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Juan Francisco Sandoval Alfaro: Un criminal dentro del MP

Kidon

La Fiscalía Especial Contra la Impunidad, se creó con el propósito de investigar estructuras criminales que atentan en contra del Estado, sus instituciones o la población vulnerable del país, causando graves consecuencias económicas y sociales.

Como cualquier fiscalía, su gestión debe ser encaminada en el respeto a los derechos procesales, rindiendo cuentas de su actuación al Fiscal General, quien por designación constitucional gira las instrucciones en materia de investigación criminal.

Actúa bajo la dirección de un fiscal de sección y diversos agentes y auxiliares fiscales quienes están supeditados a la Constitución y la ley, para orientar su trabajo de manera objetiva e imparcial, garantizando así la presunción de inocencia y el debido proceso, pilares de todo sistema democrático.

De esa forma, la FECI constituiría una verdadera herramienta de persecución penal e investigación de hechos delictivos de grave impacto social, lo cual, reflejaría a la postre verdaderos avances en el combate a la corrupción e impunidad para alcanzar el bien común.

Sin embargo, las funciones asignadas a esta unidad fiscal han sido violentadas por Juan Francisco Sandoval Alfaro y los demás agentes fiscales que la componen, pues, en vez de enfocar su lucha en contra de las estructuras criminales, han decidido someter su cargo y funciones a los intereses de la extrema izquierda del país, lo cual ha causado una crisis institucional de alto riesgo.

Así, la FECI como un grupo criminal organizado es la responsable de atentar en contra de los derechos y garantías constitucionales de diferentes personas a quienes, mediante la aplicación del derecho penal del enemigo, les han fabricado los más horrendos casos que van desde el adiestramiento de colaboradores eficaces, pasando por la implantación de pruebas, hasta la ejecución extrajudicial de testigos y sindicados.

Y que decir, de los continuos embates a la garantía individual de expresión del pensamiento, por virtud de la cual el jefe de la FECI pretende criminalizar la voz de columnistas, periodistas y usuarios de las redes sociales que denuncian sus actos de corrupción, con el único fin de poder delinquir impunemente y sin censura alguna.

O, el hecho de pretender limitar el derecho de petición o denuncia, a sabiendas que la propia Constitución legitima al pueblo para ejercer la fiscalización y crítica social en contra de cualquier empleado o funcionario público, sin que ello implique la comisión de un hecho delictivo.

La facilidad para procurar impunidad en favor de los qué desde los medios de comunicación social, partidos políticos o entidades de la supuesta sociedad civil celebran sus ilegalidades, hasta el punto de usurpar las atribuciones de otras fiscalías, para generar la proyección mediática necesaria que permita elevar su desgastada gestión.

Por fortuna, a pesar del apoyo que se le brinda desde las piezas demócratas sitiadas en la embajada y lideradas por Hugo Guevara de la INL, no ha logrado captar la atención del embajador Popp, quién respetuoso de los protocolos internacionales, hace valer el principio de no intromisión, así como de la información que activan las alarmas sobre la controvertida actuación de este mal fiscal y su equipo de delincuentes.

Al final, nada permanece oculto y estamos próximos a ver como el leguleyo que dirige la FECI, ingresará a prisión o tratará de victimizarse desde algún estado del norte, junto a quien le tramité y procuré las dos ordenes de aprehensión que la hacen tuitear desde la gran manzana.

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