El magistrado Mynor Moto debe tomar posesión
Kidon
El amparo es un mecanismo constitucional regulado para defender a los ciudadanos ante la amenaza o la pérdida de sus derechos por parte del Estado, para lograr así, garantizarlos o en su caso reestablecerlos.
Desde ningún punto de vista el constituyente tipificó esta figura con el ánimo de limitar el ejercicio de las facultades a los organismos del Estado o entidades de derecho privado, las qué por disposición constitucional o legal, tienen taxativamente delimitadas sus atribuciones, para lograr el buen desarrollo del país.
Sin embargo, la noble institución del amparo ha sido desnaturalizada por parte del Procurador de los Derechos Humanos y diversos Oenegeros de la supuesta sociedad civil qué en complicidad con los magistrados de la Corte de Constitucionalidad y algunos otros jueces plegados a la izquierda radical, han emitido las peores resoluciones en perjuicio de la administración pública.
Así, a base de puro amparo ilegal se logró por ejemplo defenestrar al doctor Conrado Arnulfo Reyes Sagastume de la jefatura del Ministerio Público, impedir la toma de posesión de la presidenta del Organismo Judicial Silvia Patricia Valdés Quesada, limitar el derecho constitucional de elegir y ser electo de la licenciada Zury Ríos Sosa, y restringir al presidente Jimmy Morales, la facultad para declarar non grato al ex comisionado Iván Velásquez Gómez y expulsarlo del país.
Se impidió, además, la toma de posesión de Conrado Reyes Sagastume como magistrado de la Corte de Constitucionalidad, se defenestró a la Junta Directiva del Organismo Legislativo, electa por el órgano máximo de representación popular, se imposibilitó la expulsión del nefasto exembajador Anders Kompas, se obstruyó la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones, incluso, se dejaron en suspenso diferentes leyes emitidas por el Congreso de la República.
Y que decir, de los amparos promovidos en contra de las mineras y demás entidades de derecho privado del país, con lo cual no solo se causó un grave daño a la actividad comercial e industrial, sino que también a diversas familias que en dichas actividades laborales encontraban el sustento diario.
Hasta llegar, al colmo de pretender impedir la toma de posesión del magistrado a la Corte de Constitucionalidad Mynor Mauricio Moto Morataya, electo libre y democráticamente por parte de la Asamblea del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, para culminar el período dos mil dieciséis dos mil veintiuno.
El temor de la izquierda radical se fundamenta en que, de llegar a perder el control de las diversas instituciones del gobierno, y en especial de la Corte de Constitucionalidad, los dejaría vulnerables penalmente ante los crímenes cometidos, así como les impediría utilizar esta corte para criminalizar a sus opositores ideológicos y agenciarse ilegítimamente de los recursos públicos.
Por ello, se hace necesario que se cumpla con la ley y en ese sentido exigir a la Junta Directiva del Colegio de Abogados, certificar los resultados electorales a la brevedad posible, a efecto de que el Congreso de la República proceda a la juramentación del elegido para que, junto a Dina Ochoa y Roberto Molina Barreto, se inicie el rescate de la Corte de Constitucionalidad y consecuentemente, se haga valer el imperio de la ley.
#VamosPorLaCC.
Lea más del autor:
