Las piedras en el zapato
Barataria
Hay un estallido social, una bomba de tiempo que se está alimentando como confrontación en la que aparecen viejos resabios de derechas e izquierdas.
A medida que el actual gobierno se asienta en el poder en el cual lleva poco menos de seis meses, aprovechando la pandemia causada por el Covid 19 y el pánico que causa en la población guatemalteca su contagio ya se ha empezado a mostrar el verdadero rostro de lo que debemos esperar durante los siguientes tres años y medio de un presidente que llegó al poder entre la complicidad de un Tribunal Supremo Electoral y una Corte de Constitucionalidad que le favorecieron al quitarle de en medio a tres contendientes que tenían muchas más posibilidades de llegar al poder, dejándolo frente a la señora Torres que levanta tanto antivoto que entre lo peor y lo malo terminó el país eligiendo al malo porque a la peor ( la señora Torres) los votantes están más conscientes de que sería una pésima gobernante. Así ganó la presidencia el señor Morales cuyo gobierno es para el olvido.
El Gobierno del señor Giammattei, representaba desde el principio los intereses de los eternos poderes facticos en Guatemala, los grupos del sector económicamente poderoso y además de aquellos quienes lograron subirse al carro del Partido Vamos que siempre están en el “negocio” de la corrupción. Este gobierno al igual que el gobierno del señor Oscar Berger representa a este estamento de personas acostumbradas a manejar al país garantizando sus intereses por encima de la población y acostumbrados a controlar todas las instituciones porque ello les garantiza una gobernabilidad que no depende más que del servilismo de quienes se encuentran en el poder. De allí cuando gobernó el señor Berger se destituyó, sin miramientos a quien era el Fiscal General en ese entonces, también al Procurador General de la Nación entre otros argumentando que fueron nombrados por un gobierno corrupto como el de Alfonso Portillo aunque este gobierno lo haya superado con creces, para muestra un botón durante el Gobierno del señor Berger se realizó una costosa remodelación del aeropuerto La Aurora, supuestamente invirtiéndose millones de dólares sin contar los múltiples proyectos de infraestructura que crearon una deuda de arrastre de más de dos mil millones de quetzales.
Una copia al calco del gobierno de Berger es el actual Gobierno del señor Giammattei puesto que se ve cómo los funcionarios incómodos a los aviesos propósitos, son atacados para que dejen sus cargos. Ya se inició hace un par de semanas con un oficio enviado por el Procurador General de la Nación en la cual solicita que en las sesiones de Junta Directiva se conozca la destitución de su presidente. Fuera bueno que así como el señor Donado, actual Procurador General de la Nación, se preocupa por el funcionamiento del IGSS se preocupara por otras tantas instituciones incluso la propia que son totalmente ineficientes sin embargo sirviendo a los intereses del actual gobernante y no corriendo el riesgo de que se le pueda remover entonces simplemente “se alinea”.
Al final de la presente semana le ha llegado el turno al actual Vicepresidente de la República, puesto que una denuncia presentada por una contratación en la Secretaría de Extinción de Dominio llegó a la Corte Suprema de Justicia, que “sin pestañar” en decisión dividida admitió el trámite del antejuicio en su contra y trasladará al Congreso de la República para que luego de recibir el informe de la comisión pesquisidora pueda decidir si ha lugar o no a formación de causa.
Visto que el Congreso de la República en este año la legislatura responde a los intereses del gobernante Giammattei, y que la Corte Suprema de Justicia ha demostrado con sus anteriores resoluciones de antejuicio como la del señor Alejos que responde a intereses aviesos, es previsible que el vicepresidente llegará a ser literalmente un “rehén” la actual legislatura y por lo visto si con una denuncia se ha abierto la posibilidad de que pueda en un antejuicio determinarse si ha lugar o no formación de causa, parece ser que los intereses del Vicepresidente no están tan “alineados” a los del señor Giammattei y de quienes se encuentran detrás de él, ya que resulta ser “una piedra en el zapato” que incomoda al gobernante. De tal suerte que en otro tiempo un Presidente de la República se hubiera manifestado vehementemente en defender y criticar una acción de tal naturaleza contra la Corte Suprema de Justicia, pero hoy en día el señor Giammattei apenas si ha dado alguna declaración y en Twitter únicamente da unas palabras que más parecen parte de un epitafio al decir: “ Willy contás conmigo”.
