Tristes lecciones del manejo de los casos de corrupción
Barataria
En Guatemala, instituciones como el Ministerio Público y los Tribunales de Justicia han dado muestras que los casos de “megacorrupción”, les ha quedado realmente “grandes”.
El día viernes último bajo el auspicio de Escuela de Gobierno se llevó a cabo un debate en la plataforma virtual Zoom sobre el tema ¿Estafó Odebrecht al Estado de Guatemala? Teniendo la oportunidad de escuchar a los Abogados Omar Barrios Osorio y Juan Francisco Solórzano Foppa, quienes discutieron y expusieron el tema desde diferentes puntos de vista haciendo gala de sus conocimientos y en algunos casos del desconocimiento de alguno de los aludidos que más con pasión que con análisis defendía su punto de vista. Sin embargo, al margen de la discusión cuyos resultados al final fueron muy positivos, quedó en el ambiente y especialmente en quienes tuvimos la ocasión de presenciar el foro, que el proyecto para construir una carretera de cuatro carriles desde Tecún Umán, San Marcos hasta Cocales, Retalhuleu, solo fue un “negocio” para unos que, recibiendo el primer pago para realizar el proyecto utilizó ese dinero para pagar una serie de coimas y sobornos a muchos funcionarios públicos y diputados al Congreso de la República quienes se pusieron de acuerdo y aceleraron la aprobación de préstamos millonarios. Entre los cabecillas de este negocio se encuentran delincuentes como Sinibaldí, Baldizón y otros que sin embargo no han sido alcanzados por la débil justicia guatemalteca.
En Guatemala, instituciones como el Ministerio Público y los Tribunales de Justicia han dado muestras que los casos de “megacorrupción”, les ha quedado realmente “grandes” y ni aún en tiempos de la súper afamada CICIG se pudieron tomar acciones puntuales en relación a estos casos que dieran como resultado un combate frontal, efectivo y sobretodo real de la corrupción y la criminalidad de cuello blanco que ha resultado ser mucha más dañina. En efecto, tenemos casos que “lloran sangre” como el caso de la constructora brasileña Norberto Odrebrecht que salió a corromper a muchos gobiernos latinoamericanos a quienes “compró” no solamente en un periodo sino en subsiguientes periodos como se ha podido ver en Guatemala cuando este proyecto de construcción de la Carretera CA2 Occidente entre Cocales y Tecún Umán fue iniciado con negociaciones bajo el gobierno del señor Álvaro Colom y el punto álgido de la corrupción se dio en el Gobierno del señor Otto Pérez Molina y que le ha constado a los contribuyentes una deuda de NADA MÁS Y NADA MENOS TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES DE DOLARES (US$ 388,000,000.00), que los guatemaltecos tendremos que pagar de una u otra manera porque son préstamos y que todos esos millones de dólares fueron a parar a la constructora brasileña que tampoco construyó la carretera. Al comparar el accionar de Ministerio Público en este caso, independiente de cualquier subterfugio legal que algunos quieran achacar, (como lo hizo el señor Solórzano Foppa ayer en una defensa oficiosa), lo cierto es que, en toda Latinoamérica, los gobiernos obligaron a la constructora a finalizar los proyectos y resarcir al Estado. Pero en Guatemala, se prefirió dejar en libertad a los funcionarios brasileños, no perseguir al señor Sinibaldí a quien hasta ahora “no se le quiere tocar” y el señor Baldizón se encuentra buscando una manera de no comparecer a la justicia guatemalteca.
Otro caso de corrupción de grandes proporciones, es el que se ha dado con la Empresa Portuaria TCQ, se ha podido determinar la ola de sobornos que se dieron en este caso que incluye incluso exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia y que al día de hoy no se logró nada. TCQ opera la terminal de contenedores y el país no ha sido resarcido en nada más que una mínima parte y todos contentos y tranquilos. Es lo mismo que ha ocurrido con el caso del Libramiento de Chimaltenango, en donde se ha hecho una persecución judicial a ciertas personas pero se excluye a otras que tienen una harta responsabilidad ni siquiera se les giró orden de captura y las cosas siguen igual.
