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Luchemos contra la Impunidad

Petardo

Primero debemos saber que Impunidad es un concepto que permite observar el proceso de socialización, en general, y de educación, en particular, en sociedades donde han existido conflictos violentos, y donde los vencedores de tales conflictos justifican —o por lo menos invitan a no juzgar— la violencia ejercida sobre los otros grupos sociales.  Esta práctica es típica de sociedades donde han sido sometidos pueblos originarios, grupos étnicos, grupos religiosos, migrantes, etc.

En tiempos pasados el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, pretendió finalizar de manera unilateral el acuerdo con Naciones Unidas por el cual funcionaba la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). La CICIG, por su parte, confirmó que seguiría operando y, con manifestaciones a favor y en contra, Morales optó por no renovar el mandato del organismo, que iba hasta el año pasado el 3 de septiembre, enfrentándose por el camino a la Corte de Constitucionalidad, la oposición y el Ministerio Público (fiscalía). Finalmente, y argumentando que se estaba rompiendo el orden constitucional, el jefe del Ejecutivo les ganó el pulso a los otros poderes y a la Comisión, que investigaba a unos de sus familiares.

Con las elecciones celebradas en junio y agosto del año pasado, el presidente electo, Alejandro Giammattei, confirmó que no restablecería la CICIG una vez asumiera el cargo, y la Comisión terminó sus actividades con la publicación de los informes Guatemala: Un Estado capturado, donde repasa cómo tras el fin del conflicto armado facciones de los poderes político y económico, junto con miembros de las fuerzas de seguridad y grupos ilegales, se han ido adueñando de las instituciones, y El legado de la justicia en Guatemala, en el que resume lo que fueron sus labores.

Sin aparente vuelta atrás, el turno pasó a los guatemaltecos y sus servidores públicos, donde hay quienes quieren mantener el legado de la CICIG y quienes buscan el contrapeso a un organismo que destapó escándalos de corrupción en los que estuvieron involucrados algunas de las personas más poderosas del país. Acuerdo, que estipulaba que las controversias debían resolverse “por negociación entre las partes o por cualquier otro medio de solución mutuamente convenido”.

A poco más de un año de haber terminado el último mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), después de 12 años en el país, las opiniones sobre su labor siguen siendo divididas. El caso La Línea fue el primero de más de una treintena procesos penales de alto impacto que han visto la luz en los últimos cinco años, pesquisas que alcanzaron a funcionarios, exfuncionarios, políticos y empresarios. A finales de 2019 funcionó la Comisión de la Verdad, una terna de diputados que emprendió acciones de fiscalización para determinar si la Cicig, durante sus 12 años en el país, cometió abusos. El informe de esta comisión especial, creada por la junta directiva del Congreso, concluyó que la entidad de Naciones Unidas abusó del cargo, presionó a familiares de procesados para doblegarlos, a cambio de testimonios, incluso hubo algunos casos en que personas procesadas perdieron la vida por la prolongada prisión preventiva que propició la Cicig en cada uno de sus procesos.

Después de este resumen histórico los guatemaltecos reclaman que ¿en qué momento se va a iniciar una lucha contra la impunidad como lo ofreció el actual mandatario? El pueblo tiene conciencia que tanto el organismo legislativo, organismo ejecutivo, organismo judicial, grupos de poder económico y narcotraficantes se encuentran en este momento infiltrados en todos los grupos del ente social guatemalteco y están decepcionados de que el actual presidente no ha cumplido como lo ofreció de terminar la impunidad. Es importante el apoyo de todos los no corruptos, para terminar con la corrupción.  La pandemia actual vino a ayudar como distractor para el tema que trata sobre la lucha contra la impunidad en Guatemala, somos todos los guatemaltecos los obligados a hacer efectiva esa lucha contra la impunidad y hacer que el organismo judicial, legislativo y ejecutivo demuestren ya que están depurando sus respectivas instituciones empezando a hacer valer la ley para los que se consideran más poderosos.

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