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Resolución 1325 en el año del COVID-19

Punto de Vista

La crisis sanitaria y económica, ha dejado en una situación de mayor vulnerabilidad a las mujeres.

Hace un par de días me contactaron del Colegio Interamericano de Defensa, interesados en que respondiera una encuesta sobre la Resolución 1325, (aprobada por unanimidad el 31 de octubre de 2000 por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas), con motivo del vigésimo aniversario de dicha Resolución, la cual hace referencia a la participación de las mujeres en paz y seguridad. La encuesta tiene como objetivo conocer la experiencia de las mujeres y su desarrollo profesional, dentro del sector de seguridad/defensa y políticas públicas del Hemisferio.

La Resolución 1325, marcó sin lugar a dudas un hito en los derechos humanos de las mujeres, la paz y la seguridad, siendo el primer instrumento del Consejo de Seguridad de la ONU, que exige a las partes en conflicto que los derechos de las mujeres sean respetados. Además, insta a los Estados Miembros y a la propia organización de Naciones Unidas a impulsar la representación de las mujeres en todos los niveles de toma de decisiones relativas a la prevención, gestión y solución de conflictos, los procesos y negociaciones de paz y las misiones de paz.

En el año 2012, se conformó en Guatemala  la Mesa Interinstitucional de Mujeres, Paz y Seguridad (MIMPAZ), la cual tiene como objetivo elaborar el Plan de Acción Nacional, mecanismo que permite promover, acompañar, monitorear y evaluar los avances en la agenda de mujeres, en respuesta a la Resolución 1325. Dicho Plan de Acción, se presentó 5 años después, en el año 2017.

Según una noticia del Ministerio de Relaciones Exteriores del mismo año, se esperaba que el Plan coadyuvara al fortalecimiento de la legislación nacional en materia de género y pudiera ser reconocido como un avance de país en los distintos foros multilaterales a los que Guatemala pertenece, tomando en cuenta que este esfuerzo también contribuye al cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo “Katún, Nuestra Guatemala 2032”, el cual se encuentra alineado a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas en el año 2015 y responde de manera directa al ODS 5 relativo a la: “Igualdad de Género” y al ODS 16 referente a: “Paz, Justicia e Instituciones Sólidas”.

Guatemala es el octavo país a nivel Latinoamericano y el Caribe en elaborar un Plan de Acción Nacional y el segundo a nivel Centroamericano. Asimismo, se elabora una hoja de ruta anual para su implementación y un informe semestral de monitoreo.

Todo parece muy bien hasta aquí, pero la verdad es que los esfuerzos que se vienen realizando en el ámbito nacional e internacional referentes a la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad, necesita de un mayor compromiso político, visibilidad y comunicación social.

A lo anterior, se suma un año totalmente atípico por el virus COVID-19, lo que agrava los problemas en cuanto a la desigualdad de género en países afectados por conflictos, posconflicto y crisis humanitarias.

No es novedad que este y otros temas pasaron a segundo o tercer plano, en el marco de la pandemia y en consecuencia, la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad ha quedado relegada, lo cual debió ser a la inversa. La crisis sanitaria y económica, ha dejado en una situación de mayor vulnerabilidad a las mujeres: violencia de género, dificultad para acceder a la asistencia sanitaria, alimentos de primera necesidad, trabajo, etc.

El 31 de octubre de 2020, cumpliéndose 20 años de la Resolución 1325, tendremos que reiniciar con datos certeros sobre cómo estamos en la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad. Seguramente, la encuesta que elabora el Colegio Interamericano de Defensa, mostrará el panorama real a nivel continental.

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