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Pueblos originarios ante el bicentenario de la independencia (10)

Tanmi Tnam

Las instituciones de poder generan desconfianza debido a que están llenas de corrupción, engaño, no rinden cuentas y les falta visión de respuestas concretas a necesidades de la población en todos los niveles.

Al hacer uso de manifestaciones como mecanismo de demanda ciudadana, el gobierno de turno acude a la práctica de violencia en contra de los pueblos. Esto es simplemente inaceptable.

Retomando el hilo de la situación de los pueblos originarios ante el bicentenario de la independencia, la lectura, aún superficial, de las revoluciones políticas en Guatemala, refleja que han profundizado la discriminación de pueblos originarios del país debido a que los actores principales solamente han hecho revoluciones para fortalecer el acomodamiento del grupo que sostiene el poder en distintas épocas. Los pueblos originarios han sido desconocidos por revoluciones pasadas, han obviado respuestas concretas al fortalecimiento de la lengua y la cultura, sin mejoras a los indicadores de vida digna, ningún apoyo al fortalecimiento de organizaciones propias, nada de oportunidades de uso de los conocimientos y más racismo.  Los pueblos originarios han vivido y conmemoran revoluciones carentes de verdaderas transformaciones para sus problemas estructurales.

El caso de la Revolución Liberal de 1871, todavía recordada por algunos sectores y se estudia en la escuela como modelo de reforma en Guatemala, para los pueblos originarios, no representó avance o transformación de sus condiciones negativas de vida económica, cultural y política. He aquí algunos ejemplos de la legislación que reflejan el pensamiento y las acciones contra los pueblos originarios: El Decreto Gubernativo No. 165 de fecha 13 de octubre de 1876, que en su artículo único menciona “para los efectos legales, se declaran ladinos á los indíjenas de ambos sexos del mencionado pueblo de San Pedro Sacatepéquez”. Decreto Gubernativo No. 241 del 6 de setiembre de 1879 que en su artículo 2 establece la fundación de “un colegio exclusivamente destinado á la civilización de los indíjenas de la República”. Está el Decreto del Ejecutivo No. 451 del 10 de octubre de 1892 que en su artículo 1 dice “convócase un concurso (…) para lograr el mayor avance en la civilización de los indígenas, en más breve término, sin violencias y con la mayor economía de gastos”. Esta intención y práctica de eliminación de elementos culturales y mecanismo de ladinización se mantienen en la actualidad en los ámbitos de los servicios públicos debido a su contenido y procedimientos de uso desde la visión y práctica de la cultura dominante.

En cuanto al tema económico, la Revolución Liberal de 1871 consideró necesario seguir con el despojo de tierras y el trabajo forzoso de los pueblos originarios, así lo refleja la Circular de fecha 3 de noviembre de 1876 que en su numeral 1 dice “que los pueblos de indígenas de su jurisdicción, proporcionen a los dueños de fincas de ese departamento, que lo soliciten…”. Está el Decreto No. 170, emitido en 1877, conocido también como Decreto de Redención de Censos que proporcionó la base de otro momento de expropiación de tierras que quedaban todavía en poder de los pueblos originarios de aquella época para entregárselas a personas que colaboraron con la revolución y a extranjeros. En esta misma línea está el Decreto 177  del 3 abril 1877  Reglamento de Jornaleros, que profundizó el trabajo forzado especialmente para la población indígena. El Decreto 222, Ley contra la Vagancia para perseguir a quienes no cumplían con el trabajo forzoso.

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