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Juan Francisco Sandoval: Una amenaza a la independencia judicial

Kidon

La independencia judicial, es una garantía constitucional que asegura que los procesos se tramitarán, conocerán y resolverán con imparcialidad y objetividad, a fin de lograr la tutela judicial efectiva, pilar de todo sistema democrático.

De la misma forma, protege a los jueces y magistrados para que los fallos que emitan en ejercicio de su cargo sean respetados, estableciendo el mecanismo jurídico para impugnarlos en caso exista alguna contradicción, o no sean del agrado de los sujetos procesales, pero jamás a través de acciones penales ni de la criminalización mediática.

Es por ello, que la Constitución Política de la República, es muy celosa al indicar que los jueces y magistrados no podrán ser perturbados en el ejercicio de su función o cargo, y en caso suceda, la Constitución también establece la forma en que debe castigarse al tirano que pretenda atentar en contra del poder judicial y sus principios.

Actualmente hemos visto con mucha preocupación, como esta garantía judicial ha sido vilipendiada, en principio por el fallido experimento internacional, qué, bajo el supuesto de combatir la corrupción e impunidad, amedrentó, persiguió y encarceló a diferentes jueces y magistrados por resolver de conformidad con la ley, y luego, por el agente fiscal Juan Francisco Sandoval Alfaro, quien con ínfulas de grandeza y en total abuso de autoridad, pretende someter a su sabor y antojo a un poder soberano del Estado.

La intención de los esbirros de la FECI no es más, que implantar una dictadura judicial típica de la que se vive países de corte socialista como Cuba, Venezuela o Nicaragua, donde las judicaturas y magistraturas son utilizadas como verdaderas trincheras de guerra, desde donde se lanzan los más cruentos ataques en contra de cualquier enemigo u opositor político o ideológico.

Por fortuna, varios jueces y magistrados con mucho valor y determinación decidieron no plegarse a los intereses de los enemigos de la libertad, y en su lugar, resolver de conformidad con la ley los asuntos sometidos a su competencia, lo cual les generó la presentación de sendos antejuicios infundados, así como una crítica desmedida por parte de obscuros sectores de la sociedad.

Otros, debido un simple y calumnioso informe que fuera urdido en las entrañas de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad junto a activistas de la supuesta sociedad civil, fueron cobardemente atacados, con el claro propósito de lograr defenestrarlos de sus cargos, para ceder esos espacios a diversos abogados afines a sus perversos intereses ideológicos.

Lo extraño de esta maliciosa persecución es, que ni la FECI, ni los grupúsculos que la llevan en andas, se inmutaron ante las acciones ilegales llevadas a cabo por parte de la Corte de Constitucionalidad, luego de que cuatro de sus magistrados se “auto ampararan” para detener un antejuicio promovido en su contra, así como por amparar a una juez carcelera, bajo el argumento de que las resoluciones emitidas en el ejercicio del cargo no causan responsabilidad penal. Vaya paradoja.

Ante el ataque a la institucionalidad del país, se hace necesario que el Procurador General de la Nación, como abogado del Estado, inicie las acciones jurídicas tendientes a defender y garantizar no solo la independencia judicial mancillada por malos fiscales, sino que también, el acceso a una justicia pronta, cumplida, objetiva e imparcial, pues, en caso contrario, será solidariamente responsable de la debacle del sistema de administración de justicia del país.

8°) Ten fe. Ten fe en el derecho, como el mejor instrumento para la convivencia humana; en la justicia, como destino normal del derecho; en la paz, como sustitutivo bondadoso de la justicia; y sobre todo, ten fe en la libertad sin la cual no hay derecho, ni justicia, ni paz”. 8vo mandamiento del abogado. Eduardo Couture.

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