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Dos alacranes en la blusa de la Fiscal General

Kidon

El Ministerio Público es una institución auxiliar del sistema de administración de justicia, cuyo fin constitucional es la investigación de los delitos de acción pública, así como velar por el estricto cumplimiento de la ley. Actúa bajo la dirección del Fiscal General, quien delega en los fiscales y auxiliares fiscales la persecución penal.

Se integra, con diferentes secretarias y asesorías destinadas a lograr el despacho de diferentes procesos administrativos y de investigación, esto, con el objeto de lograr la celeridad que los casos ameritan, en especial los que atenten en contra del Estado y su institucionalidad.

Sin embargo, muchas de estas funciones constitucionales han sido usurpadas por dos asesores de la Fiscal General, me refiero al agente fiscal Juan Francisco Sandoval Alfaro y al doctor Héctor Aníbal De León Velasco, quienes con toda certeza puedo decir, ejercen un control malicioso sobre la doctora Consuelo Porras.

Esta rosca de poder es la encargada de conocer, tramitar, y mediatizar los casos de interés que deben ser judicializados, dentro de los que figuran los relacionados con jueces, magistrados y demás servidores públicos de los tres organismos del Estado, algunos de los que no obstante de gozar del derecho de antejuicio, han sido investigados y les han dado seguimiento con miras a buscar su remoción y encarcelamiento.

Para lograrlo, han utilizado a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, desde donde fiscales previamente adiestrados han dado rienda suelta a practicar escuchas telefónicas, revisión de cuentas bancarias, seguimientos e investigación de familiares, aún de menores de edad, entre otras prácticas ilegales, investigaciones que con posterioridad son analizados por los asesores antes relacionados, quienes deciden operativizar los casos o vender la información al mejor postor.

Uno de los investigados por esta estructura criminal, es el presidente de la República, Alejandro Giammattei, por un caso relacionado con el IGSS, el cual, luego de haberse asignado ilícitamente a la FECI y de ser analizado por los dos asesores, decidieron emprender una férrea investigación que culminó con la reserva de las actuaciones para asegurar así, el éxito del operativo en busca de defenestrar al presidente por vía de un antejuicio que mediatizaran con el consecuente asenso del aliado incondicional de Sandoval, Guillermo Castillo.

Han planeado, además, asentarle un duro golpe a la Fiscal General, con miras a buscar apartarla del cargo y así, lograr despejar el camino para que uno de los cuatro finalistas que se postularon, todos aliados del pacto de golpistas, ocupe la jefatura de la institución que ostenta el monopolio de la investigación penal.

Ante ello, se hace necesario desenmascarar el poder de influencia que estos dos sujetos ejercen sobre la Fiscal General primero, para que el pueblo de Guatemala los conozca y exija su inmediata destitución, y segundo, para recordarle a la doctora Consuelo Porras, que por los actos ilegales llevados a cabo durante la administración anterior del Ministerio Público a la fecha, únicamente la ex fiscal Thelma Aldana Hernández, se encuentra sujeta a diversas medidas de coerción, no así, sus secretarios ni asesores, quienes muy seguramente influyeron en ella para toma de ciertas decisiones de las cuales hoy se lamenta.

“Es fácil esquivar la lanza, más no el puñal oculto”. Anónimo.

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Raúl Falla

Abogado y notario

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