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Las rusas Bitkov

Barataria

En Guatemala la Justicia no es la diosa Temis, sino es una prostituta que se vende al mejor postor.

En la aplicación en el derecho penal se establece que la misma debe prevalecer la proporcionalidad al daño causado, la reinserción del sindicado y sobretodo la rehabilitación y reeducación de quienes por alguna razón han transgredido las leyes y sobre todo la protección de garantías fundamentales y son de observancia obligatoria en todo Estado de Derecho.  Esta semana supimos que la Sala Jurisdiccional ratificó la condena para dos ciudadanas rusas, quienes al emigrar adquirieron documentos falsificados a una red de guatemaltecos utilizando la debilidad de las instituciones en el país usan el sistema a su sabor y antojo para realizar estos actos.  Así esas personas Irina y Anastasia, tendrán que pagar dieciocho años de su vida en prisión lo que supone casi que la vida y juventud de ambas en un caso que además de ello, esta sesgado como muchos otros ideológicamente.

Es recurrente ver casos en Guatemala en donde la justicia parece que se ensaña con casos que cuyo daño social es menor, pero es demasiada complaciente con casos cuyo daño social es mayor.   En mayo de 2018 se realizó una redada de sindicados de extorsión en donde resultó involucrado un militar de apellido De León a quien el Ministerio Público acusaba de haber lavado dinero producto del crimen, durante cinco años la suma de más de 13 millones de quetzales, sin embargo el citado militar salió con medida sustitutiva y más de dos años después ni siquiera fue condenado probablemente ni se le siguió el caso. O como el caso de los empresarios de la línea que también fueron corruptores del sistema de aduanas y que se les beneficia con criterios de oportunidad pagando una multa a de menos de diez mil quetzales que no representa ni siquiera el diez por ciento de lo que se beneficiaron, pero que se considera que ingenuamente cayeron en el sistema.  Así podemos mencionar acusados de narcotráfico, acusados de corrupción,  como se dio recientemente en el caso del famoso libramiento de Chimaltenango en dónde ni se ordenó la captura de un ex Ministro de Comunicaciones, en virtud que el Juez indicó que el funcionario había actuado en ejercicio de su cargo aunque haya avalado la corrupción.  Por otro lado hemos sabido de casos como el del señor José Calí de Cantel, Quetzaltenango a quien le condenaron a 12 años de prisión inconmutables por haber hurtado poco menos de quinientos quetzales de una parroquia o el caso de Amílcar Aguilar de Jalapa, quien estuvo preso varios días por robar pan.  Aunque no lo creamos no se trata del famoso Jean Valjean de la celebre novela Los Miserables de Víctor Hugo, pero en pleno siglo XXI tenemos casos que no se han superado.

Casos como este y como otros más demuestran que en Guatemala la justicia tiene dos caras: Una Justicia con venda en los ojos para aplicar implacablemente la ley a quien no tiene los favores de sectores dentro del sistema judicial y que por falta de recursos económicos o por otros aspectos recibe lo que se llama “todo el peso de la ley”, con condenas con el máximo de prisión.  Por otro lado, tenemos una justicia sin venda en los ojos, que antes de aplicar la ley ve a los lados espera recomendaciones, influencias y recursos económicos para que al aplicarla parezca que la ley si funciona, pero que en realidad no es así porque vemos cómo este tipo de justicia descompone el sistema.

Hay muchos ejemplos de esto y los seguiremos viendo, porque en Guatemala la Justicia no es la diosa Temis que representa un orden que debe aplicarse sin miramientos a todos, sino es una prostituta que se vende al mejor postor y que no tiene ningún orden establecido, porque para esta justicia de nuestro país, dependiendo de quién sea así se aplica la ley.  Lo vemos en las fiestas que se han realizado durante esta pandemia en donde a unos capturan y llevan a prisión en el momento, mientras que a otros les avisan de que se vayan y non los llevan a prisión.  Incluso en el caso de la famosa mueblería O3 casualmente se giran ordenes de captura y se ejecutan contra personas sin influencia quienes pasan por la carceleta de tribunales antes de que se les otorgue medida, en tanto otros que tienen más recursos se presentan y luego se les otorga medida.  Lo peor de todo es que este sistema judicial guatemalteco que hace acepción, hace diferencia, no es el sistema de justicia que esperamos.  No queremos un sistema judicial que beneficia a algunos por sus influencias, su dinero, su raza o su posición social; ni queremos un sistema de justicia que para que se perciba que funciona en la sociedad se ensañe contra unos, les aplique la ley de manera implacable y que con otros sea tan blando que las condenas parezcan palmaditas en la espalda.

En el propio caso de las rusas, podemos entender que este caso no deberá ser paradigmático para representar al sistema judicial que tenemos como un sistema fuerte y sólido porque eso lo que haría es que entendiéramos hipócritamente las conductas de los inmigrantes que van de un país a otro con el afán de empezar de nuevo que de por sí eso es algo difícil y complicado. Hablamos de que el Presidente Trump en Estados Unidos tiene una política muy reacia hacia los miles de guatemaltecos que están allá y nos dolemos cuando vienen vuelos cargados de connacionales que se fueron de aquí no por su propia voluntad, sino porque el sistema les obligó a partir de este país sin oportunidades y que al llegar a Estados Unidos hacen lo que pueden mientras se encuentran “ilegales” (término peyorativo para decir que son inmigrantes irregulares), muchos de ellos consiguen documentos falsos, Green Card o licencias de conducir falsas para poder obtener un trabajo o sentirse un poco más seguros, pero no se puede decir que estos son delincuentes por ello, sino que es la necesidad de sobrevivencia la que los arroja a este tipo de situaciones.  Solo quien ha estado en otro país y ha visto de cerca el fenómeno migratorio puede atestiguar de estos casos que se ven y en realidad son cuestiones a las que muchos inmigrantes se ven obligados a someterse pero que no cometen delitos, no roban, no violan, no asesinan, no se unen al crimen organizado, simplemente quieren una vida nueva en otro país ¿Qué hay de malo en ello?  Y considero que las ciudadanas, en todo caso no son más que inmigrantes que, ciertamente habrán cometido dos delitos, pero la condena a las que se les ha sometido implacablemente arruina sus vidas de una manera más que cruel, porque imaginemos que según el peso de la ley condenándoles a la pena mínima para el delito de homicidio es de 15 años, imaginemos que a estas dos ciudadanas rusas les han condenado a 18 años de prisión es decir una pena superior a la mínima en caso de homicidio y qué fue lo que hicieron alterar su estado civil y obtener documentos falsos.  Cierto de que si hay pruebas la condena debe dictarse pero ¿18 años?

La justicia exagerada no es justicia.  No podemos celebrar, como algunos han hecho una condena “¡¿ejemplar?!  A estas ciudadanas rusas.  Cuando a los asesinos, narcotraficantes, violadores, mareros que extorsionan y matan, abusadores de mujeres y empresarios corruptos y funcionarios corruptos se les trata como niños de primera comunión, considerándoles en todos sus derechos y en caso de condenarlos se les aplica la mínima condena; eso no es justicia sino que es la prostitución de un valor absoluto.

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