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¿Manifestación o actos terroristas?

Kidon

Ningún crimen se puede combatir cometiendo una serie de delitos de grave impacto social que alteren la tranquilidad pública.

La Constitución Política de la República, consagra el derecho humano a la reunión y manifestación pacífica por parte de los habitantes del país, para hacer valer su descontento ante los actos de la administración pública que violenten la ley o el interés general, a efecto de encausar a los funcionarios por el camino de la legalidad.

Pero, una cosa es protestar y ejercer el legítimo derecho de protesta y otra muy distinta es, llevar a cabo actos delincuenciales en perjuicio del Estado y más, cuando los mismos ponen en grave riesgo la seguridad nacional, así como a los habitantes del país.

Por sobrada razón que exista, ningún crimen se puede combatir cometiendo una serie de delitos de grave impacto social que alteren la tranquilidad pública, y menos si los mismos son cometidos por grupos criminales de terroristas, que a la menor provocación deciden encender en llamas el patrimonio de los guatemaltecos.

En los disturbios llevados a cabo el sábado recién pasado, pudimos observar a verdaderos delincuentes qué con el rostro cubierto, rociaron gasolina y prendieron fuego a diversas estaciones de bus, monumentos nacionales, incluso a la sede del Organismo Legislativo y a los elementos de seguridad que las resguardaban.

El daño cometido por estos antisociales es invaluable pues, para lograr repararlo habrá que invertir miles de quetzales producto de nuestros impuestos, dinero que bien se hubiera podido invertir en salud, educación o seguridad.

Ese movimiento terrorista, obedece a una estrategia global de destrucción con miras a implantar un régimen socialista de miseria, como los recientes actos de vandalismo llevados a cabo en Chile, Perú y Estados Unidos de América, acciones que los guatemaltecos de bien reprochan y exigen justicia.

Lo más lamentable de todo es, que algunos sectores de la sociedad conservadora del país, hayan fomentado y apoyado este tipo de movimientos subversivos, lo cual, deberá ser analizado para establecer si realmente el objeto de estos grupos es la defensa institucional o un protagonismo electorero.

Por fortuna, los agentes de la Policía Nacional Civil a costa de su propia seguridad lograron individualizar y capturar en flagrancia a varios delincuentes, quienes fueron consignados ante la autoridad judicial respectiva para su procesamiento.

Vergüenza por parte de los jueces que, viendo las evidencias presentadas por el Ministerio Público, hayan resuelto liberar de todo cargo a estos rufianes, lo cual, constituye un verdadero peligro para el interés nacional, pues, sin castigo se fomentará este tipo de conductas y mañana podrían ser incinerados los Organismos Ejecutivo y Judicial, o su casa, empresa o lugar de trabajo.

Ahora, tocará a la fiscalía buscar revertir ese fallo, así como denunciar al juez por obstrucción a la justicia y lograr la captura de todos los responsables de atentar en contra de la seguridad nacional.

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