La política desde los ojos del poder judicial

20 de enero de 202120 de enero de 2021 Olmedo España corrupción y latrocinio, Estado fallido, judicialización de la política, La política desde los ojos del poder judicial, politización de la justicia

Antropos

En Guatemala se han vivido diferentes momentos que marcan de alguna manera los flujos y reflujos sociales, desde las gloriosas jornadas de marzo y abril de 1962; el movimiento de masas más sobresaliente de los últimos años encabezados por obreros, campesinos, indígenas, estudiantes en 1978 contra del precio de transporte urbano, la minería y la tenencia de la tierra. Esta fuerza humana fue repelida por la coacción del Estado en primera instancia contra sus dirigentes, provocando el asesinato de personas inteligentes, con conciencia de clase y sensitivas, exilio y desaparición desafortunada de cientos de ciudadanos. Agresión contra los obreros, indígenas, campesinos y persecución de intelectuales, periodistas, así como a docentes, investigadores y dirigencia estudiantil de la Usac.

Estas movilizaciones se convirtieron en las expresiones y consumación de la protesta viril de la ciudadanía, ante las innumerables muestras de injusticia del sistema económico del país, en donde el Estado utilizó la fuerza contra las personas conscientes y sensitivas. En efecto, dado que no se resolvieron los problemas de fondo de los problemas socioeconómicos, quienes poseían el poder político, acudieron a los golpes de Estado, de manera sucesiva para ir paleando, de esta manera lo esencial. Posteriormente advino lo que hemos dado en llamar la apertura democrática y el ascenso del partido Democracia Cristiana con Vinicio Cerezo a la Presidencia de la República.

De ese momento al actual, se han sucedido gobiernos electos por la vía democrática, en la cual se concretan los derechos políticos de la ciudadanía guatemalteca. Hemos comenzado a vivir civilizadamente, a respetarnos como ciudadanos y a la convergencia de intereses comunes para encontrar las vías de solución a los problemas sustantivos. Este respeto democrático, con todos los bemoles existentes, es el marco que nos permite estudiar, trabajar, invertir, producir y superar por la vía de las ideas y el afecto, las desconfianzas que generó la historia inmediata del país. Obviamente, hoy los problemas de nuevo nos alcanzan, con el agravante que se han hecho más profundos y han surgido otros aspectos centrales como el impacto de la globalización con su corriente ideológica esencial, el neoliberalismo y de manera paralela, la corrupción como el nuevo caballo de troya que debilita y destruye el Estado de Derecho.

Ciertamente no todas las personas somos iguales, ni tampoco pensamos por igual. Existen diferencias de criterio y bajo el techo de una democracia, son y deben de ser respetadas. El pensamiento crítico es lo que hace crecer a una sociedad, porque coloca el dedo en la llaga. Claro es, que me refiero a criticidad y no a destructividad. Aunque todo sea permitido en el juego de los discursos, de las ideas y de los pensamientos, la democracia misma se protege de no autodestruirse, porque de lo contrario sobreviene el anarquismo y la falta de respeto a la dignidad humana y lo más importante, se vulnera el principio de autoridad. De esto, a la puesta en escena de un Estado autoritario en el que se prohíban las libertades de expresión, de organización y de manifestación, es apenas un pequeño paso peligroso para la armonía que debe prevalecer.

De ahí que pretender “judicializar el accionar político”, con investigaciones, unas objetivas y otras de carácter especulativo, es frenar la vía de la democracia política, con todos los bemoles que ésta tenga. Habrá que recordar que los guatemaltecos somos los qué por la vía de la convergencia de intereses comunes, los indicados a encontrar el camino a la prosperidad y a la erradicación de algunos males espurios que han corrompido la política. Recordemos, como nos lo dijo el maestro Manuel Formoso, “la política siendo tan importante, no se le puede dejar sólo a los políticos”.

Sin embargo, también es un hecho que existe un problema que va, desde la administración de la justicia en un pueblo, hasta las altas instancias del organismo judicial, dudas acerca de su objetividad y honorabilidad. Jueces y magistrados están en el ojo del huracán, y las mismas maneras de elegir a los magistrados, en las que por cierto, equivocadamente, participan las universidades del país, dado que su misión no es esta, sino la academia, también genera sospechas y cuando el río truena piedras trae, dice el dicho popular, correntadas vendrán detrás de ellas.

En este sentido, juzgar a la política entre comillas y a sus actores, los políticos, desde los ojos de la administración de justicia, es también una duda, porque esencialmente la justicia en Guatemala, está lamentablemente politizada y la conducen en términos generales sobre la base de intereses creados.

Esencialmente, la sospecha de honorabilidad recae no sólo sobre los administradores de justicia, que por esencia son abogados, sino sobre el poder legislativo y ejecutivo. En fin, la gran duda, es acerca de la razón y ser del Estado de Derecho.