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Corte de Corrupción

Análisis

El momento para cerrar la Corte de Constitucionalidad es ahora.

Durante sus 34 años de existencia, únicamente ha servido a intereses contrarios a lo establecido en la Constitución y ha fortalecido el poder de los empleados, funcionarios y entidades públicas. La Constitución es una camisa de fuerza para controlar al poder público. Una corte que no cumple con sus funciones, no sirve para nada más. Tanto sus empleados como los magistrados electos son civil y penalmente responsables durante 20 años por cada ilegalidad, cada omisión y cada resolución ilegal que han cometido.

El diccionario de la Real Academia Española define corrupción así: Del lat. corruptio, -ōnis. 1. f. Acción y efecto de corromper o corromperse. 2. f. Alteración o vicio en un libro o escrito. 3. f. Vicio o abuso introducido en las cosas no materiales. Corrupción de costumbres, de voces. 4. f. En las organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores. 5. f. desus. diarrea.

De cada 100 fallos o resoluciones, 86 son rechazados. Esto quiere decir que cuando un ciudadano o grupo de ciudadanos le solicita a la Corte de Constitucionalidad que entidades públicas le respeten sus derechos constitucionales, ésta corte de corrupción les rechaza. Las 14 resoluciones restantes en su mayoría son para darle mayores poderes o privilegios a empleados, funcionarios o entidades públicas. Cada una de estas resoluciones contradice el objetivo y sentido de la Constitución. Desviarse del texto constitucional es corrupción.

No tiene sentido una entidad pública que no cumple con sus funciones y le cuesta a nuestra república cientos de millones de quetzales cada año. Además de enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, colusión, extorsión, delitos contra la constitución, cada magistrado, empleado y funcionario público de ésta corte de corrupción, la usa para que no se cumpla la ley en nuestro país. Le otorgan fallos y cambian el sentido de artículos constitucionales, de leyes orgánicas de instituciones para favorecer a personas, grupos y entidades que contradicen los principios constitucionales establecidos.

El tema constitucional debe ser tratado por la Corte Suprema de Justicia, CSJ, en una Sala como la Sala Civil o Sala Penal. Para eso se llama Corte Suprema, para que no exista otra superior a ella. Habiendo 13 magistrados de Corte Suprema de Justicia, hay suficientes magistrados como para que exista una Sala Constitucional que trate los casos y resoluciones en materia constitucional. Como beneficio, nuestra república se ahorraría los cientos de millones que hoy en día cuesta la corte de corrupción. Además, siendo una sala dentro de la Corte Suprema de Justicia, ya nunca más contradeciría a la CSJ o la Constitución. Cosa que hoy en día ocurre casi todo el tiempo y en cada resolución.

Nadie está por encima de la Constitución o la Ley. Ni mucho menos los jueces, magistrados o empleados públicos que son contratados o electos para cumplir y hacer cumplir con la Constitución y la Ley. Los magistrados de la corte de corrupción sistemáticamente contradicen lo establecido en la Constitución. Creen que pueden cambiar la Constitución a su placer y antojo. Se les olvida que únicamente pueden hacer aquello que les permite la Ley, sin discrecionalidades. También, se les olvida que son civil y penalmente responsables por cada ilegalidad, cada delito, cada resolución, cada omisión, que han cometido u omitido en sus cargos durante 20 años. No hay suficientes cárceles dentro del país para capturar, procesar y condenarlos por todos estos delitos. No tienen suficientes años de vida restantes para cumplir con sus condenas.

Si el Ministerio Público se colude, si incumple sus funciones y no los captura y procesa, también deben ser capturados, procesados y condenados. Este círculo vicioso de corrupción, incumplimiento de deberes y estado de ilegalidad no puede continuar. La impunidad causada por ineptitud e impericia de la burocracia del sector justicia, ya no puede ser tolerada.

Si los empleados, funcionarios y entidades públicas no cumplen con sus funciones, como pueblo, debemos cerrarlas y despedirlos. Exigir que se les capture, se les procese y se les condene. El Presupuesto 2021 exige un costo de 100 mil millones de quetzales. Absurdo monto si se toma en cuenta lo ineptos, corruptos y nulos resultados que generan para el desarrollo y seguridad legal de nuestro país.

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