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¿Donde está Neftaly?

Kidon

La Corte de Constitucionalidad es un tribunal de jurisdicción privativa que tiene por objeto la defensa del orden constitucional.

Se integra con 5 magistrados titulares y 5 suplentes que son designados por los organismos Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como por la USAC y el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala.

En diferentes períodos, ha sido baluarte de libertad y certeza jurídica, por ejemplo, cuando anuló por completo el juicio por la farsa del genocidio, así como los exorbitantes resarcimientos que pretendían cobrar las manadas de oenegeros y demás vividores del conflicto armado interno que vivió el país.

Sin embargo, las funciones contempladas en la Constitución y la ley para este órgano público han sido desnaturalizadas por los actuales magistrados quienes, bajo el falso argumento de defender la juridicidad, han emitido las peores resoluciones constitucionales, que han atentado en contra de la familia, la vida, la institucionalidad y la certeza jurídica en perjuicio de sus habitantes.

Este grupo criminal, liderado por la magistrada Gloria Patricia Porras Escobar de Pacheco, asociada ilícitamente a los enemigos de la libertad y falsos defensores de derechos humanos, han dado rienda suelta a cuanta ilegalidad se les presenta, para así, preservar la impunidad en beneficio propio y de sus pares de corrupción.

El modus operandi de la banda criminal consiste en fijar un objetivo a tomar por asalto, para luego presentarlo ante la CC, donde casualmente es asignado a la lideresa de la estructura quien, redacta la ponencia y la presenta al pleno de magistrados, los que previamente salpicados o cohibidos ante la revelación de algún caso de corrupción, de faldas o alguna otra ilegalidad, no tienen más que ceder y firmar las resoluciones más deleznables en perjuicio del Estado.

Con posterioridad, los documentos son filtrados a los medios de comunicación previamente cooptados, para iniciar así el ataque de la batería mediática, esto con el objeto de influir en la opinión pública de la ciudadanía y comunidad internacional, de que los actos jurídicos emitidos, son de beneficio para el país.

La cobardía de oponerse o el temor de ser procesados, ha tenido como consecuencia, disgustos, crisis nerviosa y enfermedades para varios de ellos, incluso, la internación hospitalaria y toma de medicamentos psiquiátricos para tratar de bajar el estrés y la ansiedad a la cual Gloria Porras los somete continuamente y que, desafortunadamente concluyó con el derrame cerebral del magistrado Neftaly Aldana Herrera, quien a pesar de estar incapacitado de forma permanente para el ejercicio de su función, sorpresivamente sigue firmando electrónicamente las distintas resoluciones constitucionales.

Es por ello, qué la familia del magistrado Aldana, ante la evidente suplantación de su persona por parte de Gloria Porras, inició una lucha jurídica en busca de lograr la separación del cargo del magistrado, así como activar el mecanismo constitucional para la designación de quien deberá relevarlo.

Desde luego, la magistrada Porras Escobar, se niega a iniciar el procedimiento constitucional para lograr le designación del sustituto, pues, ello implicaría perder el control de la citada corte, y consecuentemente su caída y posterior encarcelamiento.

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