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Sobornos encubiertos de donaciones para administrar justicia

Kidon

El artículo 18 de la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, tipifica que ningún servidor público puede recibir sueldos, prebendas, dádivas, donaciones o cualquier otro emolumento fuera de su salario, por realizar la función para la cual fueron designados o contratados.

El espíritu de la norma es, primero, sujetar al funcionario al ámbito de competencia legal y segundo, evitar que el mismo se convierta en un instrumento afín o de venganza, de personas o entidades nacionales o extranjeras, para alcanzar un objetivo político o ideológico, pues, perdería la objetividad e imparcialidad necesaria para el cumplimiento de sus fines.

En congruencia, el Código Penal reformado por la Ley Contra la Corrupción, castiga severamente tanto el cohecho, como el enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos, a los que cataloga como violadores a los Derechos Humanos de la población donde ejercen sus servicios.

Por ello en Guatemala, se encuentran detenidos varios exfuncionarios públicos por conductas que pudieron haber violentado los preceptos jurídicos de probidad, muchos de ellos, perseguidos o juzgados por Thelma Aldana o Jazmín Barrios, dos de las supuestas heroínas de la lucha contra la corrupción, que esconden un pasado de donaciones obscuro.

En cuanto a la fugitiva de la justicia, se logró establecer por denuncia presentada por la Fundación Contra el Terrorismo, que la exfiscal recibió de una entidad ginebrina, la considerable suma de doscientos cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América, la cual, fue depositada directamente en su cuenta personal en un banco del sistema, el que por cierto no reportó la transacción sospechosa llevada a cabo por una persona políticamente expuesta, lo cual deberá investigarse.

Se logró establecer, además, que la susodicha fiscal omitió incluir el aporte donado en su declaración patrimonial, con lo cual, se consumaron los delitos de incumplimiento de deberes, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, por lo que el fiscal Stuardo Campo, estaría próximo a solicitar una medida de coerción en su contra, así como la vinculación del banco y del intendente de verificación especial de la época por la omisión en reportar tal hecho.

Por su parte, Iris Jazmín Barrios, presidenta de un tribual de sentencia, también fue beneficiada con una prebenda de cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América, por tramitar y juzgar un supuesto caso de genocidio, dinero que de igual manera, fue depositado en su cuenta bancaria, por lo cual, también la fiscalía de delitos administrativos solicitará el antejuicio promovido por al FCT en contra de esta juez.

Lo más extraño de todo es, que las fechas de los sobornos encubiertos coinciden con el tiempo en que la ex CICIG e Iván Velásquez Gómez, operaban en el país para supuestamente combatir la corrupción e impunidad, lo cual, resulta paradójico si vemos como diversos funcionarios relacionados con la administración de justicia afines al declarado non grato, se enriquecieron por retorcer la ley.

Luego de las denuncias presentadas, hemos recibido en la Fundación, información relacionada con otros jueces y algunos fiscales que, de igual forma, han recibido coimas de entidades nacionales y extranjeras, la cual estamos procesando y analizando para presentar las acciones jurídicas pertinentes ante el Ministerio Público, y contribuir así a erradicar esta modalidad de corrupción encubierta por medio de donaciones.

No me extrañaría para nada establecer, que también recibieron donaciones los infames jueces por la integridad, como Miguel Ángel Gálvez, Erika Aifán, Pablo Xitumul, Carlos Ruano, y algunos fiscales de calibre del malandrín que dirige la FECI entre otros, lo cual, debelará el verdadero papel que jugaron detrás del cargo público que ostentan.

Para finalizar, es necesario que todos los funcionarios y empleados públicos, en especial los que imparten justicia, retomen el camino de la legalidad, de la objetividad y de la transparencia, alejándose lo más posible de todo sesgo ideológico y político, con el único objeto de contribuir a un mejor país, en beneficio de los guatemaltecos y sus descendencias.

Artículo 18 literal “c” de la Ley de Probidad: “Prohibiciones de los funcionarios públicos: … Solicitar o aceptar directamente o por interpósita persona, dádivas, regalos, pago, honorarios o cualquier otro tipo de emolumentos adicionales a los que normalmente percibe por el desempeño de sus labores”.

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