Crisis de legitimidad en las Cortes
Poptun
El Congreso de la República anunció que hoy retomará la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones. Los nuevos magistrados debieron haber tomado posesión, el 14 de octubre de 2019.
El proceso de elección de magistrados del período 2019-2024 no se ha concluido, a causa que ha sido suspendido en dos ocasiones por distintas sentencias por acciones constitucionales de amparo.
La primera vez se suspendió porque no se observó el debido proceso en la elección de los representantes de la Corte de Apelaciones y además porque el Consejo de la Carrera Judicial que fungía, no cumplió con la Ley de la Carrera Judicial, realizando la evaluación del desempeño de los integrantes de la Carrera Judicial que manifestaron interés en participar en la elección.
La sentencia a través de la cual la Corte de Constitucionalidad (CC) enmendó el camino del proceso de elección, argumentó sobre la importancia de fortalecer la carrera judicial, privilegiando a los integrantes de la administración de justicia para ocupar dichos cargos. La sentencia no fue acatada efectivamente, puesto que las dos comisiones de postulación dejaron fuera del proceso de elección a la mayoría de jueces que participaron.
En la segunda ocasión que se suspendió el proceso fue por la interposición en única instancia de una acción de amparo por parte del Ministerio Público (MP) ante la CC, derivado de las investigaciones que desencadenaron el caso penal de Comisiones Paralelas 2020 que evidencia probables negociaciones políticas entre comisionados y algunos candidatos al cargo de magistrados para salir favorecidos en la elección.
La segunda sentencia fue emitida el 6 de mayo de 2020, a través de la cual la CC dio vía libre al Congreso para elegir a los nuevos magistrados y ordenando, entre otras cosas, que la elección debe efectuarse a viva voz para que los congresistas pronuncien los motivos por lo cual consideran idóneo y honorable a cada candidato, y así se excluya a los posibles implicados en el caso de Comisiones Paralelas 2020.
Sin embargo, y luego de casi ocho meses, la sentencia de la CC no ha sido ejecutada. Tal pareciera que no hay prisa para elegir nuevos magistrados, cuando es un asunto de vital importancia para el fortalecimiento de la democracia, el estado constitucional de derecho y de la administración de justicia.
El tema de la elección de magistrados, es la segunda oportunidad que se incluye como tema prioritario en la agenda legislativa luego de la aprobación del procedimiento de elección. La primera se denunció que fue para sosegar las manifestaciones en contra del gobierno central y el Congreso de la República, lo que se certificó con la actitud de la mayoría de diputados que enfrascaron la sesión plenaria discutiendo si era mejor elegir primero a los magistrados de la Corte de Apelaciones o de la Corte Suprema de Justicia o viceversa, y finalmente no hubo ningún avance en la elección.
Las funciones de los actuales magistrados se han extendido en demasía. Con esa extensión en exceso de sus funciones, la administración de justicia se encuentra bajo una auténtica crisis de legitimidad, puesto que los magistrados que ocupan los cargos, ya no están habilitados por la Constitución para seguir administrando justicia, toda vez que sus mandatos legales ya concluyeron.
Los funcionarios públicos, entre ellos, los funcionarios judiciales, deben estar investidos de legitimidad en el ejercicio del poder. Para que el poder sea legítimo, es preciso que éste se obtenga y ejerza conforme las normas legales generales creadas para el efecto, y que deben ser observadas por gobernantes y gobernados, derivado que vivimos en un Estado Social y Democrático de Derecho.
La legitimidad debe ser formal y material. La legitimidad formal se refiere al reconocimiento y aceptación de las normas legales y el cumplimiento de los requisitos externos o procedimentales. La legitimidad material se refiere a los valores, fines y objetivos dirigidos al cumplimiento de los fines esenciales de los postulados del Estado y a la satisfacción de las aspiraciones de los ciudadanos.
Sin embargo, la legitimación formal y material en el caso de los magistrados que ejercen el cargo actualmente no se cumple por los motivos siguientes: 1. El período constitucional por el que fueron electos feneció; 2. Ya no se están cumpliendo los fines y deberes del Estado en materia de administración de justicia. La Constitución garantiza que la justicia debe ser independiente e imparcial, pero la emisión de cuestionables resoluciones judiciales por ambas Cortes durante la etapa extendida de funciones, sólo develan una justicia capturada por grupos de poder que anteponen su interés particular sobre el interés general.
El incumplimiento de la resolución de la CC, es inaudito cuando proviene de quienes dictan las normas de convivencia social que fundamentan el estado de derecho. La falta de acatamiento ha extendido arbitrariamente el mandato de los magistrados y sumerge a la administración de justicia en una grave crisis de legitimidad. Esa apatía política para elegir magistrados, constituye un mal precedente para la frágil democracia guatemalteca, puesto que estimula un ambiente de anarquía, autoritarismo, desigualdad, zozobra, falta de certeza jurídica y desconfianza entre la ciudadanía.
Ante este escenario, es un factor crucial que la población guatemalteca exija al Congreso que la elección de los nuevos magistrados sea una prioridad en la agenda legislativa. La crisis de legitimidad desgasta el sistema de justicia a causa que se cuestiona la validez de las decisiones asumidas por quienes aún ejercen el cargo luego que su mandato legal expiró. Es extraordinariamente burdo que en la casa de la justicia se administre justicia por quienes no reúnen los requisitos legales.
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