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Presupuesto absurdo de 100 mil millones de quetzales

Análisis

Lo que menos funciona en el país es el sector público.

Pese a que no funciona, los funcionarios y empleados públicos incrementan sus ingresos, sueldos, viáticos y pactos colectivos en un 15 por ciento en promedio cada año. Es tanto lo que reciben los burócratas públicos, que una gran parte de los créditos, bonos y préstamos son destinados ilegalmente para cubrir los pagos al sector público. Un gobierno de millonarios y un pueblo en la miseria es contradictorio. Los empleados y funcionarios públicos se vuelven millonarios, no generando productividad, empleos o empresarialidad, sino actuando como parásitos y viviendo del bienestar presente y futuro del resto de ciudadanos.

Los funcionarios y empleados públicos únicamente pueden hacer aquello que les faculta la ley y no contradice nuestra Constitución o sistema legal vigente, y aun así, únicamente un 22.5% del Presupuesto 2021 planteado es basado en resultados palpables y reales. El resto, es para pagos de funcionamiento, pactos colectivos, pasivos e intereses sobre la deuda. Por ejemplo, 3,277.8 millones de quetzales están siendo trasladados a entidades no gubernamentales o entidades privadas. Es necesario resaltar que, una entidad no pública que recibe fondos públicos del presupuesto, deja de ser no-gubernamental o privada porque precisamente recibe fondos públicos y por ende debe ser auditada y formar parte del enorme, ineficiente y vergonzoso organigrama de entidades, empleados y funcionarios públicos.

En 2019, una entidad académica nacional, determinó que los empleados públicos, funcionarios públicos, dentro del país eran alrededor de 3 millones de personas. Actualmente esta enorme burocracia consume alrededor de un 85% del presupuesto de las entidades públicas que conforman el Presupuesto Nacional. Dinero tirado a la basura cada día, semana y mes, porque no generan crecimiento, ni empleo real, ni desarrollo para el país.

Ni la salud, ni la educación, ni la seguridad, ni la infraestructura, funcionan dentro del territorio nacional. Gastar en todo momento su mayoría en pagos de sueldos y privilegios para los funcionarios y empleados públicos, en lugar de inversión y servicios esenciales para los ciudadanos es absurdo, ilógico y pírrico.  No se llega ni siquiera a los seis meses de clases al año, a pesar de que se les paga todo el año. No se reducen los índices de impunidad, a pesar de que los empleados y funcionarios públicos del sector justicia reciben 18 sueldos al año, y dos y medio meses de vacaciones. No dejaron de recibir un día de prestaciones y pagos los funcionarios y empleados públicos pese a la mayor pandemia de la historia y el hecho que no trabajaron, no se movilizaron y no realizaron los servicios esenciales que son su obligación. Nadie cumple con sus funciones pero todos cobran.

El Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, CIEN, indico que, “Las principales debilidades del Proyecto de Presupuesto General 2021 son el uso de la deuda pública para financiar gastos de funcionamiento; promover un incremento del déficit fiscal para mantener un gasto público inercial que tiene un alto costo de oportunidad (asociado al cumplimiento de compromisos como los pactos colectivos de condiciones de trabajo, el régimen de las clases pasivas civiles del Estado, los servicios de la deuda pública, entre otros); continuar y profundizar la mala práctica de legislar excepciones a otras leyes vigentes; mantener el sesgo en contra de la inversión pública; que se mantienen las rigideces presupuestarias; no se explicitan los estudios de factibilidad y de rentabilidad social que respaldan los proyectos de inversión propuestos para la reactivación económica; y la falta de transparencia con el bolsón de ingresos tributarios y el no explicitar el cálculo de los Ingresos Ordinarios.”

Si un proyecto de presupuesto, contiene desde su formación tantas ilegalidades y debilidades, realmente como sociedad, debemos hacer todo lo posible por cerrar entidades del estado que no funcionan, gastos pírricos que sangran los recursos que debieran ir hacia el cumplimiento de los servicios esenciales necesarios como educación, salud, seguridad e infraestructura.

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