Un aumento de impuestos y gasto público sería inconstitucional
Evolución
La Constitución Política de la República de Guatemala en su artículo 119, inciso m. establece manifiestamente que es una obligación fundamental del Estado “mantener dentro de la política económica una relación congruente entre el gasto público y la producción nacional”.
Menciono este artículo porque, si bien la constitución también faculta al Congreso de la República para decretar impuestos siempre que se cumpla con los preceptos constitucionales y principios tributarios como el de capacidad de pago, así como para aprobar el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, el artículo 119 citado provee también un parámetro de observancia obligatoria y fundamental dentro del cual se debe enfocar cualquier política económica que quiera asumir el gobierno.
Mucho se ha discutido sobre cuáles deben ser las medidas apropiadas y urgentes para propiciar la reactivación económica tan necesaria luego de la crisis provocada por la pandemia y muchas de las restricciones adoptadas que destruyeron buena parte de la actividad económica. Los cínicos de siempre, cuyo vocabulario no abarca más que dos palabras que son “más impuestos”, se han dado a la tarea de propugnar un aumento de impuestos como la solución a la crisis, en un derroche de estupidez mayor a la que habitualmente exudan. Al final, claro está que se trata de gente que nunca cesa en su lucha ideológica por implantar el modelo destructivo que siempre han pregonado, obedientes a los intereses que les patrocinan. Para el resto de la población que si entiende de economía y tiene claro que los impuestos a los rendimientos de las inversiones de capital solo ahuyentan esas inversiones y destruyen el empleo, como abundantemente lo ha demostrado la experiencia; o para aquellos que simplemente buscan salir adelante con el sudor de su frente creando valor en actividades productivas, a diferencia de estos fútiles burócratas no gubernamentales, queda claro que un incremento de impuestos en las actuales circunstancias sería prácticamente un golpe mortal.
El gobierno tampoco se queda atrás en cuanto a majadería y luego de un incremento en la deuda pública del 15.25% en cosa de meses, la cual según reportes asciende a Q181,318,000,000, ahora pretende un presupuesto descomunal, absurdo, ofensivo y simplemente irrealista. Dada la fuerte contracción que ha tenido la actividad económica en los últimos meses, dadas las pérdidas de decenas de miles de empleos, es lógico entender que la recaudación fiscal también se haya visto reducida de forma significativa, por lo que pensar en una cifra que oscila alrededor de los cien millones de quetzales, algo inaudito en tiempos normales, es una ambición verdaderamente irresponsable, más que irrazonable, de parte del gobierno en este momento de crisis.
Congruencia se define como coherencia, relación lógica. Cuando la Constitución impone al Estado la obligación de mantener una relación congruente entre el gasto público y la producción nacional, se entiende con toda claridad que la política de gasto público del gobierno debe ir de la mano de la actividad productiva del país. Por consiguiente, no hay congruencia en el hecho que la actividad económica venga cayéndose a pasos estrepitosos y que a la vez el gobierno pretenda incrementar el gasto público a niveles irresponsables. Si la adquisición de nueva deuda pública por casi Q25 mil millones en lo que va del año ha sido un verdadero abuso de parte del gobierno, un nuevo incremento en la deuda pública sería una ignominia inaceptable a todas luces. La misma lógica aplica para cualquier incremento en los impuestos que se pretenda imponer en las actuales circunstancias. No existe justificación válida alguna para incrementar la carga fiscal a empresas y ciudadanos que tratan de sobrevivir a una crisis nunca antes vista y que en pocos meses ha impactado severamente la economía y el empleo y de la cual llevará mucho tiempo salir. La única solución sensata y viable, y que además es un imperativo constitucional, es contraer el gasto público de forma seria y responsable y focalizar los recursos que se recauden en las actividades que se deben priorizar. Se debe eliminar el Impuesto de Solidaridad de forma inmediata y reducir el Impuesto Sobre la Renta para permitir que las empresas puedan salir a flote e incentivar nuevas inversiones que generen empleo. Ello, también en congruencia con el inciso n. del artículo 119 constitucional citado que también enuncia como obligación fundamental del estado “crear las condiciones adecuadas para promover la inversión de capitales nacionales y extranjeros”.
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