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El pacto de golpistas tras el poder legislativo y judicial

Kidon

La desnaturalización y uso excesivo del amparo, así como las erradas y maliciosas interpretaciones constitucionales llevadas a cabo por Corte de Constitucionalidad, han provocado una crisis institucional que ha sumido al país en una falta de certeza jurídica.

La Corte de Constitucionalidad, es un tribunal permanente de jurisdicción privativa, cuya función esencial es la defensa del orden constitucional, las garantías individuales y la interpretación del texto constitucional. Se integra con 5 magistrados titulares, electos por diferentes organismos, cada uno con su respectivo suplente.

En diferentes épocas, esta Corte ha sido baluarte de la libertad y el respeto institucional, lo cual, ha servido de base para cimentar la certeza jurídica y consecuentemente el bien común, por ejemplo, cuando anuló la sentencia por la farsa del genocidio que un puñado de oenegeros junto a una juez prevaricadora emitieron con el único propósito de sangrar el erario público con el pago de multimillonarias cantidades en concepto de resarcimientos.

Sin embargo, por desgracia para los guatemaltecos la actual Corte de Constitucionalidad, a excepción de la magistrada Dina Josefina Ochoa, ha sido utilizada por sectores obscuros de la sociedad como herramienta para lanzar los más perversos ataques en contra del Estado y los principios en que se fundamenta la República.

La desnaturalización y uso excesivo del amparo, así como las erradas y maliciosas interpretaciones constitucionales llevadas a cabo por la citada Corte, han provocado una crisis institucional que ha sumido al país en una falta de certeza jurídica, esto debido a qué con sus maliciosos fallos, ha imposibilitado que los organismos soberanos del Estado puedan realizar su trabajo en beneficio común.

Ha imposibilitado también, la oportunidad de que el país tenga un crecimiento económico, comercial y laboral que genere riqueza y por ende empleo para los guatemaltecos, y con ello, mejores condiciones de vida, las cuales se logran a través del pago de tributos y su asignación a proyectos de salud, educación, seguridad, etc.

Y, que decir de los auto amparos que estos pícaros se han recetado, para evitar a toda costa ser investigados y sujetos a un proceso penal por diversos hechos delictivos cometidos en contra del orden jurídico del país.

Hoy, las aberraciones cometidas por los cuatro magistrados parecen llegar al clímax de la ilegalidad, pues, existe un siniestro plan encaminado a que diferentes entidades integradas por pseudo activistas, procedan a confeccionar un amparo a la medida de sus intenciones, el cual será presentado ante la Corte de Constitucionalidad, quien sin más tramite otorgará la protección interina solicitada con un doble propósito: primero, dejar en suspenso las facultades que la Constitución Política de la República, confiere al poder legislativo para elegir a los magistrados de las cortes, forzándolos a elegir a los candidatos afines a la extrema izquierda.

Segundo, suspender en el ejercicio de sus cargos a los magistrados titulares de la Corte Suprema de Justicia, ordenando su integración con magistrados de salas de apelaciones afines a sus obscuros interés, con lo cual, no solo asegurarán impunidad, sino que también su postergación ad infinitum.

Ante ello, se hace necesario mantener la posición de lucha y denunciar por todos los medios posibles el plan sedicioso que se pretende llevar a cabo por esta estructura criminal organizada, para implantar en el país una dictadura judicial, típica de la que actualmente se vive en países de corte socialista, tales como Cuba, Nicaragua y Venezuela.

#NoAlPactoDeGolpistas.

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