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Libertad de expresión

Evolución

La libertad de expresión es un derecho fundamental e imprescindible dentro de una república ya que es la que permite, ante todo, delatar el estado de las demás libertades.

En garantía de este derecho, la Constitución establece en su artículo 35 que “es libre la emisión del pensamiento por cualesquiera medios de difusión, sin censura ni licencia previa” y que “este derecho constitucional no podrá ser restringido por ley o disposición gubernamental alguna”. La libertad de emisión del pensamiento es garantía fundamental en una república para que cualquier persona, sin temor o restricción alguna, pueda emitir sus opiniones, ya que la discusión sana de ideas es siempre indispensable.

Lógicamente, este derecho no implica la posibilidad de injuriar o calumniar a las personas en cuanto a su vida privada, y para ello hay leyes y procedimientos establecidos para deducir responsabilidades a quienes incurran en estos actos. Ahora bien, una cosa es hacer ataques a personas en cuanto a su vida privada, y otra cosa muy diferente es hacer señalamientos y denuncias en contra de funcionarios públicos por actos realizados en el ejercicio de sus cargos. Como decía al inicio, la libertad de expresión es la que permite denunciar cualquier atropello de parte de los gobernantes en contra de los derechos y libertades constitucionalmente garantizados así como cualquier abuso, exceso, ilegalidad o delito cometido en el ejercicio de sus funciones. En ese sentido, la Constitución es clara cuando establece que “no constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos”. En concordancia, la Ley de Emisión del Pensamiento, ley de rango constitucional, establece en su artículo 35 que “no constituye delito de calumnia o injuria los ataques a funcionarios o empleados públicos por actos puramente oficiales en el ejercicio de sus cargos aun cuando hayan cesado en dichos cargos al momento de hacérseles alguna imputación”.

En pocas palabras, la Constitución de la República y la Ley de Emisión del Pensamiento, contienen garantías inquebrantables para que nadie pueda ser perseguido penalmente por hacer señalamientos o imputaciones en contra de funcionarios y empleados públicos por actos realizados en el ejercicio de sus cargos. Nadie, nunca, debe ser sometido a un proceso penal por ejercer su derecho a la libre emisión del pensamiento sobre todo cuando se denuncian abusos e ilegalidades de parte de los funcionarios públicos. Y en el caso de que dichos señalamientos sean falsos, inexactos o carezcan de sustento, la Constitución establece que “los funcionarios y empleados públicos podrán exigir que un tribunal de honor, integrado en la forma que determine la ley [de emisión del pensamiento], declare que la publicación que los afecta se basa en hechos inexactos o que los cargos que se les hacen son infundados” y que “el fallo que reivindique al ofendido deberá publicarse en el mismo medio de comunicación social donde apareció la imputación”.

Y otro aspecto, igualmente importante, que también garantiza la constitución en el artículo citado es que “es libre el acceso a las fuentes de información y ninguna autoridad podrá limitar ese derecho”. Por consiguiente, cualquier ciudadano, independientemente de si se dedica a labores periodísticas o no, tiene todo el derecho de indagar y acceder a todas las fuentes de información respecto de los actos llevados a cabo por funcionarios y empleados públicos en el ejercicio de sus funciones.

En Guatemala trágicamente ha habido antecedentes nefastos de ataques e intimidaciones en contra de periodistas por señalamientos e incluso críticas en contra de funcionarios públicos, por lo que debemos mantenernos siempre firmes y vigilantes de este derecho fundamental y ser intolerantes ante cualquier acto de intimidación que pretenda restringir el ejercicio del mismo.

Area de Opinión
Libre expresión de pensamiento.

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