Controversia por sucursal de Planned Parenthood
Poptun
El presidente y vicepresidente se han pronunciado en contra de la autorización para que opere la entidad denominada Organización Planned Parenthood Global Guatemala LLC.
Ambas autoridades formularon comunicados en redes sociales, rechazando la decisión del Ministerio de Gobernación para que funcione una sucursal en Guatemala y se declararon fieles defensores de la vida. A la vez, actores religiosos y sectores políticos y sociales igualmente han alzado su voz opositora, aduciendo que lo que se pretende es promover el aborto en nuestra nación.
Según la página web de esa Organización en Estados Unidos, la misma ofrece “cuidados de salud asequibles y de alta calidad para mujeres, hombres y jóvenes” y es un proveedor de educación sexual, que está respaldado “por expertos en medicina y por más de 100 años de investigación en cuidados reproductivos.” Así mismo se indica que es una organización que inició funciones en 1916. Su fin primordial es educar a la mujer sobre los diferentes métodos anticonceptivos, y refieren que esa tarea les ha presentado una serie de obstáculos, porque instruirla en esa época era ilegal y obsceno, y fue hasta el año de 1936 que, a través de una resolución judicial, se permitió que la información en educación sexual y los dispositivos anticonceptivos fueran distribuidos en Estados Unidos a mujeres y parejas casadas.
Del contenido web, se puede establecer que Planned Parenthood, apoyó en la investigación para el desarrollo de la píldora anticonceptiva, que es la que actualmente se usa en todo el mundo. Además, luego que en el año 1973 la Corte Suprema autorizara el aborto legal y seguro en EEUU, a través del caso Roe vs. Wade, inició a prestar servicios médicos para tal fin.
Del contenido de la página web, se deduce que Planned Parenthood, se dedica a brindar servicios de planificación familiar y de salud reproductiva no sólo a mujeres, sino que también a hombres, por lo que consecuentemente no se dedica exclusivamente a practicar abortos, como se ha pretendido hacer creer a la población guatemalteca. En Estados Unidos y otros países dicha organización es un proveedor médico que presta servicios para interrumpir el embarazo dentro de los primeros tres meses de la fecundación, porque es una práctica legal en esos países. Sin embargo, en Guatemala, el Código Penal establece que el aborto constituye un delito.
Derivado de esa prohibición legal, dicha entidad no podría prestar servicios médicos encaminados a interrumpir un embarazo en nuestro país, porque es una acción constitutiva de delito y la sucursal deberá de funcionar apegado “a las leyes y tribunales de la República de Guatemala, para todos los actos que celebre o ejecute en el territorio nacional, así como a la vigilancia y supervisión del Estado de Guatemala.”
Si bien la Entidad no podría prestar servicios para interrumpir el embarazo en nuestro país, si pudiese desarrollar la actividad principal que hace honor a su nombre, que es promover la planificación familiar entre las mujeres, hombres y jóvenes, toda vez que el acceso a métodos anticonceptivos es un derecho universal garantizado en Guatemala, a través de la Ley de Acceso Universal y Equitativo de Servicios de Planificación Familiar.
La Ley antes mencionada, garantiza el “acceso de la población a los servicios de planificación familiar, que conlleve la información, consejería, educación sobre salud sexual y reproductiva a las personas y provisión de métodos de planificación familiar, con el propósito de disminuir la necesidad insatisfecha en la población guatemalteca, para hacer realidad el derecho de hombres y mujeres de planificar el número de hijos que desean tener y la posibilidad de decidir el momento de tenerlos.”
Sin embargo, si por las presiones emanadas por las autoridades centrales del país, las formuladas por líderes religiosos y otros sectores políticos y sociales, finalmente el Ministerio de Gobernación decide revertir la autorización brindada a Planned Parenthood, la guerra no sería contra el aborto, puesto que éste no es legal en nuestro país, sino que constituye una agresión directa en contra del programa de salud reproductiva que impulsa el Estado de Guatemala. A la luz de programa de salud reproductiva que tiene fuerza de ley; la oposición formulada por las autoridades del Ejecutivo resulta incoherente y perjudicial para miles de parejas que necesitan acceder a métodos de planificación familiar.
El programa de salud reproductiva se desarrolla a través de la red pública de salud, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, por entidades privadas y Organizaciones No Gubernamentales que prestan servicios básicos de salud en el primer nivel de atención, por lo que la autorización concedida a Planned Parenthood por el Ministerio de Gobernación, repercute positivamente en la reducción de la brecha en el acceso a servicios de planificación familiar para la población guatemalteca.
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