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Control Democrático de la función de inteligencia

Punto De Vista

Es necesario conocer a profundidad todo lo concerniente a la inteligencia, que como bien algunos dicen, no es una actividad secreta, pero está repleta de secretos.

Hace algunos años, escribía para la revista chilena Inteligencia Total, sobre la relación delegación-control en una democracia y los servicios de inteligencia.  Básicamente, planteaba que la inteligencia puede volverse autónoma de los controles del Estado, siendo la supervisión un dilema carente de una solución simple para las democracias.

Casi todos los países, cuentan con órganos de control democrático sobre los servicios de inteligencia, sin embargo, para ejercer dicho control de manera efectiva, es necesario conocer a profundidad todo lo concerniente a la inteligencia, que como bien algunos dicen, no es una actividad secreta, pero está repleta de secretos.

Establecer un sistema de rendición de cuentas democrático y eficiente de supervisión, continúa siendo un desafío y Guatemala no es la excepción. A nivel internacional, o al menos que yo conozca, no existe un conjunto de normas internacionales para la rendición de cuentas de los servicios de inteligencia. Si existen documentos que han recopilado las experiencias de varios países en la materia.

El modelo de supervisión o control sobre los servicios de inteligencia depende de las leyes y la cultura política, pero desde la perspectiva de un sistema democrático de derecho, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial comparten la responsabilidad de control sobre la actividad. Un punto importante, es que el poder ejecutivo no tenga la exclusividad de la supervisión, deben existir pesos y contrapesos, con el fin de evitar abusos en la función y que ésta no trabaje al servicio de intereses políticos, sectoriales o incluso para otro país.

Uno de los controles más importantes pasa sin duda alguna, por la supervisión parlamentaria. Dicho control es ideal que se caracterice por un enfoque bi/multi partidario. En este aspecto, se debe evitar las situaciones inmaduras, por eso, establecía el requisito previo que los congresistas o diputados deben conocer la actividad, de manera de prevenir acusaciones espurias, teorías de conspiración, ahora tan comunes, o aún peor la divulgación de información sensible que ponga en riesgo las actividades de inteligencia y la vida de las personas que trabajan en los servicios.  La ciudadanía y la prensa cobra otro rol fundamental en todo el proceso.

Para el caso de Guatemala, la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad, Decreto 18-2008 del Congreso de la República crea la Comisión Legislativa Específica de Asuntos de Seguridad Nacional de Inteligencia, conformada por un integrante de cada uno de los partidos políticos en el Congreso de la República, la cual según el artículo 33 de dicha ley, tendrá a su cargo: evaluar el funcionamiento integral del Sistema Nacional de Seguridad, analizar y evaluar los informes regulares y extraordinarios que le envíe el Consejo Nacional de Seguridad, la consideración y análisis de los planes y programas de inteligencia, emitir dictamen acerca de todo proyecto legislativo o asunto atinente o vinculado a actividades de inteligencia, entre otros.

Si bien existe la Comisión Legislativa, falta mucho desarrollo y madurez en el control de los servicios de inteligencia. Un camino para seguir podría ser la participación en ciertas instancias que nos apoyen con estándares internacionales, siendo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) una opción, la cual ha desarrollado una serie de pautas en cuanto a la administración de los servicios de inteligencia, mecanismos de transparencia y/o rendición de cuentas.

¿Por qué la OCDE?, en primer lugar, porque Guatemala ya integra el Centro de Desarrollo de la OCDE desde el año 2019 y deberíamos de aprovechar de mejor manera este espacio, por el cual se paga, dicho sea de paso. Asimismo, Guatemala trabaja algunos temas directamente con la OCDE y la actividad de inteligencia y su profunda reforma podría incluirse como otro ámbito de trabajo en los variados comités de la organización, incluso solicitar a la OCDE un diagnóstico específico sobre el tema y trazar líneas de trabajo de largo plazo con estándares internacionales, evitando los proyectos de grupos, organizaciones, sectores, personas que en general son de corto plazo y con nulo impacto para el país, incluso impedir la instalación de visiones retrógradas en las instituciones de inteligencia.

Es necesario pensar de manera más integral y sacar provecho también de las organizaciones internacionales de las cuales somos parte y se paga membresía; utilizar la experiencia de éstas y sus países miembros en temas estratégicos del país que han quedado como cabos sueltos.

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