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¿Por qué es importante la Política Fiscal? Fascículo II

Crisol Literario

Dentro del marco de la dificultad y la disyuntiva socioeconómica que padece y sobrelleva el país, profundizada por la pandemia Covid-19, la crisis fiscal constituye sin duda el desequilibrio más apremiante que debe afrontar el Estado como primera acción para el fortalecimiento y consolidación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Nación. Como podrá recordar, en el fascículo anterior se argumentó la importancia de conocer la posición cíclica económica de país previo al diseño de toda Política Fiscal ya que las variables macroeconómicas, se ven afectadas si la correlación de fuerza entre la Política Fiscal y la Política Económica no está alineada en dirección complementaria, la una de la otra.

Un mal diseño de la Política Fiscal no solo afecta a su ´gemela´ la Política Económica, también afecta la Ejecución Presupuestaria (como se vio en el fascículo anterior, La Ejecución Presupuestaria, es el tercer subconjunto o componente de la Política Fiscal), afectando directamente la entrega de bienes y servicios que deberían ser de calidad y de entrega en tiempo oportuno a la población meta que correspondería a aquel segmento poblacional más vulnerable socioeconómicamente.

Ahora, usted con toda razón se preguntará ¿En qué consiste un mal diseño de Política Fiscal? Dos razones clave: 1. En Guatemala no se elabora un presupuesto sobre la base de Presupuesto por Resultados, no obstante que así lo dicta la Ley Orgánica que rige el Presupuesto y que data del año 1997 (Decreto 101-97) y aunque en el año 2013 se formaliza en acuerdos tanto la Gestión por Resultados (GpR) como el Presupuesto por Resultados (PpR), aún se sigue trabajando con el método ortodoxo de antaño que mide solo el gasto y no la calidad de obra. 2. En América Latina existen dos grandes desafíos 2.1. La Corrupción y 2.2. El abuso de Poder; penosamente, Guatemala no es la excepción.

Es bien conocido que la modernización económica de un país descansa en dos pilares fundamentales, la modernización fiscal y la modernización financiera. En tal virtud, se puede afirmar que sin ambas modernizaciones (fiscal y financiera) los anhelos por un mejor país, en términos de prestación de servicios y entrega de bienes de calidad a la sociedad no se podrán concretar y todo quedaría en ilusiones y esperanzas. Lo anterior viene a colación por la dinámica que se avecina consistente en oficializar y socializar la cifra total del Presupuesto 2021. Proceso que debió haber concluido en los términos que determina la Constitución Política de la República en la literal b) del Artículo 171 = “Aprobar, modificar o improbar, a más tardar 30 días antes de entrar en vigencia, el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado”, lo cual debió haber sido como último término el 30 de noviembre 2020. Por razones que han sido socializadas en los medios, se sabe el porqué del atraso. Pero…, por no ser tema central de este artículo, no se entra en más pormenores.

Lo anterior se hace preocupante  si se toma en cuenta que la cooperación internacional está, hoy por hoy, atenta a los avances de los pueblos en materia de respeto a los derechos humanos y a la democratización de las sociedades. Además, esto viene enmarcado dentro de los diecisiete esenciales puntos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, ODS. Por lo que, para fortalecer la iniciativa de desarrollo social, los guatemaltecos no debemos permitir que el concepto de democracia se quede sin sustento o vacío de contenido. ¿Cómo evitarlo? Estando atentos a que el presupuesto 2021 sea un proyecto responsable y que le asigne un contenido presupuestario a nuestra democracia intercultural digna de la población guatemalteca; no sin antes, que el ente recaudador tenga el apoyo del Estado para emprender estrategias modernas de fiscalización que le permitan aumentar gradualmente la recaudación tributaria, sin golpear o afectar el bolsillo de la población guatemalteca.

Mucho se ha hablado y en este espacio #Crisol Literario, también, acerca del tema de aduanas y fronteras porosas. Igualmente, se ha exteriorizado la importancia del Crédito Fiscal, más en este período de recesión económica a razón de la pandemia mundial Covid-19. A este respecto de pesos y contrapesos, balanza de justicia y equidad sobre la base del principio de legalidad, el artículo 243 de la Constitución Política de Guatemala ilustra muy bien el principio de capacidad de pago, la prohibición de los tributos confiscatorios y la doble o múltiple tributación interna. Por ahí debería ser la plataforma base de la estrategia general de la política de modernización tributaria.

En realidad, la crisis fiscal en Guatemala es un problema tan complejo como diverso, pues no se tiene certeza numérica de los movimientos económicos informales, como tampoco de las pérdidas por defraudación fiscal como aduanera. Es acá, donde el Estado por la vía de su gobierno debe apoyar a las instituciones estatales relacionadas para que se tenga la capacidad de procesar esas cifras y plantear opciones de políticas económico-financieras, con números acordes dentro de la globalidad del tema; y luego entonces, bajo el genuino consenso y acuerdos en el marco del Presupuesto Abierto, trabajar en la modernización fiscal.

Estamos frente al desafío de nuestra propia historia; y para enfrentarla, Guatemala necesita de un Estado fuerte, política y financieramente. Por ello, la afirmación de que el fortalecimiento financiero (política fiscal) del Estado sea inseparable del fortalecimiento democrático, cobra plena vigencia. Hoy, Guatemala está enfrentando la disyuntiva de un futuro ya entre nosotros. Y solo si somos capaces de construir una economía eficiente y una sociedad etnocultural más igualitaria, alcanzaremos un mejor manejo de nuestra interculturalidad democrática; y así, tener viabilidad de nación ante la Aldea Global. Continuará…

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