea todos los suficientes insumos sanitarios y de protección a su personal de forma ágil y oportuna, para evitar más infecciones en las sedes judiciales y víctimas mortales.

Actualmente el gremio de jueces y demás personal judicial está consternado por esa alta  cifra de contagios y por las muertes que el virus ha provocado dentro de sus filas.  Esperan que esas defunciones no sean en vano y sean motivo para que las altas autoridades tomen cartas en el asunto, e implementen todas las medidas de seguridad y resguardo ocupacional para que el desempeño de las funciones jurisdiccionales se realice de forma segura, garantizando el acceso a la justicia, pero asimismo la salud y vida del personal del Organismo Judicial.

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Mireya Batún Betancourt

Abogada, Notaria y Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, postgrado en Criminología, especialista en ejecución penal con estudios en Doctorados de Ciencias Penales y Derecho Constitucional Internacional.

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