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Una crisis provocada

Evolución

En mayo de 2018, Consuelo Porras fue nombrada Fiscal General del Ministerio Público. En ese momento fungía como Magistrada Suplente de la Corte de Constitucionalidad, habiendo sido designada por la Corte Suprema de Justicia.

En julio de ese año, la Corte Suprema designó como su reemplazo a Conrado Reyes. En ese mes la Fundación Myrna Mack interpuso un amparo basado en que en el año 2010 el Jefe de la CICIG, Carlos Castresana, había emitido pronunciamiento acusando al licenciado Reyes de pertenecer a un grupo de abogados cuestionados y con presuntos vínculos a grupos criminales. Sin embargo, nunca se presentó evidencia ni se promovió denuncia alguna. La Corte de Constitucionalidad acogió el argumento y suspendió provisionalmente el nombramiento de Reyes como magistrado. Ello, pese a que el artículo 156 de la Ley de Amparo, ley de rango constitucional, que se refiere a la “Impugnación de las designaciones de Magistrados”, claramente estipula que: “No es impugnable el procedimiento interno para la designación de los Magistrados por el pleno de la Corte Suprema de Justicia, por el pleno del Congreso de la República y por el Presidente de la República en Consejo de Ministros”. Se desprende que, para bien o para mal, la Corte de Constitucionalidad no tiene competencia para objetar las designaciones de magistrados de la propia Corte de Constitucionalidad efectuadas por los tres poderes del estado. Y sin embargo, con su peculiar interpretación de esta norma, lo hizo. Durante todo ese tiempo, la Corte de Constitucionalidad ha carecido del magistrado suplente cuya designación corresponde a la Corte Suprema. El 25 de septiembre de este año la Corte de Constitucionalidad finalmente dictó sentencia, otorgando el amparo en definitiva y dejando sin efecto el nombramiento de Reyes, por lo que hasta ahora podría la Corte Suprema hacer una nueva designación del magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad que ha faltado.

Desde que se inició el proceso de postulación y eventual designación de magistrados de Corte Suprema y Corte de Apelaciones, quienes debieron haber quedado nombrados hace un año, diversos grupos de presión han recurrido al mecanismo legal del amparo para hacer patente su activismo, tomando ventaja en buena medida de la afinidad política e ideológica de los magistrados que dominan la Corte de Constitucionalidad. Se percibe que el objetivo es que a la Corte Suprema y a las diversas Salas de la Corte de Apelaciones lleguen magistrados que tengan el beneplácito de estos grupos de presión. Desde luego que también se debe reconocer que el proceso de designación de magistrados es, como siempre lo ha sido, susceptible y vulnerable a que intereses oscuros, políticos y criminales coopten las cortes en contubernio con los personajes de la misma calaña que integran el Congreso de la República, siendo que los diputados tienen a su cargo la designación final. Esto también ha valido para que la Corte de Constitucionalidad rompa varias veces más el orden constitucional, prolongue el período constitucional y perentorio de funciones de uno de los tres poderes del Estado, ordene la exclusión de candidatos, así sean absolutamente inmeritorios, sin haber respetado el debido proceso, y se invente e imponga, cual legislador constitucional que no es, procedimientos no establecidos en la Constitución al Congreso de la República para la designación final (esperemos) de magistrados. Y esto, a su vez, no ha servido más que de pretexto para que el Congreso de la República, muy a su conveniencia, evada por completo su responsabilidad constitucional de integrar las cortes a un año de vencido el plazo. A todo esto, antejuicios han ido y venido, habiéndose enfrascado la Corte de Constitucionalidad, el Congreso de la República y la Corte Suprema de Justicia, en una berrinchuda lucha de poder, quedando a decisión del Ministerio Público a quiénes de todos perseguir, y a discreción de la Corte de Constitucionalidad autoampararse cual poder soberano que presume ser.

Sumado al caos, el Magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad designado por la Asamblea del Colegio de Abogados, Bonerge Mejía, falleció el 5 de septiembre de este año, dejando una nueva vacante. El Colegio de Abogados ha demorado en convocar a la asamblea para elegir al sustituto argumentando el contexto de las restricciones que prevalecían en el estado de calamidad. Grupos de presión también han manifestado su rechazo a que se lleve a cabo dicha asamblea bajo dicho pretexto. A la fecha no se tiene certeza de cuándo se llevará a cabo la asamblea para llenar la vacante. Desde el 3 de julio de este año le fue concedida licencia al Magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad designado por la Corte Suprema, Neftaly Aldana, por complicaciones de salud. Su condición se deterioró y a principios de este mes su familia solicitó a la Corte de Constitucionalidad que fuese cesado en el cargo dado que su condición le impide retomar sus actividades. Varios sectores también se han pronunciado exigiendo a la Corte que conozca del asunto y declare la cesantía dada la condición del magistrado. Ello, al tenor de lo que establece el artículo 161 de la Ley de Amparo. La Corte de Constitucionalidad, a la fecha, ha eludido conocer del tema bajo diversas excusas, algunas francamente irrisorias. En contraposición, una magistrada titular y dos magistrados suplentes de la Corte de Constitucionalidad han manifestado que no participarán en las reuniones del pleno en tanto la Corte no declare la cesantía y no se inicie el proceso de designación de los nuevos magistrados titular y suplente de parte de la Corte Suprema. Designación, por cierto, que en este momento haría una Corte que debió haber entregado su cargo hace un año.

Actualmente, en términos prácticos hay siete magistrados activos. Tres de ellos son titulares y cuatro son suplentes. El artículo 269 de la Constitución establece que cuando la Corte conozca de asuntos contra alguno de los poderes del Estado, se debe integrar con siete miembros, cinco titulares y dos que se deben elegir por sorteo entre los suplentes. La idea de sorteo entre los suplentes es democrática y hoy no se cumpliría en el sentido que se requeriría de los cuatro suplentes que hay para integrar una Corte con siete miembros. Asimismo, de producirse una vacante más, la Corte quedaría imposibilitada de integrarse para un caso de esta naturaleza. Lo menciono a modo de ejemplo para que se entienda la gravedad de la crisis actual. Pregúntese ¿a quiénes conviene que se siga demorando la integración de la Corte Suprema? o ¿a quiénes conviene que no se llenen las actuales vacantes en la Corte de Constitucionalidad o, no se declare la cesantía dadas las circunstancias? Pregúntese, amable lector ¿Quiénes son los responsables de haber provocado esta crisis?

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