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Panorama incierto para la migración y el desarrollo de la región

Análisis

En los ocho años de la administración de Barack Obama y Joe Biden, las deportaciones reflejaron sus mayores números tanto hacia Guatemala como al resto de Centroamérica.

Durante esos ocho años de gobierno demócrata, no platearon legalización ni normalización de los estados migratorios de los más de doce millones de migrantes ilegales que se suponen residen en Estados Unidos, al margen de la ley.  Ni los llamados soñadores (hijos de migrantes ilegales que cruzaron la frontera siendo menores de edad) tuvieron mejoras en sus condiciones de residencia o legalización de sus estados civiles en Estados Unidos.  Tampoco mejoró el comercio o la inversión proveniente desde Estados Unidos durante esos ocho años.

Si las cortes federales y suprema, confirman los resultados electorales, actualmente repletos de anomalías, es de esperar que el comercio, la migración y la legalización de los migrantes quedarán en suspenso para la región centroamericana.  Si no lo hicieron durante los ocho años en la administración pasada Obama-Biden, la posibilidad que logren mejoras significativas para nuestro país o la región centroamericana en el futuro se reduce casi totalmente.

Joe Biden es un empleado público de carrera. Tiene más de cincuenta años recibiendo ingresos públicos. De hecho tanto él como su familia se han vuelto millonarios por su función pública. Su mayor logro fue la creación de un sistema de extinción de dominio para los bienes incautados en actos delictivos cuando fue parte del Congreso.

Biden viajó cinco veces al territorio nacional para presentar y aprobar el Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, lanzado en 2014 por la administración de Barack Obama, cuando Biden era vicepresidente. Este plan fracasó rotundamente, porque en su esencia exigía que los países (Guatemala, El Salvador y Honduras) financiaran casi en su totalidad la inversión exigida por dicho plan.  Como no hubo tal inversión, en el momento en que los demócratas perdieron la Casa Blanca, pues este plan nunca se realizó.

Según testimonios procesales, durante esos viajes del ex vicepresidente, a través del ex embajador estadounidense en Guatemala, Todd Robinson, presionaron y amenarazon a entidades del seguro social y carteras de salud, para lograr que la empresa Baxter recuperara millonarios contratos. Las amenazas fueron concretadas por la ex fiscal general y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, conocido como el caso Iggs-Pisa. Es necesario recordar que todos los procesados, incluso los acusados que murieron durante su detención en prisión preventiva, fueron puestos en libertad por falta de pruebas en su acusación.

Ni los fiscales, ni las autoridades internacionales que extorsionaron, amenazaron, coludieron o traficaron influencias para este caso, han sido procesados o condenados por estos supuestos delitos dentro o fuera del territorio nacional. La impunidad que ha tenido el ex vicepresidente, como el exembajador son totales. Incluso, la ex fiscal general, recibió la protección del Departamento de Estado y la residencia en Estados Unidos, gracias a casos como este.

Parece que dentro de las promesas del futuro Plan Biden, están una inversión de US. $. 4 mil millones para el Triángulo Norte. El enorme problema es que Estados Unidos no cuenta con recursos para poder invertir esas cantidades en estos países. Menos posible si se considera que los gastos deben ser aprobados por ambas cámaras del Congreso estadounidense.

Tanto el Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, lanzado en 2014 por la administración de Barack Obama, cuando Biden era vicepresidente como el futuro Plan Biden buscan atender las causas (desempleo, falta de educación, carencia de servicios de salud e infraestructura) que generan la migración masiva desde el Triángulo Norte. Prestarle el dinero a la región, por medio de entidades financieras internacionales, para que sean los mismos ciudadanos los que paguen por todo, tampoco es real o factible porque son las entidades públicas las que se quedan con los recursos y son los ciudadanos los que pagan la cuenta y se quedan con la deuda.

Mientras que la productividad y el mérito no sean exigidos tanto en el sector público como en el sector privado, los ciudadanos de la región permanecerán en el subdesarrollo. La legalización de los migrantes en Estados Unidos urge, pero ningún grupo de gobierno la está concretando. Si se suman los actos de corrupción tanto locales como internacionales, a la crisis económica y los efectos de la pandemia Covid-19, pues nada se puede mejorar en el panorama de los próximos cuatro años.

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