Y es que, el mayor peligro que enfrenta Guatemala hoy en día no es la pandemia del Coronavirus, sino que es la crisis institucional que se está viviendo, en donde privan intereses particulares que corresponden a las agendas de grupos de poder, influencias de los poderes fácticos, la corrupción y los corruptores y las ansias de muchos que quieren emerger como incipientes millonarios a costa de ordeñar al erario público. Esta crisis institucional ha llevado a un enfrentamiento entre la Corte de Constitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia y el Congreso en primera instancia que ha provocado incluso la desobediencia de resoluciones por un lado y el abuso en la forma en que se resuelven por otro lado. Pero entre telones, también se está fraguando quitar en medio del camino a funcionarios que parecen incómodos y con ello el debilitamiento del Estado mismo. Hasta que entendamos que cualquier funcionario público, magistrado, juez o diputado no pueden llegar al ejercicio de su función con agenda privada, sirviendo (cual vil sirviente) a intereses particulares de grupos de poder y no a los intereses de la nación, la institucionalidad va a ser debilitada y esto literalmente arruina al país porque: ¿Qué es el derecho y las garantías fundamentales sin las instituciones no funcionan? En realidad el derecho y las garantías no son sino aspiraciones o ideales que tenemos pero que materialmente no se harán realidad.
La crisis institucional es mucho más grave que la crisis sanitaria o la crisis económica que se nos viene, porque esta cooptación de las instituciones, este control fuera de la ley de las mismas va a causar daños irreparables a la débil democracia que tenemos así como a suplir las grandes necesidades de la población. No queremos una Corte de Constitucionalidad que sirva a intereses de grupos de poder y cuyos magistrados resuelvan de acuerdo a sus propios intereses, esto ha sido dañino; igual o peor que una Corte Suprema de Justicia, que evidentemente no está siendo imparcial, ni queremos un Congreso vendido al mejor postor que abiertamente desacata una resolución judicial; como tampoco queremos un Ministerio Público vigilante que actúa donde le conviene y se hace de la vista gorda en otros casos, o un Ministerio de Salud Pública inoperante en medio de la crisis que tiene en riesgo al personal médico y no digamos el tipo de atención en los hospitales.
Hay un estallido social, una bomba de tiempo que se está alimentando como confrontación en la que aparecen viejos resabios de derechas e izquierdas y con ello la división de la sociedad guatemalteca. Si alguien no está de acuerdo con las resoluciones del Corte de Constitucionalidad y considera que sus magistrados se exacerban en sus resoluciones, es una persona que además de corrupta está de acuerdo con la corrupción y es un tipo de ideología de derecha (abrase visto semejante estupidez). Por otro lado, si alguien considera que la Corte Suprema de Justicia abusa de su poder y no debe admitir el antejuicio contra los magistrados, este tiene ideología de izquierda es un “chairo”.
El presidente Giammattei debe detener de alguna manera esta crisis institucional y no alimentarla aprovechando las debilidades del sistema, la crisis sanitaria para ir quitando las incómodas “piedras en el zapato”. Porque al igual que el Gobierno del señor Oscar Berger, pasará a la historia como un gobierno que se inauguró como incorrupto y que marcaría la diferencia con su antecesor Alfonso Portillo; pero que al final si resulto ser mucho más corrupto, vendido al sector empresarial y que en lugar de erradicar la corrupción dejó sentadas las bases para que los siguientes gobiernos de Colom, Otto Pérez Molina y Jimmy Morales quienes continuaron on el saqueo del Estado.

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