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Entre la pandemia y la legalidad

Análisis

Tanto los efectos de la pandemia de Covid-19, como las restricciones legales, han reducido el empleo, los ingresos, y la productividad.

Según un estudio realizado por la Organización para las Migraciones, OIM, esta semana, creció el desempleo en un 51% y el subempleo debido a las medidas legales para prevenir la propagación del Covid-19. De las personas sondeadas que pudieron conservar su puesto de trabajo, un 44% redujo su jornada laboral y horas de trabajo; cerca de un 20% pasó a hacer algún tipo de trabajo remoto, mientras que un 10% tuvo un aumento en su jornada laboral y restante 26% no ha vista cambio alguno en su rutina.

Las medidas legales para distanciar a las personas de sus fuentes de ingresos fueron negativas tanto en la productividad de las personas encuestadas como en la caída de sus ingresos. Las personas que hoy en día están desempleadas, según el estudio, andan tras ingresos en empleos de tiempo reducido o trabajos en el sector informal.

La OIM, indica que tanto los ingresos del subempleo como los del sector informal no son suficientes para cumplir con las obligaciones de remesas familiares a sus países de origen. En los casos de los desempleados el envío de remesas se detiene.

Las restricciones como el cierre de fronteras y las medidas de distanciamiento social, también han limitado y dificultado los planes de aquellas personas que estaban pensando en migrar, según el estudio. Muchos de los encuestados indicaron que volverán a viajar tan pronto les sea posible.

En este sentido, un juez federal de distrito, Jeffrey White, bloqueó el martes 28 sep 20, un aumento de los costos (alrededor del 20%) de los trámites de inmigración en Estados Unidos que debía entrar en vigor este viernes 02 oct 20.

Los cambios en las tarifas incluían un cobro nuevo de U.S. $. 50 para las solicitudes de asilo. El costo de solicitar la naturalización (residencia o estadía prolongada) aumentaría de U.S. $. 640 a U.S. $. 1,170.

El actual incremento se debe a la falta de actividad del personal del Servicio de Inmigración y Ciudadanía, debido a la postergación de aceptación de visas debido a la pandemia del Covid-19. La entidad reportó una aguda disminución de sus ingresos y hasta llegó a considerar despedir a más de la mitad de su personal.

El juez de distrito Jeffrey White en su fallo razonó que se basó en varios factores para bloquear el aumento de tarifas. Argumentó que la administración federal no cumplió adecuadamente los procedimientos para redactar las nuevas reglas, entre ellos no considerar el impacto de costos más altos para los solicitantes de bajos ingresos.

Mientras que las entidades burocráticas busquen mejorar sus condiciones actuales, en lugar del beneficio de su población, el desarrollo económico y social tanto de nuestro país como de la región se aleja y extingue. Sin ingresos, sin posibilidades económicas para poder subsistir, los ciudadanos arriesgan su salud y sus ingresos, con tal de no quedarse completamente desempleados.

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