A todo esto, tenemos un Estado débil, en donde se continúa persiguiendo a unos y librando a otros. Esto no solo se da en los llamados mega casos de corrupción como se puede ver en el caso de Odebrecht, TCQ o el libramiento de Chimaltenango, en donde se han hecho piñata los recursos púbicos y se condena al pueblo de Guatemala a deudas que deberán de pagar en varias generaciones, recursos valiosos que debieron invertirse correctamente y ello beneficiaría a la población. Pero también se da en otros casos como cuando en tiempos de las limitaciones de horario, se realizó una fiesta en la Mueblería O3 y que la Policía Nacional Civil no supo cómo actuar y cada uno se fue tranquilo a su casa, pero otras fiestas en barrios y otras zonas populosas la Policía Nacional Civil llega hasta en tres patrullas para detener a los infractores. O también ocurre en casos de violencia contra la mujer, acoso o asesinato en donde hasta el redes sociales se pide la captura de un futbolista que ya debiera estar pagando una condena por sus actos, pero aparece un periodista que ha acosado a muchas mujeres y cuyos testimonios fueron documentados y el Ministerio Público y las redes apenas si le dedican espacios y lo peor el degenerado sale tranquilamente del país, renuncia a un medio digital y todos tranquilos y por ultimo aparece una mujer muerta en una vivienda en tiempos de pandemia cuando parece que nadie sale, su esposo se encuentra en la vivienda y ni siquiera es interrogado para nada y el Ministerio Público no hace nada, quizá sea porque fue Procurador de Derechos Humanos en dos periodos que de nada le sirvió. Y, lo más patético resultó ser un grupo de empresarios que financiaron ilícitamente al partido del señor Jimmy Morales y luego de las declaraciones del Ministerio Público salen en una conferencia de prensa “pidiendo perdón” y con ello el Ministerio Público suaviza su actuación judicial.
Lo cierto es que con un sistema judicial con acepción de personas y en donde la fiscalía se desvía de la persecución penal en combate frontal contra la corrupción porque no es un instrumento del Estado la persecución penal, sino un instrumento para fines políticos y en otras ocasiones con actos que están en connivencia con agendas particulares, lo que hace que el sistema judicial esté a la venta. Recuerdo un caso paradigmático que sucedió en este mismo país, en dónde el Ministerio Público inició una persecución penal por casos de corrupción que sucedieron en tiempos de la Registradora Anabella De León quien durante su administración literalmente hizo micos y pericos los recursos del Registro de la Propiedad a tal suerte que incluso se llegó a comprar un pararrayos a un precio exorbitante. El Ministerio Público, al plantear el caso, se desvió en perseguir al hijo y hermano del expresidente Jimmy Morales lo cual NO estaba mal, sin embargo en su avidez pero centrar su atención en esta persecución, no llevó un proceso adecuado contra la Registradora (verdadera causante de la corrupción) y al final, pese a haber saqueado las arcas del Registro de la Propiedad, fue condenada a una una pena menor de cinco años y al pago de menos de diez mil quetzales de responsabilidad civil. Lo cual no dejó sino un mal sabor para quienes conocen de los saqueos que se hicieron en el Registro de la Propiedad en época de la señora Anabella De León pero que, con una Fiscal General como la señora Thelma Aldana era más importante perseguir al hermano e hijo del Presidente de turno, que la verdadera corrupción. Nadie en realidad duda de que el Ministerio Público ha tenido un papel importante, pero si continúa utilizando una agenda particular para perseguir los casos de corrupción, millones y millones de quetzales no van a ser recuperados para el Estado y los corruptos no tendrán el temor que implica lo que llamamos “el peso de la ley”.
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