Fiscal Stuardo Campo Aguilar

Kidon

Todo ese caudal de virtudes que poseía el intrépido fiscal, rápidamente fueron anuladas.

Conocí al agente fiscal Stuardo Ernesto Campo Aguilar, a mediados del año dos mil dieciséis, cuando se desempeñaba como jefe de la fiscalía de asuntos internos del Ministerio Público, e investigaba al jefe de la unidad de Derechos Humanos, Orlando Salvador López, un ebrio consuetudinario que asesinó a una persona en el departamento de Zacapa.

La primera impresión del fiscal Campo, fue la de un abogado preparado, hábil, culto, con una excelente presentación y un don de mando y conocimiento total de los casos, lo cual, nos dio la confianza y tranquilidad de que las denuncias tendrían grandes avances que permitirían desarticular a las mafias que operan en diferentes fiscalías.

Desafortunadamente, la emoción duró muy poco pues, todo ese caudal de virtudes que poseía el intrépido fiscal, rápidamente fueron anuladas por las autoridades de la época, a quienes por desgracia se sometió incondicionalmente, lo cual originó la debacle total de esa fiscalía, pues, luego de ello, se materializaron los niveles más grandes de impunidad en el Ministerio Público.

Ese sometimiento incondicional le valió para ser ascendido como fiscal regional, aún cuando no cumplía las condiciones requeridas por la ley para ello, por lo cual, además de la denuncia que le presentamos, la actual administración lo trasladó a la jefatura de la fiscalía contra la corrupción, una unidad encargada de ejercer la persecución penal en casos de robos, desvío de recursos, hurtos, malversación o dilapidación del patrimonio estatal.

Esa nominación, fue convenientemente aprovechada tanto por el fiscal Campo, como por sus antiguos jefes y grupos afines, quienes a partir de esa fecha han utilizado los servicios de esa fiscalía con un doble propósito, por un lado, proveer impunidad en favor de sus aliados político-ideológicos que son denunciados por hechos de corrupción, y por el otro, como herramienta de persecución penal en contra de cualquier opositor a sus intereses.

Cito como ejemplo, las 8 denuncias presentadas en esa fiscalía en contra de la ex ministra de salud pública, la doctora Lucrecia Hernández Mack, por diversos delitos que van desde incumplimiento de deberes y abuso de autoridad, hasta malversación, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias, dentro de los procesos identificados bajo los números: MP001-2017-59834, 55936, 53896, 47437, 34386, 29015, 28617 y 1309; así como, las que están relacionadas en contra de los diputados Orlando Joaquín Blanco Lapola y Jairo Flores Divas, sindicados de graves hechos de malversación, cuando laboraron en el Fondo Nacional Para la Paz, en los proyectos públicos denominados “Pollos Pelucos” y “Vivienda”, por cientos de millones de quetzales, dentro de los expedientes MP001-2015-104387 y MP001-2015-102687, respectivamente, donde la Fundación Contra el Terrorismo es denunciante.

Tal vez, la protección oficiosa del fiscal Campo radique en que la exministra es sobrina de la representante legal de le Fundación Myrna Mack, una alidada incondicional de la exfiscal Thelma Aldana, y en el caso de los diputados, porque posiblemente responda a los intereses de la señora Sandra Torres y otros activistas de la UNE, o por algún otro propósito o beneficio que deberá ser investigado.

Por ello, sorprende la celeridad con que actúa en ciertos casos de interés, donde incluso se toma la molestia de litigarlos mediáticamente y hasta de pretender criminalizar a los jueces que no cumplen sus caprichos, olvidando el fiscal, primero que los casos se litigan en los tribunales y no en los medios de comunicación; segundo, que los jueces tienen la facultad constitucional para otorgar o denegar las medidas solicitadas por las partes, según las constancias procesales; y tercero, porque que las resoluciones que no sean del agrado de los litigantes son objeto de impugnación con miras a intentar revertirlas. Debido proceso que le dicen.

Es indignante, que este servidor público que una vez actúo con objetividad e imparcialidad hoy represente los intereses de fundaciones, Ong´s, prófugos y políticos de la más baja escala moral y legal y que, con tal apañar sus actos de corrupción, deje desprotegido el interés del Estado y de sus habitantes.

Quedaremos pendientes fiscal Stuardo Campo, del desarrollo de las investigaciones antes relacionadas, las cuales esperamos que también sean judicializadas y solicitados los antejuicios respectivos, así como las ordenes de aprehensión, allanamientos y diligencias urgentes, pues, en caso contrario, usted y los auxiliares que los tramitan, serán solidariamente responsables no solo del delito de denegación de justicia y consecuentemente de generar impunidad, sino que además, del daño al patrimonio del Estado.

“No hay peor tiranía que la que se ejerce a la sombra de las leyes y bajo el calor de la justicia”. Charles Louis de Secondat.

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